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Inmigración ilegal o irregular en el marco del Derecho Penal de Empresa

La inmigración irregular (también llamada ilegal o clandestina) es el desplazamiento de personas a través de las fronteras sin cumplir las condiciones y requisitos que exige el país de destino. En España la inmigración se regula en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería), desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024, en vigor desde el 20 de mayo de 2025. Desde el punto de vista penal, interesan sobre todo dos cuestiones: el castigo de quienes ayudan a entrar o permanecer irregularmente en el país (art. 318 bis del Código Penal) y el de quienes engañan a una persona para que emigre simulando un contrato o una colocación (art. 313).

Inmigracion ilegal o irregular y Derecho penal

Inmigración «irregular» o «ilegal»: la diferencia

La ley y la doctrina prefieren hablar de inmigración «irregular» y de persona «en situación irregular», porque ninguna persona es «ilegal». Estar en España sin autorización de estancia o residencia no es un delito, sino una infracción administrativa que puede castigarse con multa o con la expulsión conforme a la Ley de Extranjería. Es el comportamiento de quien lo facilita el que, en determinados casos, constituye delito.

Favorecimiento de la inmigración irregular (art. 318 bis del Código Penal)

El artículo 318 bis se encuentra en el Título XV bis («Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros») y su redacción actual procede de la Ley Orgánica 1/2015. Hasta la reforma de 2015 el precepto castigaba con prisión de cuatro a ocho años a quien promoviera, favoreciera o facilitara, directa o indirectamente, el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, sin distinguir supuestos; esa redacción ya no está vigente. Hoy el precepto distingue:

  • Ayuda a entrar o transitar (art. 318 bis.1): quien ayude intencionadamente a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar por él vulnerando la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros se castiga con multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. Los hechos no son punibles cuando el objetivo del autor es únicamente prestar ayuda humanitaria. Si hay ánimo de lucro, la pena se impone en su mitad superior.
  • Ayuda a permanecer (art. 318 bis.2): quien ayude con ánimo de lucro a una persona no nacional de un Estado miembro de la Unión a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros, tiene la misma pena (multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año).
  • Agravaciones (art. 318 bis.3): prisión de cuatro a ocho años cuando los hechos del apartado 1 se cometan en el seno de una organización dedicada a estas actividades (con la pena en su mitad superior para jefes, administradores o encargados) o cuando se ponga en peligro la vida de las personas o se cree el peligro de lesiones graves.
  • Autoridades y funcionarios (art. 318 bis.4): las mismas penas de la agravación y, además, inhabilitación absoluta de seis a doce años cuando el autor se prevale de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
  • Personas jurídicas (art. 318 bis.5): multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido si esa cantidad fuese más elevada, además de las penas del artículo 33.7 (letras b a g). Es uno de los delitos que dan lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Pena inferior en grado (art. 318 bis.6): los tribunales pueden imponerla atendiendo a la gravedad del hecho, a las condiciones del culpable y a la finalidad perseguida.

Diferencia con la trata de seres humanos

El tráfico de personas (art. 318 bis) protege el interés del Estado en el control de los flujos migratorios y los derechos de los ciudadanos extranjeros, y la persona trasladada suele consentir. La trata de seres humanos (art. 177 bis) exige que se capte, transporte, traslade, acoja o reciba a una persona empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de su situación de necesidad o vulnerabilidad, con fines de explotación (trabajo forzado, explotación sexual, actividades delictivas, extracción de órganos o matrimonio forzado). Protege la dignidad y libertad de la víctima, puede darse sin que se cruce ninguna frontera y se castiga con prisión de cinco a ocho años. El propio artículo 177 bis.9 deja claro que sus penas se imponen sin perjuicio de las del artículo 318 bis y las de los demás delitos cometidos.

Favorecimiento de la emigración simulando contrato o colocación (art. 313)

En el ámbito del Derecho penal de la empresa, el artículo 313 castiga a quien determine o favorezca la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, con la pena del artículo 312 (prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses). Este delito se encuentra entre los delitos contra los derechos de los trabajadores y está relacionado con el artículo 312, que castiga el tráfico ilegal de mano de obra y el empleo de súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen sus derechos.

Qué se entiende por «emigrar»

A estos efectos, por «emigrar» debe entenderse ausentarse temporalmente del propio país para realizar en otro determinadas faenas. Las emigraciones ajenas al marco laboral quedan excluidas, porque así lo determinan el sentido gramatical del tipo y el Título en el que se incluye; pero la migración no se limita a la salida del trabajador desde España a un tercer país, sino que abarca también su llegada a nuestro territorio desde otro lugar. El verbo «emigrar» presupone el resultado material del tipo, al que se llega mediante dos clases de acción: «favorecer» o «determinar». El delito se consuma, por tanto, en el momento en que se produce el resultado de la emigración, es decir, cuando el trabajador se ausenta del país.

El especial desvalor de la acción lo integra una maniobra engañosa, que puede revestir variadas formas, ya que el legislador ha recurrido a una cláusula abierta: «usando de otro engaño semejante» a los que se enumeran como ejemplo («simulando contrato o colocación»). Ayudar a emigrar a quien ya está decidido a hacerlo, aunque haya sido movido por el engaño de un tercero, no es conducta típica.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería (BOE); Reglamento de la Ley de Extranjería, Real Decreto 1155/2024 (BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».