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Los delitos contra la seguridad de los trabajadores

Trabajador con casco, protección auditiva y mascarilla en su puesto

Los delitos contra la seguridad de los trabajadores son los que castigan a quienes, estando legalmente obligados, no facilitan los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en grave peligro su vida, salud o integridad física. Los regulan los artículos 316 y 317 del Código Penal, y el artículo 318 extiende la responsabilidad a los administradores cuando los hechos se atribuyen a una persona jurídica. Forman parte del Título XV del Libro II, dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores.

La seguridad e higiene en el trabajo como principio rector de la política social

La seguridad e higiene en el trabajo tienen el rango de principios rectores de la política social y económica y, por tanto, obligan a los poderes públicos a velar por ellas (art. 40.2 de la Constitución Española). Su desarrollo administrativo está en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y las infracciones y sanciones en el orden social se regulan en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000). El Derecho penal interviene solo ante los incumplimientos más graves.

La tutela penal de la vida y la salud del trabajador

La tutela penal de la vida y la salud del trabajador se confía específicamente a los artículos 316 y 317 del Código Penal, a los que hay que añadir los artículos 142 y 152, que castigan la causación por imprudencia de la muerte y de lesiones. Hay que distinguirlos de los delitos contra la seguridad colectiva (Título XVII del Libro II), que protegen a la colectividad frente a incendios, estragos o riesgos catastróficos y no a los trabajadores de una empresa.

Por qué interviene el Derecho penal

La justificación de la intervención penal no se deriva solo de la entidad de los bienes jurídicos individuales afectados, sino también de la alta siniestralidad laboral y de su dimensión colectiva.

Bienes jurídicos protegidos

Los bienes jurídicos protegidos por los artículos 316 y 317 son la vida y la salud de los trabajadores. Se trata de un delito de peligro concreto: lo que se castiga es poner en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de uno o varios trabajadores, sin que sea necesario que el peligro llegue a convertirse en un accidente. Los resultados lesivos sobre personas concretas pueden entrar en concurso con el delito de peligro.

Sujetos pasivos y activos

Los sujetos pasivos son los trabajadores. Los sujetos activos son quienes están legalmente obligados a proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para trabajar con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, es decir, el empresario y, según la doctrina y la jurisprudencia, quienes tengan competencias de mando y de seguridad en la empresa o en la obra. Se trata, por tanto, de un delito especial.

Tipo objetivo y tipo subjetivo

Tipo objetivo

El tipo objetivo del artículo 316 se construye sobre tres elementos: la omisión de los medios necesarios, la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y la creación de un peligro grave para la vida, la salud o la integridad física. Se castiga con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

La conducta típica es omisiva: incurre en ella no solo quien no facilita los medios materiales adecuados, sino también quien incumple los deberes de prevención y tutela, esto es, la evaluación de riesgos y la planificación de la prevención, el acondicionamiento de los lugares de trabajo, el control periódico de la salud de los trabajadores o las obligaciones de información y formación.

Tipo subjetivo

  • En el artículo 316 se exige dolo: el conocimiento de que se actúa infringiendo las normas de prevención y la voluntad de hacerlo. Ese dolo no tiene que extenderse al resultado lesivo concreto: basta, según la jurisprudencia consolidada, con el dolo eventual sobre el peligro (el sujeto se representa y acepta la probabilidad de crear el peligro).
  • El artículo 317 castiga la comisión por imprudencia grave con la pena inferior en grado a la del artículo 316 (de tres meses a seis meses menos un día de prisión y multa de tres a seis meses menos un día, conforme al art. 70.1.2.ª). La gravedad de la imprudencia se valora atendiendo a la magnitud de la omisión del deber objetivo de cuidado, a la importancia del bien jurídico amenazado y al grado de previsibilidad del riesgo.

Una norma penal en blanco

Los artículos 316 y 317 se configuran como una ley penal en blanco: para saber qué conducta es típica hay que acudir a la normativa de prevención de riesgos laborales, de modo que no toda infracción administrativa en esta materia es delito, sino solo la que además genera un peligro grave.

El artículo 318 del Código Penal

El Código Penal reconoce desde la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero solo en los delitos en los que lo prevé expresamente (art. 31 bis), y no lo hace en los delitos de este Título. Por eso el artículo 318 establece que, cuando los hechos se atribuyan a una persona jurídica, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial puede decretar además alguna de las medidas del artículo 129 (consecuencias accesorias para las empresas).

Concurso con los delitos de resultado

Los delitos de peligro de los artículos 316 y 317 pueden entrar en concurso con los delitos de lesión de los artículos 142 y 152 cuando el peligro creado derive en muerte o lesiones de algún trabajador. El homicidio imprudente grave se castiga con prisión de uno a cuatro años (art. 142.1), y las lesiones imprudentes graves, con las penas del artículo 152.1 según su gravedad. La jurisprudencia suele apreciar un concurso ideal entre el delito de lesión y el de peligro cuando el peligro afectó también a otros trabajadores; si solo afectó al trabajador lesionado, se castiga únicamente el delito de resultado.

Prescripción

Con una pena máxima de tres años de prisión, el delito del artículo 316 prescribe a los cinco años (art. 131.1 del Código Penal).

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Constitución Española (BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».