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El auxilio necesario

Bodegón sobrio con objetos que sugieren justicia y auxilio legal en situaciones de necesidad

El auxilio necesario es el supuesto de estado de necesidad justificante en el que la acción de salvamento no la realiza el propio amenazado, sino un tercero que interviene para evitar el peligro que corre otra persona. Lo ampara el art. 20.5.º del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal al que, «en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber», siempre que concurran los tres requisitos que el propio precepto enumera.

Qué es el auxilio necesario

El art. 20.5.º CP no solo protege la actuación en una situación de necesidad para evitar un mal propio, siendo el necesitado quien realiza la conducta típica de salvamento. Al afirmar que el mal a evitar puede ser «ajeno», también contempla las hipótesis de auxilio necesario: la acción de salvamento es emprendida por otro, que interviene para apartar la situación de peligro del necesitado y, para ello, sacrifica un bien jurídico de una tercera persona (por ejemplo, rompe la puerta de una vivienda ajena para sacar de ella a una persona que corre peligro por un incendio).

Asimismo, a través del término «mal ajeno» se abre la posibilidad de que un particular intervenga en estado de necesidad para impedir peligros que amenazan a bienes jurídicos supraindividuales, algo que la legítima defensa no permite.

Requisitos del auxilio necesario

El auxilio necesario se rige por los mismos requisitos que el estado de necesidad en general, que han de predicarse de quien presta la ayuda:

  • Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Para que la conducta quede justificada, el mal que se evita ha de ser esencialmente más grave que el que se causa al tercero.
  • Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. La doctrina discute hasta qué punto puede ampararse el auxilio cuando fue el propio necesitado quien creó dolosamente el peligro.
  • Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. En el auxilio necesario, esta exigencia afecta a quien auxilia: un bombero o un agente de policía deben asumir los riesgos personales propios de su función.

Como en cualquier causa de justificación, hace falta además el elemento subjetivo: el auxiliador debe conocer la situación de necesidad y actuar con la voluntad de salvar al amenazado. Si lesiona un bien ajeno por otros motivos y, por casualidad, resulta que había un peligro que conjurar, no puede invocar la eximente.

Diferencias con la legítima defensa de terceros

También la legítima defensa permite defender a otro (art. 20.4.º CP: «en defensa de la persona o derechos propios o ajenos»), pero ambas figuras se distinguen en lo esencial. En la legítima defensa existe una agresión ilegítima y la reacción recae sobre el agresor; en el auxilio necesario el peligro puede proceder de una fuerza de la naturaleza, de un animal o de una conducta que no es una agresión ilegítima, y el bien que se sacrifica pertenece a una persona que no ha creado el peligro. Por eso el estado de necesidad se somete a una ponderación de males más estricta.

Como ocurre en la defensa de terceros, la doctrina entiende que el auxilio no puede imponerse contra la voluntad del propio necesitado cuando se trate de bienes de los que este puede disponer.

Derecho a auxiliar y deber de auxilio

El art. 20.5.º CP no impone un deber de auxiliar: concede una facultad, la de salvar a otro aun a costa de lesionar un bien ajeno de menor valor. El deber de prestar auxilio existe en otros preceptos. El principal es el delito de omisión de socorro (art. 195 CP), que castiga con multa de tres a doce meses al que no socorriere a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, y al que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. El art. 196 CP agrava la pena del profesional sanitario obligado que deniega asistencia o abandona los servicios sanitarios con riesgo grave para la salud de las personas.

Consecuencias

Si concurren todos los requisitos, el auxiliador queda exento de responsabilidad criminal. La exención penal no comprende la responsabilidad civil: según el art. 118.1.3.ª CP, son responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado o, si no es estimable, en la que el juez o tribunal establezca según su prudente arbitrio. Si faltan algunos requisitos, puede apreciarse la eximente incompleta (art. 21.1.ª CP), que lleva a imponer la pena inferior en uno o dos grados (art. 68 CP).

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), arts. 20.5, 21.1, 68, 118.1.3.ª, 195 y 196.