El Estado no ejerce su poder de sanción únicamente a través del Derecho penal: también lo hace por medio del Derecho administrativo. La Administración dispone de una potestad sancionadora, es decir, de la posibilidad de imponer sanciones por medio de órganos administrativos distintos de los del Poder Judicial. Esa potestad se manifiesta en dos ámbitos: la autotutela y la heterotutela.
Autotutela y heterotutela
- Autotutela. La Administración impone sanciones para proteger sus propios intereses y preservar su orden interno. Ejemplos: la medida disciplinaria a un funcionario, las sanciones de policía demanial (protección de los bienes públicos), la revocación de actos administrativos favorables y las sanciones tributarias.
- Heterotutela. La Administración impone sanciones para proteger el orden y los intereses generales, alcanzando fines sociales que se consideran útiles. Ejemplo: está prohibido aparcar en doble fila y quien lo hace es sancionado administrativamente (tráfico, consumo, medio ambiente, urbanismo).
En la consulta sobre el principio de autotutela y la autotutela administrativa conviene distinguir este sentido sancionador de otro más amplio: la autotutela de la Administración, entendida como su capacidad de hacer valer sus propias decisiones sin acudir previamente a un juez. Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos (art. 38 de la Ley 39/2015) y la Administración puede acudir a medios de ejecución forzosa (arts. 98 y siguientes de la misma ley). Nada de esto es Derecho penal: la pena solo puede imponerla un juez o tribunal. Tampoco debe confundirse con la autotutela privada, la «justicia por mano propia», que el Derecho penal reprime en el delito de realización arbitraria del propio derecho (art. 455 CP).
Cómo ejerce la Administración su potestad sancionadora
La potestad sancionadora de la Administración, tanto en el ámbito de la autotutela como en el de la heterotutela, se rige por el principio de legalidad (art. 25.1 CE). Las infracciones y las sanciones administrativas tienen que estar previstas en una ley o en una norma con rango de ley (ley estatal, decreto-ley, decreto legislativo o ley autonómica), y la Administración solo puede ejercerla cuando una norma con rango de ley la haya reconocido expresamente, aplicando el procedimiento previsto (art. 25.1 de la Ley 40/2015). Los reglamentos solo pueden colaborar en la tipificación en los términos que prevea la ley (art. 27.3 de la Ley 40/2015). Lo habitual es que las leyes faculten a determinados órganos de la Administración para imponer las sanciones.
Límites de la potestad sancionadora
- La Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad (art. 25.3 CE).
- Rigen los principios de legalidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, tipicidad, responsabilidad (dolo o culpa), proporcionalidad y prescripción (arts. 25 a 30 de la Ley 40/2015).
- Sus resoluciones pueden revisarse por los tribunales (art. 106.1 CE).
Relación con el Derecho penal
Los principios del Derecho penal se aplican al Derecho administrativo sancionador, aunque con matices. La clave es el non bis in idem: el Tribunal Constitucional ha declarado desde la STC 2/1981 que esta prohibición está integrada en los principios de legalidad y tipicidad del artículo 25.1 CE. En consecuencia, no pueden sancionarse los hechos que ya lo hayan sido penal o administrativamente cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento (art. 31 de la Ley 40/2015). Además, la Administración queda subordinada a la autoridad judicial: los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes la vinculan en los procedimientos sancionadores (art. 77.4 de la Ley 39/2015). En esta línea se sitúa la STC 77/1983, de 3 de octubre.
Conviene saber también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado desde el caso Engel (1976) que determinadas sanciones administrativas pueden tener carácter penal a efectos del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que deben, por tanto, respetar sus garantías.
Fuentes: Constitución Española (BOE) (arts. 25 y 106); Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE); Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE) (art. 455).
