El Código Penal describe una serie de delitos ambientales, entre los que destaca el que muchos penalistas denominan «delito ambiental» por antonomasia: el del artículo 325. Se encuentran sobre todo en el Título XVI del Libro II (capítulos III a V, arts. 325 a 340) y en la sección de delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes del Título XVII (arts. 341 a 345). Esta entrada ofrece una visión general, con los preceptos según su redacción vigente tras la Ley Orgánica 1/2015.
El «delito ambiental»: artículo 325 del Código Penal
El artículo 325 del Código Penal castiga a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas. Distingue dos niveles:
- Apartado 1: cuando, por sí mismas o conjuntamente con otras, causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas. Pena de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a dos años.
- Apartado 2: cuando pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial de uno a tres años. Si se ha creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, la prisión se impone en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado.
El tipo del equilibrio de los sistemas naturales era antes el único del artículo 325; el apartado 1 (daños sustanciales) se añadió con la Ley Orgánica 1/2015. Sobre el límite con las infracciones administrativas puede verse la entrada sobre la línea entre la infracción administrativa y el delito.
Residuos: artículo 326 del Código Penal
El artículo 326 castiga con las penas del artículo anterior, en sus respectivos supuestos, a quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente esas actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Su apartado 2 castiga el traslado de una cantidad no desdeñable de residuos, en los supuestos previstos por el Derecho de la Unión Europea (prisión de tres meses a un año, o multa de seis a dieciocho meses, e inhabilitación especial de tres meses a un año).
El texto que durante años se citó como artículo 328 (depósitos y vertederos, explotación de instalaciones peligrosas, traslado de residuos) fue sustituido por la Ley Orgánica 1/2015, que lo distribuyó entre los artículos 325 y 326. Hoy el artículo 328 regula únicamente las penas de las personas jurídicas: multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado si es más elevada, cuando el delito de la persona física tenga prevista pena de más de dos años de prisión, y multa de seis meses a dos años o del doble al triple del perjuicio en el resto de los casos, además de las penas del artículo 33.7, letras b) a g).
Agravantes, funcionarios y reglas comunes
- Artículo 327: pena superior en grado si la industria funciona clandestinamente, se desobedecen órdenes de la autoridad, se falsea u oculta información, se obstaculiza la inspección, hay riesgo de deterioro irreversible o catastrófico o se extraen aguas ilegalmente en período de restricciones.
- Artículo 329: prevaricación ambiental de la autoridad o funcionario que informe favorablemente licencias manifiestamente ilegales, silencie infracciones en sus inspecciones u omita inspecciones obligatorias. Prisión de seis meses a tres años y multa, además de la pena del artículo 404.
- Artículo 330: daño grave a elementos de un espacio natural protegido (prisión de uno a cuatro años y multa).
- Artículo 331: pena inferior en grado si los hechos de este capítulo se cometen por imprudencia grave.
- Artículos 338 a 340: agravación si se afecta a un espacio natural protegido, medidas obligatorias de restauración del equilibrio ecológico a cargo del autor y pena inferior en grado si el culpable repara voluntariamente el daño.
Flora, fauna y animales
El Capítulo IV del mismo título (arts. 332 a 337) protege las especies de flora y fauna silvestres, con penas que se agravan para las especies en peligro de extinción, y el Título XVI bis (arts. 340 bis a 340 quinquies, introducidos por la Ley Orgánica 3/2023, en materia de maltrato animal) se ocupa de los delitos contra los animales.
Material radiactivo: artículo 345 del Código Penal
Las conductas relativas a materiales nucleares y sustancias radiactivas se describen en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título XVII. El artículo 345.1 castiga a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, adquiera, posea, trafique, facilite, trate, transforme, utilice, almacene, transporte o elimine materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, con prisión de uno a cinco años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial de uno a tres años. Quien produzca sin autorización estos materiales o sustancias será castigado con la pena superior en grado (apartado 2), y si se cometen por imprudencia grave, se impone la pena inferior en grado (apartado 3).
La redacción que se solía citar del artículo 345, que castigaba a quien «se apodere» de materiales nucleares o elementos radiactivos, con agravaciones por fuerza en las cosas o violencia, no coincide con la del Código Penal vigente, que es la descrita aquí.
Por Javier García de Tiedra González, abogado y autor de Introducción a la Inversión, una guía para aprender desde cero a rentabilizar nuestros ahorros.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 325 a 345); G. Quintero Olivares, Derecho penal ambiental, págs. 123-124.
