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La pena en la legislación penal española

Escritorio con pluma antigua, pergamino y balanza que evocan la codificación penal histórica

La pena en la legislación penal española tiene su origen en el proceso codificador del siglo XIX, que sustituyó el Derecho penal del Antiguo Régimen por códigos escritos y ordenados. Desde entonces cada régimen político ha tenido su Código Penal, hasta el de 1995, que es el vigente.

Del Antiguo Régimen a la codificación

Antes de la codificación el Derecho penal era disperso y muy duro: abundaban las penas corporales, la pena de muerte, los suplicios y los escarmientos públicos.

Ese sistema entra en crisis con las ideas de la Ilustración, que se difunden a partir de la Revolución Francesa y de obras como De los delitos y de las penas (1764), de Cesare Beccaria. Esas ideas se plasman en la Constitución de 1812 y en el primer Código Penal español, el de 1822, de vigencia efímera porque quedó sin efecto al restablecerse el absolutismo en 1823.

Los códigos del siglo XIX

El primer código de aplicación duradera fue el Código Penal de 1848, reformado en 1850. Tras la revolución de 1868 y la Constitución de 1869 se aprobó el Código Penal de 1870, que adaptó la legislación penal al nuevo régimen constitucional. No existe, por tanto, un «Código Penal de 1868»: esa fecha corresponde a la revolución, no a un texto legal.

El siglo XX: de 1928 a 1995

El Código Penal de 1870 estuvo en vigor hasta 1928, cuando la dictadura de Primo de Rivera aprobó un nuevo código. La Segunda República lo derogó, restableció el de 1870 y aprobó después el de 1932, adaptado a la Constitución de 1931. Este último rigió hasta 1944, cuando el régimen de Franco aprobó un nuevo Código Penal, que fue objeto de reformas y textos refundidos en 1963, 1971 y 1973.

El Código de 1973 se siguió aplicando ya en democracia, con reformas parciales durante los años ochenta, hasta la aprobación del actual Código Penal por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, conocido como el «Código Penal de la democracia».

La abolición de la pena de muerte

La Constitución de 1978 abolió la pena de muerte en su artículo 15, con una excepción: «salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». Las últimas ejecuciones de la historia de España se llevaron a cabo el 27 de septiembre de 1975, con cinco fusilamientos en los últimos meses de la dictadura.

La excepción militar desapareció con la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolió la pena de muerte en tiempo de guerra y la suprimió del Código Penal Militar. Desde su entrada en vigor, el 29 de noviembre de 1995, la pena de muerte no existe en ninguna circunstancia en el ordenamiento español. España reforzó esa abolición al ratificar el Protocolo n.º 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, cuyo instrumento de ratificación se publicó en el BOE el 30 de marzo de 2010.

Las penas en el Código Penal vigente

El Código Penal de 1995 reordenó el sistema de penas. Según su artículo 32, las penas son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa, y el artículo 33 las clasifica por su naturaleza y duración en graves, menos graves y leves. Las penas privativas de libertad son la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (artículo 35). La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo las excepciones previstas en el propio Código (artículo 36.2).

Las reformas posteriores han modificado ese sistema. La Ley Orgánica 1/2015 (en vigor desde el 1 de julio de 2015) suprimió las faltas, que pasaron a ser delitos leves o infracciones administrativas, e introdujo la prisión permanente revisable, que el Tribunal Constitucional declaró conforme con la Constitución en su Sentencia 169/2021, de 6 de octubre. El artículo 25.2 de la Constitución exige además que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, una idea que enlaza con las teorías de la pena.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Constitución Española (BOE); Ley Orgánica 11/1995, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra (BOE); Protocolo n.º 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (BOE); STC 169/2021, de 6 de octubre (BOE).