La oposición al control administrativo es el delito del artículo 294 del Código Penal, que castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a los administradores, de hecho o de derecho, de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, que nieguen o impidan la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. Además, la autoridad judicial puede decretar alguna de las medidas del artículo 129 (consecuencias accesorias para empresas y entidades). El precepto no ha sido modificado desde 1995.
Este delito se justifica en términos criminales por un factor práctico: las entidades de crédito o de inversión se muestran, normalmente, renuentes a dar a conocer su verdadera situación patrimonial, a lo que se añade la desconfianza institucional hacia los órganos de inspección interna, que obstaculizan el control externo (como ilustran el «Caso Gescartera», el «Caso BBVA» o el «Caso Banesto»).
No obstante, en el ordenamiento jurídico español existe ya una normativa administrativa sancionadora, de carácter sectorial (entidades de crédito, mercado de valores, seguros), que regula conductas de obstaculización coincidentes con las descritas en el precepto penal. El principio non bis in idem (hoy recogido en el art. 31 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público) impide la doble sanción por identidad de hecho, sujeto y fundamento, de modo que no toda obstaculización merecedora de sanción administrativa tiene que ser típica conforme al artículo 294. Por eso el precepto debe restringirse, prima facie, a los supuestos de obstaculización que suponen un impedimento absoluto y firme de la actividad inspectora o supervisora.
El artículo 294 se refiere a sociedades relacionadas, de alguna manera, con mercados sujetos a supervisión (el Banco de España y el Banco Central Europeo respecto de las entidades de crédito, la Comisión Nacional del Mercado de Valores respecto del mercado de valores, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones respecto de las aseguradoras). Si no fuera así, bastaría con remitir esta conducta al artículo 297, que vincula la noción de sociedad a la de entidad que participa de modo permanente en el mercado; por eso hay que acudir al Derecho administrativo para determinar quién puede cometer este delito societario.
Bien jurídico
El objeto de protección lo delimitan, tanto el artículo 294 como las infracciones administrativas similares, la claridad y la transparencia que deben observar las sociedades en sus relaciones con las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras.
Sujeto pasivo
El sujeto pasivo es la colectividad, personificada por el Estado, y puede coincidir con el órgano administrativo o el departamento ministerial facultado para llevar a cabo las actuaciones inspectoras o supervisoras. Por eso, aunque el artículo 296 exige denuncia de la persona agraviada en los delitos societarios, no es necesaria cuando el delito afecta a los intereses generales, como aquí.
Sujeto activo
El sujeto activo es el «administrador de hecho o de derecho» (administrador de hecho y de derecho). Han de ser personas que pertenezcan a alguna de las sociedades sometidas a supervisión administrativa o que actúen en mercados supeditados a ella.
La conducta típica: «negar» e «impedir»
El precepto utiliza el verbo «impedir» en el sentido de «no conceder», refiriéndose a la entrega de la documentación requerida, porque si se entrega documentación falsa (si se falsearan los documentos) se estaría en el ámbito del artículo 290 (falsedad societaria). «Negar» significa, en este artículo, decir que no a lo que se pretende o se pide, o no concederlo. La obstaculización penalmente típica habrá de ser firme y debe comportar un impedimento absoluto de la actividad inspectora o supervisora. Por ello solo se han de sancionar las conductas que objetivamente puedan calificarse como negativa o impedimento muy graves, en función de las circunstancias, los medios empleados y las consecuencias.
Tipo subjetivo
La forma de comisión es intencional (dolo directo); podría admitirse el dolo eventual, pero no es una cuestión pacífica en la doctrina.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».
