La prueba del dolo consiste en acreditar en el proceso que el acusado actuó conociendo los elementos del tipo y, en su caso, queriendo realizarlos o aceptando su producción. Como el dolo es un elemento subjetivo, un hecho interno del acusado, no puede observarse directamente; por eso, como ocurre con todos los elementos subjetivos, la convicción de que el sujeto ha actuado con conocimiento o previsión del resultado debe obtenerla el juez a través de indicios, salvo los pocos casos en que el acusado reconozca que actuó con dolo.
El dolo se prueba por indicios
La prueba del dolo es, por regla general, prueba indirecta o indiciaria. El juez parte de hechos objetivos acreditados (los indicios) y, a través de un razonamiento lógico, infiere de ellos el conocimiento y la voluntad del acusado. Para que la inferencia sea válida no basta la sospecha: los indicios han de estar probados, y la sentencia debe explicar el razonamiento que lleva de ellos al dolo, de forma que pueda ser controlado en los recursos. Así lo exige la presunción de inocencia (art. 24.2 de la Constitución) y la apreciación razonada de las pruebas que impone el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Indicios más relevantes para afirmar el dolo
Entre los indicios más relevantes para afirmar que el sujeto ha actuado con previsión del resultado se encuentran:
- La inminencia de la lesión o el grado de peligro creado.
- Las medidas de control del riesgo adoptadas por el sujeto.
- Los conocimientos derivados de las características personales del autor (su profesión, experiencia o capacidades).
- La amenaza de una poena naturalis: que el propio autor pueda resultar lesionado será un indicio de que no actuó dolosamente.
- La relación volitiva con el resultado.
- El comportamiento posterior al hecho del sujeto.
Probabilidad del resultado y dolo
Un elevado grado de probabilidad de causar un resultado no es requisito necesario para afirmar el carácter doloso de la conducta. También son dolosos los casos en que el resultado se causa a pesar de la escasa probabilidad objetiva de producirlo, siempre que, conforme a otros datos del hecho, pueda afirmarse que el autor actuó con representación del resultado (y siempre, claro está, que se haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, lo cual se habrá comprobado al afirmar la imputación objetiva).
Tampoco el hecho de que el peligro creado por el autor fuera muy alto conlleva por sí mismo la afirmación del dolo si este no advirtió dicho peligro. Son los casos que el Tribunal Supremo llama a veces de «imprudencia temeraria rayana en el dolo eventual».
Dolo directo, dolo eventual e imprudencia consciente
La frontera más difícil en la práctica separa el dolo directo y dolo eventual de la imprudencia consciente. En ambos casos el autor se representa la posibilidad de causar el resultado; en el dolo eventual actúa pese a ello, asumiendo o aceptando que pueda producirse, mientras que en la imprudencia consciente confía en que no se producirá. Desde la sentencia del caso del aceite de colza (STS de 23 de abril de 1992), la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha aplicado en numerosas resoluciones un criterio que privilegia el elemento intelectivo (el conocimiento del peligro concreto que la conducta genera para el bien jurídico) sobre el volitivo, sin excluir por completo este último; por eso los indicios anteriores (grado de peligro, medidas de control, comportamiento posterior) son los que permiten afirmar o descartar que el autor aceptó el resultado.
Cuándo no hay dolo
Si el autor no conoció los elementos del tipo, falta el dolo (error de tipo, art. 14.1 CP). Si el error era invencible, la conducta queda impune; si era vencible, se castiga como imprudente cuando la ley prevea esa modalidad (art. 12 CP). La carga de probar el dolo corresponde a la acusación: la duda sobre si el acusado conocía el riesgo debe resolverse a su favor (in dubio pro reo).
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), arts. 5, 12 y 14; Constitución Española (BOE), art. 24.2; Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE), art. 741.
