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Falsedades societarias

Las falsedades societarias son el delito del artículo 290 del Código Penal, que castiga con prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses a los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación que falsean las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la sociedad, a alguno de sus socios o a un tercero. Si se llega a causar el perjuicio, las penas se imponen en su mitad superior. Este precepto no ha sido modificado desde 1995.

Falsedades societarias y Derecho Penal

Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido es, según el planteamiento tradicional, el patrimonio de los socios de la sociedad, aunque el precepto protege también a la propia sociedad y a los terceros que pueden resultar afectados, y a la veracidad de la información societaria como instrumento del tráfico económico.

Sujeto activo

El sujeto activo es el administrador de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación. Se trata de un delito especial propio. Por «sociedad» se entiende, conforme al artículo 297, toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de naturaleza análoga que participe de modo permanente en el mercado. El Capítulo XIII del Título XIII no prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica, por lo que responden las personas físicas que administran la sociedad.

Acción o comportamiento típico

La acción típica consiste en alterar o no reflejar, en los documentos que suscribe el administrador de hecho o de derecho, la verdadera situación económica o jurídica de la sociedad. En otras palabras, consiste en falsear determinados documentos sociales. La falta de veracidad de esos documentos es un componente ineludible del tipo del artículo 290, y quienes cometen este delito son, sin duda, falsificadores de documentos. Las falsedades han de ser esenciales: hay que atender a su capacidad para producir un perjuicio económico, a que estén dirigidas directamente a esa finalidad y a que el documento societario falso entre en la esfera del tráfico jurídico mercantil, lo que se considera la capacidad cierta de la acción para incidir en el tráfico económico.

Comportamientos penalmente típicos

  • Artificios contables, que comportan un falso aumento o disminución de las correspondientes partidas mediante anotaciones u omisiones indebidas de beneficios o pérdidas.
  • Llevanza de una contabilidad paralela o falsa, en la que figura, por ejemplo, un saldo de caja superior al real, aparentando una solvencia de la que se carece.

Comportamientos que no son típicos

  • Las meras irregularidades contables.
  • La sustitución de cifras en las cuentas de la sociedad, si los datos aparecen reflejados adecuadamente de otra forma.

Objeto material

El objeto material son las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que partir del concepto penal de documento que da el artículo 26 del Código Penal: «todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica». Esto excluye del ámbito típico las meras comunicaciones verbales sobre el estado jurídico o económico de la sociedad.

Pueden ser objeto material no solo las cuentas anuales y el informe de gestión que los administradores deben formular (con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital y al Código de Comercio), sino también los documentos relacionados con la situación jurídica o económica de la empresa que, por imperativo legal, deba confeccionar, presentar o guardar en depósito cada tipo de sociedad.

Sujetos pasivos

El artículo 290 menciona expresamente a quienes pueden resultar afectados: la propia sociedad, los socios o un tercero.

Tipo subjetivo

Las conductas han de realizarse de forma dolosa, y cabe el dolo eventual. Si el administrador quiere perjudicar, actúa con dolo directo; si no lo busca directamente pero conoce la posibilidad de causar el perjuicio y lo acepta como consecuencia de su actuación, actúa con dolo eventual.

Antijuridicidad y cualificación por el resultado

El tipo básico del artículo 290 añade a la lesión del bien jurídico colectivo de la funcionalidad del documento la exigencia de una aptitud lesiva para el patrimonio de alguno de los sujetos pasivos. El injusto consiste en una acción falsaria, a la que el juez o tribunal debe añadir la comprobación de su idoneidad para lesionar el patrimonio de esas personas.

El artículo 290 no exige un perjuicio efectivo para estimar cometido el tipo básico; es un delito de peligro hipotético. Si el perjuicio llega a causarse, se aplica el tipo cualificado del párrafo segundo (penas en su mitad superior).

Relación con otros delitos

Las falsedades societarias pueden concurrir con otros delitos: la falsedad en documento mercantil de los artículos 390 y siguientes, la administración desleal del artículo 252, la estafa o los delitos de insolvencia punible, en particular las conductas de contabilidad doble o irregular del artículo 259.1. Las reglas del concurso de delitos determinan en cada caso cómo se castigan. El delito societario solo es perseguible mediante denuncia de la persona agraviada, salvo que afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 296), y prescribe a los cinco años (art. 131.1).

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».

Relacionado con este tema la protección penal de los consumidores y la competencia y el desabastecimiento de materias primas.