Portada » Delitos » Insolvencias punibles o fraudulentas

Insolvencias punibles o fraudulentas

Las insolvencias punibles (o insolvencias fraudulentas) son los delitos con los que el Código Penal castiga determinadas conductas del deudor que frustran el derecho de crédito de sus acreedores, ya sea ocultando o dilapidando su patrimonio, ya sea gestionando de forma gravemente irregular una situación de insolvencia actual o inminente. Tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 se regulan en el Título XIII del Libro II, en dos capítulos: el Capítulo VII («Frustración de la ejecución», arts. 257 a 258 ter, que incluye el alzamiento de bienes) y el Capítulo VII bis («De las insolvencias punibles», arts. 259 a 261 bis).

Insolvencia punible y Derecho penal

Concepto y bien jurídico

Para la efectiva tutela de los bienes jurídicos en esta materia es necesario remitirse a normas extrapenales, tanto del ámbito mercantil como del laboral, que permiten entender y valorar el concepto y la regulación de las situaciones de insolvencia. Por un lado, la legislación concursal: hoy, el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), reformado por la Ley 16/2022, que ha desarrollado alternativas al concurso, acuerdos de refinanciación y soluciones rápidas para las situaciones de crisis empresarial. Por otro, los principios del Derecho laboral, cuando los acreedores son trabajadores.

Al Derecho penal le interesa evitar las conductas ilícitas perjudiciales para los derechos de los acreedores. Como recoge el profesor Muñoz Conde, el Derecho penal de las insolvencias punibles lo integran «delitos de contenido patrimonial que afectan al derecho de crédito, ilícitamente frustrado, de los acreedores».

El artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Concursal define la insolvencia: se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (insolvencia actual), y en estado de insolvencia inminente el que prevé que, en los tres meses siguientes, no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Dicho de otro modo, hay insolvencia cuando el importe de las deudas exigibles de una persona, física o jurídica, supera de forma permanente al de sus bienes y derechos realizables.

Alzamiento de bienes e insolvencia punible: la diferencia

Aunque la rúbrica antigua del Capítulo VII («De las insolvencias punibles») abarcaba ambos grupos, hoy conviene distinguirlos:

  • El alzamiento de bienes (art. 257) castiga a quien se alza con sus bienes en perjuicio de sus acreedores o realiza actos de disposición que dilaten, dificulten o impidan un embargo o un procedimiento ejecutivo, iniciado o de previsible iniciación. Es un delito de peligro para el derecho de crédito y no exige que el deudor sea insolvente en sentido concursal.
  • La insolvencia punible (art. 259) exige que el deudor se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente (o la cause con su conducta) y que realice alguna de las conductas descritas en el precepto, relacionadas sobre todo con la gestión del patrimonio y de la contabilidad.

Se trata de delitos distintos, aunque pueden concurrir. El artículo 257.5 aclara que el alzamiento se persigue aunque tras su comisión se inicie un procedimiento concursal.

Delitos de frustración de la ejecución (arts. 257 a 258 ter)

  • Alzamiento de bienes (art. 257): prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses; si la deuda es de Derecho público y la acreedora una persona jurídico-pública, o deriva de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.
  • Presentación de relación de bienes incompleta o mendaz (art. 258): prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, a quien en un procedimiento de ejecución presente una relación incompleta o mendaz que dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor, o a quien, requerido, no la facilite.
  • Uso de bienes embargados (art. 258 bis): prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses a quien use bienes embargados constituidos en depósito sin estar autorizado.
  • Personas jurídicas (art. 258 ter): multa que va de seis meses a cinco años según la pena que corresponda a la persona física.
Insolvencia fraudulenta y empresa

Insolvencias punibles (arts. 259 a 261 bis)

Insolvencia punible (art. 259)

Se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses a quien, encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las conductas que enumera el artículo 259.1, entre ellas:

  • Ocultar, dañar o destruir bienes que estarían incluidos en la masa del concurso.
  • Realizar actos de disposición desproporcionados y sin justificación económica o empresarial.
  • Vender o prestar servicios por precio inferior al coste sin justificación económica.
  • Simular créditos de terceros o reconocer créditos ficticios.
  • Participar en negocios especulativos sin justificación económica y contrarios al deber de diligencia.
  • Incumplir el deber de llevar contabilidad, llevar doble contabilidad o cometer irregularidades contables relevantes; destruir u ocultar documentación contable que debía conservarse; o formular las cuentas anuales contra la normativa contable de forma que se dificulte el examen de la situación económica real.
  • Realizar cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio o la ocultación de la situación económica real.

La misma pena se impone a quien, mediante esas conductas, cause su situación de insolvencia (art. 259.2). Si los hechos se cometen por imprudencia, la pena es de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses (art. 259.3). El delito solo es perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado en concurso (art. 259.4). Puede perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso, y la calificación de la insolvencia en el proceso concursal no vincula a la jurisdicción penal (art. 259.5 y 6).

Favorecimiento de acreedores (art. 260)

Castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de ocho a veinticuatro meses al deudor en insolvencia actual o inminente que favorezca a alguno de sus acreedores con un pago de un crédito no exigible o con una garantía a la que no tenía derecho, si la operación carece de justificación económica o empresarial. Y con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, al deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso y sin autorización, pague a unos acreedores con posposición del resto.

Datos falsos en el concurso (art. 261)

Quien presente en el procedimiento concursal, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable para lograr indebidamente la declaración de concurso, es castigado con prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses.

Personas jurídicas (art. 261 bis)

Cuando una persona jurídica es responsable de estos delitos, se le impone multa de dos a cinco años (si el delito de la persona física tiene prevista pena de prisión de más de cinco años), de uno a tres años (más de dos años) o de seis meses a dos años (resto). Las reglas generales están en el régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, el artículo 31 permite castigar a los administradores de hecho o de derecho aunque la condición de deudor concurra solo en la sociedad. Como el delito del artículo 259 tiene una pena máxima de cuatro años de prisión, prescribe a los cinco años (art. 131.1).

Qué cambió con la reforma de 2015

La Ley Orgánica 1/2015 reordenó la materia. Antes, los artículos 259 a 261 se ocupaban de los «delitos relativos a concursos de acreedores», y en ellos se castigaba, entre otras conductas, al deudor declarado en concurso cuando su situación había sido causada o agravada dolosamente; la línea divisoria con el alzamiento parecía situarse en el inicio o no de un procedimiento concursal. Desde 2015 se creó un capítulo propio para las insolvencias punibles, con conductas descritas en detalle, y el delito ya no exige que el concurso haya sido declarado: basta la insolvencia actual o inminente junto con alguna de las conductas descritas, y la perseguibilidad se condiciona al incumplimiento regular de las obligaciones o a la declaración de concurso. Hoy se habla, por eso, de «insolvencia punible» y no de «quiebra fraudulenta», expresión propia de la legislación mercantil anterior a la Ley Concursal de 2003.

Jurisprudencia: sentencia del Tribunal Supremo 400/2014

El Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), en su sentencia 400/2014, de 15 de abril, condenó por alzamiento de bienes a un acusado que, tras no pagar los honorarios de sus abogados, realizó diversas transferencias y disposiciones en efectivo hasta hacer desaparecer la importante cantidad obtenida con el trabajo de aquellos. La sentencia estableció que no es necesario que el crédito sea líquido y exigible. Se aplicó la redacción anterior a la reforma de 2015, pero sigue siendo útil para entender el alzamiento.

Cabe destacar algunas afirmaciones: el Tribunal señala que «en principio todas las conductas encajables en el art. 258 son susceptibles de acoplarse también en el art. 257; y la pena es exactamente la misma», lo que no resulta convincente, porque el artículo 257.1 contiene dos conductas distintas (alzarse con los bienes y obstaculizar el embargo, hoy 257.1.1.º y 2.º) con matices propios; y describe el delito como un tipo de peligro: no hacen falta reclamación previa, liquidación exacta ni requerimientos, y basta evadir bienes para sustraerlos de los acreedores. Una crítica doctrinal sostiene que una interpretación tan amplia genera inseguridad jurídica y limita en exceso la libertad de disposición de los propietarios, por lo que deberían exigirse el carácter fraudulento de la disposición o un perjuicio posible o efectivo para el acreedor. Sobre la prueba, la doctrina que comenta la sentencia comparte su reflexión: exigir una prueba absoluta de la insolvencia haría imposible condenar, una probatio diabolica, aunque debería existir al menos una prueba indiciaria (por ejemplo, un requerimiento de pago o una notificación de incumplimiento). Por último, la propia sentencia apunta la paradoja de imponer una pena de multa a una sociedad insolvente.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, BOE); Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal (BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».