Portada » Delitos » Delitos relativos a la propiedad industrial

Delitos relativos a la propiedad industrial

Bodegón sobrio con libros jurídicos y elementos de escritura que evocan la propiedad industrial

Los delitos relativos a la propiedad industrial se recogen en la Sección 2.ª del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del Código Penal (arts. 273 a 277). El mismo capítulo contiene los delitos relativos a la propiedad intelectual (Sección 1.ª, arts. 270 a 272), los delitos relativos al mercado y a los consumidores (Sección 3.ª, arts. 278 a 286) y los delitos de corrupción en los negocios (Sección 4.ª, arts. 286 bis a 286 quater), que se incorporaron en 2010 con el nombre de corrupción entre particulares y fueron reformados después. Los preceptos comunes al capítulo (publicación de la sentencia y penas de las personas jurídicas) están en el artículo 288.

Los delitos de propiedad industrial protegen derechos de propiedad particulares, con titulares concretos y determinados, y no un interés colectivo difuso.

Sectores de la actividad mercantil protegidos

La intervención penal se centra en dos sectores: las creaciones industriales, que responden a una necesidad técnica, y los signos distintivos, cuya función esencial es diferenciar las ofertas presentes en el mercado.

Creaciones industriales: patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos y topografías

El artículo 273 castiga con prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. Las mismas penas alcanzan a quien utilice un procedimiento patentado o comercialice el producto directamente obtenido con él, y a quien actúe del mismo modo respecto de modelos o dibujos industriales o artísticos y topografías de productos semiconductores. El artículo 277 castiga, además, divulgar una invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional.

Signos distintivos y denominaciones de origen

El artículo 274 del Código Penal protege las marcas y demás signos distintivos registrados y los títulos de obtención vegetal, y el artículo 275 castiga a quien utilice en el tráfico económico, sin estar autorizado, una denominación de origen o una indicación geográfica protegidas, con conocimiento de esa protección. El artículo 276 prevé un tipo agravado (prisión de dos a seis años, multa e inhabilitación especial) cuando el beneficio tiene especial trascendencia económica, los hechos revisten especial gravedad, el autor pertenece a una organización dedicada a infringir derechos de propiedad industrial o se utiliza a menores de 18 años.

Bien jurídico protegido

El bien jurídico es común a las conductas de esta sección y tiene una naturaleza en la que prima lo individual sobre lo colectivo: el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial, derivado de su registro en los organismos correspondientes (en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas, además de los registros de la Unión Europea e internacionales).

Los tipos exigen la falta de consentimiento del titular del derecho. En las denominaciones de origen se plantea que, junto al interés patrimonial de titularidad individual (normalmente ejercido por un consejo regulador), se tutelen intereses colectivos representados por el interés económico general y el de los consumidores.

Diferencia entre propiedad industrial y denominación de origen

En los artículos 273 y 274 el tipo exige la ausencia de consentimiento del titular del derecho registrado y el conocimiento del registro. En el artículo 275 la exigencia es no estar autorizado para el uso, lo cual está en relación con que estos derechos pertenezcan habitualmente a una colectividad y con la presencia de intereses colectivos.

Exigencias propias de la legislación mercantil

Para la configuración de las conductas típicas, el legislador penal ha añadido dos exigencias propias de la legislación mercantil: la necesidad de registro, que garantiza la exclusividad del titular del derecho, y la ausencia de consentimiento de ese titular para el ejercicio de tales derechos. Si el derecho no está registrado o el titular ha consentido, no hay delito, sin perjuicio de las acciones civiles o mercantiles que procedan.

Responsabilidad de las personas jurídicas

El artículo 288 establece las penas de multa para las personas jurídicas responsables de los delitos de los artículos 273 a 276, entre otros, además de las que puedan imponerse conforme al artículo 33.7 del Código Penal y las reglas del artículo 66 bis.

Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 270 a 288); apuntes de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa» (profesor Ríos Corbacho), Grado en Derecho, Universidad de Cádiz.