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El Estado de necesidad justificante

Bodegón sobrio con balanza, libro y llaves que sugiere reflexión sobre decisiones legales en estado de necesidad

El art. 20.5.º del Código Penal exime de responsabilidad criminal al que, «en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber», siempre que concurran los requisitos siguientes:

  1. Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar.
  2. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
  3. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

El precepto conserva la redacción de 1995: ninguna reforma posterior lo ha modificado. La LO 1/2015, que sí tocó otro apartado del art. 20 (suprimió la referencia a las faltas en la legítima defensa), no alteró el estado de necesidad. Para una visión general de la figura, véase el estudio del estado de necesidad; esta entrada se centra en su vertiente justificante.

Naturaleza de la eximente: estado de necesidad justificante y exculpante

Debido a que el art. 20.5.º CP requiere que el mal causado «no sea mayor» que el que se trata de evitar, el criterio doctrinal predominante interpreta que este precepto contiene, en realidad, dos eximentes de naturaleza y efectos diferentes, según la importancia de los intereses en conflicto. El Código no las distingue expresamente: la distinción es doctrinal.

  • Estado de necesidad justificante. Cuando el mal a evitar es esencialmente de mayor valor que el mal causado por la conducta típica de salvamento, la conducta es lícita: opera como causa de justificación y excluye la antijuridicidad.
  • Estado de necesidad exculpante (o disculpante). Si los intereses en conflicto poseen el mismo valor, el Derecho no puede aprobar la lesión del bien ajeno, pero se disculpa al autor por la situación de presión en que actúa: se invoca en el plano de la culpabilidad como causa de exculpación. Es el caso clásico de la «tabla de Carnéades», en el que dos náufragos se disputan una tabla que solo puede sostener a uno.

La diferencia tiene consecuencias: frente a una conducta justificada no cabe legítima defensa, mientras que la conducta meramente exculpada sigue siendo antijurídica.

Fundamento del estado de necesidad justificante

Antes de analizar los requisitos, conviene explicar por qué esta eximente queda sujeta a límites más estrechos que otras causas de justificación. El estado de necesidad se explica básicamente a través del principio del interés preponderante. Tanto la legítima defensa como el estado de necesidad parten de situaciones de peligro para bienes jurídicos del agredido o del necesitado; pero, en el estado de necesidad, el conflicto se resuelve a costa de sacrificar un bien jurídico de un sujeto que no es agresor (en el sentido de la legítima defensa).

El Derecho resuelve el conflicto sobre la base de una ponderación: permite el sacrificio de bienes jurídicos ajenos siempre que este represente un mal esencialmente menor que el mal que se pretende evitar, que es el que ha de prevalecer.

Requisitos del estado de necesidad justificante

La aplicación plena de la eximente exige, conforme al art. 20.5 CP, en primer lugar, una situación de necesidad como presupuesto material básico. En segundo lugar, la acción de salvamento debe encaminarse a evitar un mal esencialmente mayor que el causado por ella. Además, se exige que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga obligación de sacrificarse.

Estos cuatro elementos integran la vertiente objetiva de la causa de justificación. Junto a ella, es imprescindible el elemento subjetivo: el autor ha de actuar conociendo la situación de necesidad y con la finalidad de conjurar el peligro (voluntad de salvamento). Este elemento subjetivo de justificación es exigible también cuando la conducta realizada en la situación de necesidad es imprudente.

a) Existencia de una situación de necesidad

Aunque la ley no la define, se entiende por «situación de necesidad» una situación de peligro real y actual para un bien jurídico propio o ajeno. El carácter inminente del peligro se concibe aquí con mayor amplitud que la actualidad de la agresión en la legítima defensa: basta la aparición próxima de la situación de peligro, sin que sea necesario que haya comenzado a producirse.

Esa situación de peligro real y actual debe representar un mal propio o ajeno que sea necesario evitar. Dicho mal puede tener diversa naturaleza. Cabe, por un lado, el mal derivado de comportamientos que amenazan bienes jurídicos penalmente protegidos, en particular los procedentes de agresiones excluidas del ámbito de la legítima defensa. La práctica jurisprudencial ofrece, por otro lado, una amplia casuística de peligros penalmente atípicos, como el derivado de un comportamiento peligroso que no es humano o que no proviene de una acción voluntaria (un incendio, una inundación, un animal). En cualquier caso, el mal que se trata de evitar no puede ser un mal valorado positivamente por el Derecho.

La aplicación del estado de necesidad exige, además, que la conducta típica realizada sea la única forma de apartar el peligro que amenaza al sujeto, exigencia inherente a la situación de necesidad. Si falta este presupuesto primordial, la eximente se desestima por completo: no cabe ni siquiera la eximente incompleta.

b) Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar

La situación de necesidad faculta al sujeto para realizar una conducta típica de salvamento siempre que el mal ocasionado, que afecta a bienes jurídicos ajenos, «no sea mayor» que el que se trata de evitar. Es una condición que somete la eficacia de la eximente a los estrictos límites de la proporcionalidad de los males en conflicto.

Este requisito limita la aplicación del estado de necesidad justificante a los casos en los que el mal que se evita es esencialmente más valioso que el mal ocasionado por la conducta de salvamento, valorando previamente la idoneidad de la conducta concreta para conjurar el mal que amenaza al necesitado. Al medir la gravedad del mal causado se tiene en cuenta si la conducta ha sido dolosa o imprudente, por su mayor o menor puesta en peligro de bienes jurídicos. Como en la legítima defensa, lo que interesa valorar no es tanto el resultado lesivo causado de modo no doloso como la mayor o menor entidad del peligro que acarrea la conducta, en comparación con el peligro que se trata de evitar.

Si falta la proporcionalidad de los males hay que distinguir dos hipótesis. Si de la ponderación no resulta una preferencia esencial del mal a evitar, sino una mera preponderancia del valor del mal causado, se podrá apreciar la eximente incompleta de estado de necesidad (art. 21.1.ª en relación con el art. 20.5 CP), que obliga a rebajar la pena en uno o dos grados (art. 68 CP). En cambio, la vía de la eximente incompleta se cierra si el mal causado es notablemente excesivo en comparación con el peligro que se pretende evitar.

c) Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente

El art. 20.5 CP exige, como presupuesto del estado de necesidad justificante, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Por «provocación intencionada» se entiende la creación dolosa de la situación de necesidad, y la conducta provocadora ha de proceder del sujeto que realiza luego la acción de salvamento.

Cabe distinguir varias hipótesis. Si el sujeto provoca dolosamente la situación de necesidad con el propósito de lesionar un bien jurídico ajeno amparándose en ella, se excluye toda apreciación de la eximente. Si la provoca dolosamente sin perseguir la lesión de bienes ajenos, no se descarta la apreciación de la eximente incompleta.

Queda por precisar el alcance de la provocación imprudente, que la ley no menciona. En estos casos sería factible imputar el resultado lesivo, a título de imprudencia, al sujeto que provoca imprudentemente la situación de necesidad, a través de la teoría de la actio illicita in causa. Esta teoría descompone el análisis en dos fases. En la primera, las lesiones dolosas realizadas ante la situación de necesidad, que ocasionan un mal menor que el que se evita, quedan cubiertas por el estado de necesidad justificante. En la segunda, no resulta indiferente que la necesidad de realizar la conducta típica para escapar al peligro haya sido creada por una conducta imprudente anterior del autor: el análisis se remite a ese momento previo, en el que la situación de necesidad era previsible y evitable. Así, el resultado lesivo puede atribuirse a la conducta inicial imprudente y sancionarse a título de imprudencia.

d) Que el necesitado no tenga obligación de sacrificarse

Finalmente, el art. 20.5 CP exige que el sujeto necesitado no tenga, por razón de su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Conforme al tenor legal, es el necesitado la persona en quien debe recaer esa obligación, además de ser quien actúa en estado de necesidad. El profesional que interviene en una situación de necesidad (bomberos, policías, personal sanitario) está obligado a asumir los riesgos personales propios de su función.

El incumplimiento de la obligación de sacrificio por parte de quien actúa en situación de necesidad, aunque guarde la proporcionalidad de males que exige la causa de justificación, no exime de responsabilidad penal, pero permite apreciar los efectos atenuantes de la eximente incompleta (art. 21.1.ª en relación con el art. 20.5 CP). Este requisito tiene, no obstante, un límite: ante una manifiesta desproporción entre los bienes en conflicto, no es exigible el deber de sacrificio.

Ejemplos de estado de necesidad

  • Romper la puerta o la ventana de una vivienda ajena para escapar de un incendio o para sacar a una persona de ella: los daños y el allanamiento quedan justificados porque se evita un peligro para la vida con un mal patrimonial menor.
  • Utilizar un vehículo ajeno, sin permiso de su dueño, para trasladar urgentemente a un herido grave a un hospital cuando no existe otra alternativa.
  • Dos náufragos que se disputan una tabla que solo sostiene a uno: ejemplo de estado de necesidad exculpante, porque los bienes en conflicto (la vida de cada uno) son de igual valor.

Consecuencias jurídicas

  • Exención de responsabilidad criminal si concurren todos los requisitos. A diferencia de los tres primeros números del art. 20, no se prevén medidas de seguridad para el estado de necesidad.
  • Eximente incompleta (art. 21.1.ª CP) si falta alguno de los requisitos secundarios: pena inferior en uno o dos grados (art. 68 CP).
  • Responsabilidad civil. La exención no comprende la responsabilidad civil. Según el art. 118.1.3.ª CP, responden como responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, o en la que el juez o tribunal establezca según su prudente arbitrio.

Cuando el estado de necesidad no puede apreciarse porque el sujeto actuó impulsado por una amenaza de tal intensidad que no le era exigible resistirla, puede entrar en juego otra eximente distinta: el miedo insuperable (art. 20.6.º CP).

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), arts. 20.5, 21.1.ª, 68 y 118.1.3.ª.