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Infidelidad de los órganos societarios

La infidelidad de los órganos societarios agrupa tres delitos de los artículos 291, 292 y 293 del Código Penal: la imposición de acuerdos abusivos (art. 291), la imposición o el aprovechamiento de acuerdos lesivos adoptados por una mayoría ficticia (art. 292) y la lesión de los derechos sociales de participación (art. 293). Los tres forman parte del Capítulo XIII del Título XIII del Libro II («De los delitos societarios») y comparten reglas comunes: el artículo 296 exige la denuncia de la persona agraviada, salvo que el delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas, y el artículo 297 define qué se entiende por sociedad a estos efectos (cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad análoga que participe de modo permanente en el mercado).

Infidelidades societarias y Derecho Penal

Imposición de acuerdos abusivos (art. 291 del Código Penal)

El artículo 291 castiga con prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido a quienes, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o en el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impongan acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios y sin que reporten beneficios a la sociedad.

La legislación mercantil permite impugnar los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros (arts. 204 a 208 de la Ley de Sociedades de Capital). Desde la reforma de 2014 (Ley 31/2014), la propia ley mercantil entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, lo adopta la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios. Por eso debe acudirse a una interpretación restrictiva del precepto penal, ya que el Derecho penal está limitado por el principio de intervención mínima y solo cumple una función secundaria en esta materia.

El precepto parte de una realidad comprobada: en las sociedades la mayoría puede imponer su voluntad ante la impotencia de la minoría, incluso cuando lo acordado es contrario a las finalidades de la sociedad.

  • Bien jurídico: los intereses patrimoniales de los socios que se ven menoscabados cuando se imponen acuerdos abusivos.
  • Conducta típica: imponer un acuerdo abusivo. Aunque el art. 291 hable de «acuerdos abusivos», la doctrina entiende que basta un único acuerdo abusivo, y que si se imponen varios con unidad jurídica de acción existe un solo delito, sin que deba aplicarse la figura del delito continuado del art. 74 del Código Penal.
  • Qué es «abusivo»: la conducta que se usa mal, injusta e impropiamente desde un punto de vista penal. Un acuerdo social es típico cuando, contra la legislación mercantil, supone la negación de los derechos propios de la condición de socio, como los que reconoce el art. 93 de la Ley de Sociedades de Capital. También se ha entendido típico el acuerdo adoptado en perjuicio de los demás socios, con ánimo de lucro propio o ajeno, sin beneficio para la sociedad; solo cuando la posición dominante se utiliza para el propio lucro en detrimento del resto de los socios es aplicable el art. 291. La jurisprudencia menor se ha pronunciado en este sentido, al considerar abusivo el acuerdo adoptado con afán de lucro (propio o ajeno) que beneficia a unos socios o perjudica a otros, suponga o no ventaja para la sociedad (SAP de Lugo 51/2000, de 29 de enero).
  • Abuso de poder: la acción típica comporta un abuso de poder, que subjetivamente se refleja en el dolo del sujeto que actúa con la intención de utilizar esa situación ventajosa. La exigencia de que el abuso se concrete en un acuerdo que no reporta beneficio a la sociedad es una exigencia típica de gran importancia para delimitar la prohibición penal.
  • Sujeto pasivo: los socios minoritarios. El precepto exige expresamente como resultado un perjuicio para los «demás socios», sin incluir a la sociedad.
  • Sujeto activo: quien se prevalece de su situación mayoritaria en la junta o en el órgano de administración. No tiene por qué ser socio: también puede serlo quien, sin serlo, ocupe el órgano de administración, y los propios administradores de hecho o de derecho que sean socios.
  • Ámbito de aplicación: sociedades de capital y de personas (art. 297).
  • Tipo subjetivo: dolo directo, con exclusión del dolo eventual; conocimiento y voluntad del hecho y ánimo de lucro propio o ajeno.
  • Resultado: es un delito de resultado lesivo, «en perjuicio de los demás socios»: no basta con la finalidad de perjudicar, es necesario que el acuerdo se adopte efectivamente en perjuicio de ellos.

Acuerdos lesivos adoptados por mayoría ficticia (art. 292)

El artículo 292 impone la misma pena que el 291 a quienes impongan o se aprovechen, para sí o para un tercero y en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia. La mayoría ficticia puede obtenerse por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan de él, por negación ilícita del voto a quienes lo tengan reconocido por la ley o por cualquier otro medio semejante. La cláusula final aclara que se castiga sin perjuicio de sancionar el hecho como corresponda si constituye otro delito.

Lesión de los derechos sociales de participación (art. 293)

El artículo 293 castiga con multa de seis a doce meses a los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que, sin causa legal, nieguen o impidan a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes.

Su introducción en el Código de 1995 fue una de las decisiones más polémicas del legislador, porque se calificó de «inaceptable» que la norma penal añada un plus de gravedad al ilícito mercantil y amenace con una pena de carácter criminal conductas que materialmente pueden incluso carecer de responsabilidad extrapenal. El precepto no se ha modificado desde entonces, ni siquiera con la reforma de la Ley Orgánica 1/2015. Desde el principio de intervención mínima, cabe plantearse hasta qué punto, existiendo en el Derecho privado mecanismos para que los socios hagan valer sus derechos, es necesario acudir al ámbito penal.

  • Bien jurídico: se ha establecido con una visión dual. Desde el punto de vista interno, los intereses de los socios ajenos al grupo de control de la sociedad; desde el punto de vista externo, el adecuado funcionamiento de la sociedad.
  • Conducta típica: negar o impedir al socio, por cualquier procedimiento y sin causa legal, el ejercicio de ciertos derechos que le corresponden como tal. «Negar» es decir algo que no existe, que no es verdad o que no es como otro cree o afirma; «impedir» es interponer obstáculos insalvables para el ejercicio de los derechos previstos en el art. 293, sin causa legal que lo permita.
  • Sujeto activo: los administradores de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación.
  • Sujeto pasivo: el socio.
  • Tipo subjetivo: se exige dolo, directo o eventual (la Sentencia 84/2000 de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Navarra, de 19 de septiembre, lo ilustra).

Qué pasó con el artículo 295

El Código de 1995 incluía en este mismo Capítulo el artículo 295, que castigaba la administración desleal de los administradores de sociedades. La Ley Orgánica 1/2015 lo suprimió y trasladó esa conducta al artículo 252, que castiga a quien, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infringe excediéndose en su ejercicio y causa un perjuicio al patrimonio administrado, con las penas de la estafa.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».