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La extradicción pasiva

Bodegón sobrio con documentos legales y objetos clásicos que evocan procedimientos jurídicos formales

La extradición pasiva es el procedimiento por el que España entrega a otro Estado a una persona que se encuentra en territorio español y que ese Estado reclama para juzgarla por un delito o para que cumpla una condena ya impuesta. Se llama «pasiva» porque España recibe la petición; cuando es España la que reclama a una persona refugiada en otro país se habla de extradición activa. El concepto general y la distinción entre ambas figuras se explican en la entrada sobre la extradición.

Regulación: Constitución, ley y tratados

La extradición pasiva se rige por:

  • El artículo 13.3 de la Constitución: la extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y quedan excluidos los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo.
  • La Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva (LEP), que regula las condiciones, el procedimiento y los efectos, salvo lo expresamente previsto en los tratados en los que España sea parte (art. 1 LEP).
  • Los tratados internacionales, como el Convenio Europeo de Extradición que España ratificó en 1982, y los convenios bilaterales.

Entre Estados de la Unión Europea la entrega de personas reclamadas por la justicia penal se tramita, en general, mediante la orden europea de detención y entrega, regulada en la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, y no por el procedimiento de extradición de la LEP. Esta última sigue siendo la norma aplicable a las peticiones de Estados que no pertenecen a la Unión.

Principios que rigen la extradición pasiva

  • Legalidad y reciprocidad (arts. 1 LEP y 13.3 CE): solo se concede conforme a la ley o a un tratado, y el Gobierno puede exigir al Estado requirente una garantía de reciprocidad.
  • Doble incriminación y gravedad mínima (art. 2 LEP): solo se concede por hechos que las leyes españolas y las del Estado requirente sancionen con pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo, o, si se reclama para cumplir una condena, no inferior a cuatro meses. Si la solicitud abarca varios hechos y solo algunos cumplen ese umbral, la extradición puede extenderse a los demás.
  • No entrega de los nacionales (art. 3.1 LEP): no se concede la extradición de españoles, salvo que la nacionalidad se hubiera adquirido con el propósito fraudulento de impedirla. La nacionalidad se aprecia en el momento de la decisión.
  • No entrega por delitos de los que corresponda conocer a los tribunales españoles (art. 3.1 LEP). Si se deniega por estos motivos y el Estado en que se cometieron los hechos lo pide, el Gobierno da cuenta al Ministerio Fiscal para que se proceda en España (art. 3.2 LEP).
  • Identidad de competencia (art. 3.3 LEP): si el delito se cometió fuera del territorio del Estado requirente, la extradición puede denegarse cuando la ley española no autorice perseguir un delito del mismo género cometido fuera de España.
  • Ne bis in idem y extinción de la responsabilidad (art. 4.4 y 4.5 LEP): no se concede si la responsabilidad criminal está extinguida conforme a la ley española o a la del Estado requirente, ni si la persona ha sido o está siendo juzgada en España por los mismos hechos.
  • Especialidad (art. 21 LEP): la persona entregada no puede ser juzgada, sentenciada ni sometida a restricción de libertad por hechos anteriores y distintos de los que motivaron la extradición sin una autorización ampliatoria, que se tramita como una nueva solicitud. Esa autorización no es necesaria si, pudiendo abandonar el territorio del Estado al que fue entregada, permanece en él más de cuarenta y cinco días o regresa después.

Supuestos en los que no se concede la extradición

El artículo 4 de la LEP enumera los casos en los que la extradición no puede concederse:

  • Delitos de carácter político, sin que se consideren tales los actos de terrorismo, los crímenes contra la humanidad previstos en el Convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio, ni el atentado contra la vida de un jefe de Estado o de un miembro de su familia (art. 4.1).
  • Delitos militares tipificados por la legislación española, delitos cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión y delitos solo perseguibles a instancia de parte, con excepción de los delitos sexuales (art. 4.2). El texto de la ley todavía se refiere a ellos con la terminología del Código Penal de 1973 (violación, estupro, rapto y abusos deshonestos).
  • Cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un tribunal de excepción (art. 4.3).
  • Cuando el Estado requirente no garantice que no se ejecutará la pena de muerte ni se someterá a la persona a penas que atenten contra su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes (art. 4.6).
  • Cuando se pida con base en una sentencia dictada en rebeldía con una pena que, según la ley española, no podría imponerse a quien no estuvo presente en el juicio oral, salvo que el Estado requirente garantice un nuevo juicio con presencia y defensa del reclamado (arts. 2 y 4.7).
  • Cuando a la persona reclamada se le haya reconocido la condición de asilado (art. 4.8). El derecho de asilo se regula hoy en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que derogó la anterior Ley 5/1984.

Además, el artículo 5 permite denegar la extradición cuando existan razones fundadas para creer que la solicitud, motivada por un delito común, se presenta para perseguir o castigar a la persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho años, tenga residencia habitual en España y la extradición pueda impedir su reinserción social.

Procedimiento

El procedimiento combina una fase gubernamental previa, una fase judicial y una decisión final del Gobierno:

  1. Solicitud (art. 7 LEP). Se formula por vía diplomática o directamente entre los ministros de Justicia, acompañada de la sentencia o resolución equivalente, los datos de identidad, los textos legales aplicables con la pena y una traducción oficial al español. En caso de urgencia puede pedirse la detención preventiva (art. 8): la persona detenida se pone a disposición del Juzgado Central de Instrucción de guardia en un plazo no superior a veinticuatro horas, y la prisión provisional queda sin efecto si el Estado requirente no presenta la solicitud formal en cuarenta días.
  2. Fase gubernamental previa (art. 9 LEP). El Ministerio de Justicia eleva al Gobierno, en un plazo máximo de ocho días, una propuesta motivada sobre si procede continuar por la vía judicial, y el Gobierno decide en quince días. Si el acuerdo es denegatorio, termina aquí.
  3. Fase judicial (arts. 11 a 15 LEP). La persona reclamada comparece ante el Juzgado Central de Instrucción con abogado y, en su caso, intérprete; puede consentir la extradición o oponerse. Si se opone, el expediente pasa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano competente para resolver los procedimientos judiciales de extradición pasiva (art. 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Tras la vista, la Sala resuelve por auto motivado, en el plazo de tres días, si la extradición es procedente; contra el auto solo cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala.
  4. Fase gubernamental final (arts. 6 y 18 LEP). Si el tribunal deniega la extradición, la resolución es definitiva y no puede concederse. Si la declara procedente, esa decisión no vincula al Gobierno, que puede denegarla en ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo a la reciprocidad o a razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales para España, sin que quepa recurso contra lo que acuerde. Si la concede, la entrega se realiza conforme al artículo 19.

Si varios Estados reclaman a la misma persona, decide el Gobierno teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, la existencia de tratado, la gravedad y el lugar del delito, las fechas de las solicitudes y la nacionalidad de la persona (art. 16 LEP).

Fuentes: Ley 4/1985, de Extradición Pasiva (texto consolidado, BOE); Constitución Española (BOE); Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (BOE); Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE); Ley Orgánica del Poder Judicial (BOE).