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Concepto de delito

Escritorio sobrio con artículos jurídicos y objetos de escritura que sugieren reflexión legal sobre el delito

El delito es toda acción u omisión, dolosa o imprudente, castigada por la ley con una pena. Definirlo exige combinar tres planos: la definición legal (artículo 10 del Código Penal), las definiciones doctrinales y el concepto dogmático, que descompone el delito en sus elementos: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, con la punibilidad como condición para imponer la pena.

Concepto legal de delito

El artículo 10 del Código Penal establece que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Hasta la Ley Orgánica 1/2015, que suprimió las faltas, el precepto hablaba de «delitos o faltas»; hoy solo menciona los delitos, que se dividen en graves, menos graves y leves según la pena que la ley les asigne (artículo 13 del Código Penal, con las penas clasificadas en el artículo 33).

El concepto legal cumple tres funciones:

  • Función conceptual: expresa la idea de delito con la que trabaja el legislador penal y contiene sus notas esenciales.
  • Función normativa: no se limita a constatar, sino que ordena que los hechos que no reúnan todas sus características no pueden ser considerados delitos ni castigados.
  • Función de garantía: enlaza con el principio de legalidad del artículo 1.1 del Código Penal («no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración») y con el artículo 25.1 de la Constitución.

La primera dificultad para definir el delito es que no puede concebirse al margen del Derecho penal positivo: en sentido formal, delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Definirlo fuera del Derecho vigente sería hacer filosofía, moral o sociología, aunque esas concepciones cumplen una función crítica y político-criminal, porque, convertidas en principios informadores, pueden cambiar el concepto material de delito que maneja el legislador. De ahí que el jurista deba elaborar también un concepto material: qué características generales convierten una conducta en delito (la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico) y contrastarlo con la realidad social.

Definiciones doctrinales

La doctrina distingue las definiciones sustanciales de las formales:

  • Sustanciales: intentan captar el contenido material del delito. Las filosóficas, como la de Carrara, lo definen como la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Las sociológicas, como la de Garofalo, lo entienden como la lesión de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y probidad.
  • Formales: señalan las notas que convierten una acción en delito en el Derecho positivo. Von Liszt lo define como acto humano culpable, antijurídico y sancionado con una pena; Mezger, como acción típicamente antijurídica y culpable; Antolisei, como el hecho al que el ordenamiento enlaza como consecuencia una pena. Cobo y Vives sostienen que toda definición científica del delito ha de ser necesariamente formal.
  • Mixtas: como la de Sauer, que combina elementos formales y materiales.

La concepción dominante en España adopta un concepto técnico-jurídico: delito es el hecho humano típicamente antijurídico, culpable y punible, que concuerda con el artículo 10 del Código Penal.

Dos ideas fundamentales del concepto de delito

Principio de legalidad. El delito, aunque sea una construcción doctrinal, tiene que ser compatible con la ley o deducirse de ella. El artículo 10 no es un concepto puramente formal: reconoce el principio de legalidad y, además, señala el objeto de los delitos, que son las acciones y omisiones que pueden o no ser evitadas.

Presupuesto constitucional. El Derecho penal y el concepto de delito han de ser compatibles con el modelo de Estado social y democrático de derecho de la Constitución española y responder a sus fines y a los del propio Derecho penal.

Objeto del delito y fundamento del injusto

El hecho ilícito es el típico y antijurídico: viola una norma de forma no autorizada. La ilicitud no es solo formal, sino también material, vinculada a la función de la norma penal en el Estado social y democrático de derecho. La norma penal trata de motivar con la amenaza de la pena a los ciudadanos para que hagan o no algo, de modo que su destinatario es la persona y su objeto es la conducta, la acción o la omisión.

Conviene distinguir dos acepciones del «objeto del delito». El objeto jurídico es el bien jurídico protegido por el tipo (la vida en el homicidio, el patrimonio en el hurto). El objeto material es la persona o cosa sobre la que recae físicamente la acción (el cuerpo de la víctima, la cosa sustraída).

El fundamento del injusto penal está en el desvalor de la acción (u omisión): realizar la acción prohibida o no realizar la mandada, mostrando una peligrosidad objetiva para lesionar o poner en peligro el bien jurídico. En los delitos de resultado, además, el injusto se completa con el desvalor del resultado, que exige que el riesgo creado se concrete en la lesión o el peligro que describe el tipo.

Elementos del delito

Tipicidad

La tipicidad es la adecuación del hecho a la norma: comprobar que el sujeto realiza la acción prohibida por la norma prohibitiva o no realiza la acción mandada por la norma preceptiva. No es una mera función formal, porque el tipo describe el comportamiento que se quiere prohibir por poner en peligro un bien jurídico. Tiene dos aspectos:

  • Aspecto objetivo o externo: la conducta debe ser objetivamente peligrosa para el bien jurídico protegido, valoración que se hace conforme a la teoría de la imputación objetiva. En los delitos de resultado, como el homicidio del artículo 138, no basta con crear un riesgo típico: el riesgo ha de concretarse en el resultado.
  • Aspecto subjetivo: la relación psicológica entre el autor y su comportamiento, que puede ser dolo o imprudencia.

Antijuricidad

La tipicidad es un indicio de la antijuricidad, pero no basta: hay que comprobar que no concurre ninguna causa de justificación. Todo hecho típico es antijurídico salvo que concurra una de ellas, que funcionan como regla de excepción. En el Código Penal son la legítima defensa (artículo 20.4.º), el estado de necesidad justificante (20.5.º) y el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (20.7.º). Sobre la primera puede verse la entrada dedicada a la legítima defensa.

Culpabilidad

Afirmada la ilicitud del hecho, se examina la culpabilidad: las condiciones personales necesarias para hacer responsable del hecho a quien lo comete. Es culpable quien, siendo accesible a la motivación de la norma, comete el hecho prohibido. Faltan esas condiciones cuando:

  • El sujeto no conoce la antijuricidad por un error de prohibición invencible (artículo 14.3 del Código Penal; si es vencible, se aplica la pena inferior en uno o dos grados).
  • El sujeto conoce la ilicitud pero no puede actuar conforme a esa comprensión, por anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena o síndrome de abstinencia, o alteraciones graves de la percepción de la realidad desde el nacimiento o la infancia (artículo 20.1.º, 2.º y 3.º). Es la inimputabilidad, que puede dar lugar a medidas de seguridad.
  • Obra impulsado por miedo insuperable (artículo 20.6.º), supuesto en que la ley no exige al sujeto otra conducta.

Punibilidad

Un hecho típico, antijurídico y culpable puede quedar sin pena cuando la ley lo dispone por razones de política criminal, como ocurre con las excusas absolutorias; por ejemplo, la del artículo 268 del Código Penal para los delitos patrimoniales entre cónyuges y parientes próximos sin violencia ni intimidación. Cuando se puede hacer responsable al sujeto y la ley lo castiga, se dice que ha cometido un delito.

Clasificación de los delitos

Por la naturaleza de la norma: acción y omisión

El Derecho penal prohíbe acciones que suponen un riesgo o una lesión para un bien jurídico (normas prohibitivas) y, de forma excepcional, manda actuar para evitar peligros para bienes jurídicos ajenos (normas preceptivas), castigando la omisión del mandato. Hay varias clases de omisión:

  • Delitos de omisión propia (o pura): consisten en no realizar la acción mandada, y tanto la situación que genera el deber de actuar como el mandato los describe el propio Código Penal. Ejemplo: la omisión de socorro del artículo 195.
  • Delitos de omisión impropia o de comisión por omisión: el sujeto incumple un deber especial de garante de un bien jurídico y no evita un resultado lesivo. No están descritos uno a uno en la parte especial, sino que se castigan mediante la cláusula general del artículo 11 del Código Penal, que exige que la omisión equivalga a causar el resultado y que exista una obligación legal o contractual de actuar o una acción u omisión precedente que haya creado el riesgo. Ejemplo: el socorrista que abandona su puesto y una persona se ahoga en la piscina.
  • Omisión pura de sujeto cualificado: parte de la doctrina identifica un tipo intermedio en el que el sujeto tiene un deber especial, pero responde solo por no cumplir la acción mandada y no por las consecuencias, como en la denegación de asistencia sanitaria del artículo 196, que solo puede cometer el profesional obligado a prestarla.

Por la relación subjetiva: dolo e imprudencia

Los delitos dolosos son la mayoría del Código Penal y los más graves, porque el sujeto actúa con conocimiento del peligro: es la actitud más grave frente al Derecho. En los delitos imprudentes el sujeto no actúa con conocimiento del riesgo, pero pudo conocerlo y evitar la conducta. Según el artículo 12, las acciones u omisiones imprudentes solo se castigan cuando la ley lo dispone expresamente, y el artículo 5 añade que no hay pena sin dolo o imprudencia. Por intervención mínima, la imprudencia solo se castiga en los bienes jurídicos fundamentales (por ejemplo, los homicidios y lesiones imprudentes de los artículos 142 y 152).

Desde la reforma de 2015, que suprimió las faltas, la imprudencia grave y la menos grave pueden constituir delito (el homicidio por imprudencia grave se castiga con prisión de uno a cuatro años, y por imprudencia menos grave con multa de tres a dieciocho meses), mientras que la imprudencia leve ya no se castiga penalmente.

Por la gravedad de la pena

El artículo 13 distingue delitos graves (pena grave), menos graves (pena menos grave) y leves (pena leve), con la clasificación de penas del artículo 33. Si la pena puede ser a la vez grave y menos grave, el delito es grave; si puede ser leve y menos grave, es leve.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal (BOE).