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La doctrina Parot

Bodegón sobrio con elementos jurídicos clásicos que insinúan debate legal histórico y doctrina judicial

La doctrina Parot fue el criterio fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de febrero de 2006, según el cual, para los condenados con el Código Penal de 1973, la redención de penas por trabajo debía aplicarse sobre cada una de las penas impuestas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de treinta años. Su aplicación retroactiva fue declarada contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la sentencia Del Río Prada contra España, de 21 de octubre de 2013, lo que puso fin a su aplicación a los condenados bajo el Código de 1973.

Qué es la doctrina Parot, explicada con un ejemplo

No es una ley, como a veces se la llama («ley Parot»), sino una interpretación jurisprudencial de dos normas del Código Penal de 1973, vigente hasta mayo de 1996:

  1. Límite de cumplimiento: el artículo 70 del Código de 1973 fijaba un máximo de treinta años de cumplimiento efectivo, por muchas y muy largas que fueran las penas impuestas.
  2. Redención de penas por el trabajo: por cada dos días de trabajo en prisión se descontaba uno de la condena. Los tribunales aplicaban de manera uniforme este descuento sobre los treinta años de cumplimiento efectivo, de modo que quien trabajaba durante toda su condena podía salir mucho antes de cumplir el máximo.

Ejemplo: una persona condenada por varios atentados a un total de 3.828 años de prisión (la cifra de la sentencia dictada contra Inés del Río) solo podía cumplir treinta. Con el criterio tradicional, la redención se descontaba de esos treinta años y la excarcelación llegaba en torno a los veinte años de prisión. Con la doctrina Parot, la redención se descontaba de cada una de las penas, es decir, de los 3.828 años, de manera que el límite de treinta años se alcanzaba antes de que los descuentos tuvieran ningún efecto práctico y el condenado cumplía íntegramente el máximo.

Se llama así por Henri Parot, miembro de ETA, cuyo recurso de casación contra un auto de la Audiencia Nacional resolvió el Tribunal Supremo en la sentencia 197/2006, de 28 de febrero. En esa fecha el Gobierno de España estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero; cuando el TEDH confirmó su fallo, en octubre de 2013, gobernaba Mariano Rajoy.

Por qué surge la doctrina Parot

Para entenderla hay que remontarse a la legislación anterior a la reforma de 1995. Los tribunales entendían invariablemente que la redención de penas se aplicaba sobre los años de cumplimiento efectivo, que no podían superar los treinta, aunque la condena fuese de miles de años. El legislador tardó en reaccionar. El Código Penal de 1995 suprimió la redención de penas por el trabajo, aunque la disposición transitoria segunda mantuvo ese sistema para los condenados conforme al Código derogado, y la Ley Orgánica 7/2003, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, modificó los artículos 76 y 78 del Código Penal para los delitos posteriores.

En 2006, el Tribunal Supremo reinterpretó el Código de 1973 y exigió la redención sobre cada pena y no sobre el máximo de treinta años, aplicándolo incluso a los condenados a quienes ya se había aplicado la interpretación anterior. El efecto fue retrasar su excarcelación varios años. El Tribunal Constitucional avaló en general ese giro jurisprudencial, con la salvedad de los casos en que existía una resolución judicial firme que hubiera ordenado expresamente aplicar la redención sobre el cumplimiento efectivo.

El caso de Inés del Río ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Inés del Río, condenada en 1987 por atentados terroristas de ETA a un total de 3.828 años, tenía prevista su libertad en julio de 2008 según el sistema anterior. La Audiencia Nacional, aplicando la doctrina Parot, decidió mantenerla en prisión hasta 2017. Tras agotar sin éxito la vía interna, acudió a Estrasburgo el 3 de agosto de 2009.

El 10 de julio de 2012, una Sala de la Sección Tercera del TEDH declaró que se habían vulnerado el artículo 7 del Convenio («no hay pena sin ley»: no puede imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la infracción) y el artículo 5.1 (privación de libertad sin arreglo a la ley). España recurrió y el 21 de octubre de 2013 la Gran Sala confirmó la sentencia: apreció la violación del artículo 7 por quince votos contra dos y la del artículo 5.1 por unanimidad, declaró que desde el 3 de julio de 2008 la privación de libertad de la demandante no era regular y obligó a España a asegurar su puesta en libertad en el plazo más breve posible. Se le concedió, además, una indemnización de 30.000 euros por daño moral.

El razonamiento central del Tribunal fue que todo condenado tiene derecho a conocer, según la ley y la interpretación consolidada que de ella hacen los tribunales, qué pena le corresponde por el delito cometido. El cambio de criterio de 2006 era imprevisible para la demandante: cuando fue condenada, la jurisprudencia aplicaba de forma constante la redención sobre el límite de treinta años, y el nuevo cálculo prolongaba su privación de libertad casi nueve años. El Tribunal consideró que no se trataba de una mera modalidad de ejecución de la pena, sino de una medida que afectaba a su alcance. Es la garantía de legalidad penal y de irretroactividad de las normas desfavorables, que también recoge el artículo 9.3 de la Constitución, aplicada a la jurisprudencia: puede verse el principio de irretroactividad.

Consecuencias de la sentencia

El 22 de octubre de 2013, al día siguiente de la sentencia, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la puesta en libertad de Inés del Río. A partir de ese momento, los tribunales fueron excarcelando a los demás condenados a los que se había aplicado la doctrina con carácter retroactivo; según los balances de prensa de aquella época fueron alrededor de ochenta personas, la mayoría condenadas por terrorismo y una quincena por delitos comunes. Algunos de los excarcelados volvieron más tarde a prisión por nuevos delitos.

La sentencia provocó una fuerte reacción social. Numerosas asociaciones de víctimas del terrorismo y representantes políticos criticaron la decisión, mientras que un amplio sector de la doctrina penal había advertido de que la aplicación retroactiva no superaría el control de Estrasburgo. Hay que subrayar que las excarcelaciones fueron consecuencia del Código Penal de 1973, que permitía cumplimientos máximos muy inferiores a la gravedad de los hechos y fue reformado tarde, y no de la sentencia en sí, que se limitó a exigir que no se agravara retroactivamente la situación de los condenados.

Qué ocurre hoy con los delitos cometidos después de 1995 y de 2003

El debate no afecta a quienes cometen delitos con el Código Penal vigente, porque la ley actual regula de forma expresa lo que antes se discutía. La Ley Orgánica 7/2003 elevó los límites de cumplimiento del artículo 76 e introdujo en el artículo 78 la posibilidad de que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas cuando, por el límite máximo de cumplimiento, la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total.

  • Límites del artículo 76: el máximo de cumplimiento no puede exceder del triple de la pena más grave, ni de veinte años; excepcionalmente, veinticinco, treinta o cuarenta años según el número y gravedad de los delitos, y cuarenta años en caso de dos o más delitos de terrorismo con alguno castigado con más de veinte años de prisión. Si alguno de los delitos está castigado con la prisión permanente revisable, se estará a los artículos 92 y 78 bis.
  • Artículo 78: el juez o tribunal sentenciador puede acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos, el tercer grado y la libertad condicional se computen sobre la suma total de las penas. El juez de vigilancia penitenciaria puede, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción, acordar el régimen general. En terrorismo y organizaciones criminales, solo cabe el tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo y la libertad condicional cuando quede una octava parte. Ya no existe el acuerdo preceptivo que introdujo la Ley Orgánica 7/2003 para los supuestos de los apartados a) a d) del artículo 76.1, según la versión vigente tras la Ley Orgánica 1/2015.
  • Prisión permanente revisable: introducida por la Ley Orgánica 1/2015, tiene su propio régimen de acceso al tercer grado y a la suspensión de la pena (artículos 36, 78 bis y 92).

Estas reglas son anteriores al hecho delictivo en los casos a los que se aplican, por lo que son previsibles para el condenado y no plantean el problema de retroactividad que condenó el TEDH. Esa es la diferencia con la doctrina Parot: lo que se enjuició en Estrasburgo no era el fondo de la política criminal de endurecer el cumplimiento, sino que un cambio de criterio de los tribunales agravase retroactivamente la situación de quienes ya habían sido condenados.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), artículos 36, 70 (Código de 1973 derogado), 76, 78, 78 bis y disposición transitoria segunda; Ley Orgánica 7/2003, de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas (BOE); Ley Orgánica 1/2015 (BOE); TEDH, Gran Sala, Del Río Prada c. España, 21 de octubre de 2013 (HUDOC).

Texto original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.