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La protección penal de la libre competencia

La protección penal de la libre competencia y del mercado se concentra, en el Código Penal, en la Sección 3.ª del Capítulo XI del Título XIII («De los delitos relativos al mercado y a los consumidores»), que protege bienes jurídicos que tienen en común la actividad económica y el espacio en el que operan las empresas y los consumidores. En la misma Sección se protegen intereses patrimoniales de empresas y consumidores individuales y bienes colectivos cuya protección penal se justifica en la relevancia de un interés común que merece una tutela diferenciada y, en ocasiones, adelantada a través de normas penales.

Libre competencia y Derecho penal

Qué es la libre competencia

La libre competencia es el régimen de mercado en el que las empresas compiten entre sí en condiciones de igualdad, sin acuerdos que repartan el mercado o fijen precios, sin abusos de quien ocupa una posición dominante y sin prácticas desleales, de modo que el consumidor pueda elegir. La Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38) y la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, prohíbe los acuerdos restrictivos, el abuso de posición dominante y el falseamiento de la competencia por actos desleales; su aplicación corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, para las prácticas con dimensión europea, a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En España la mayor parte de las conductas contrarias a la competencia se sanciona por la vía administrativa. El Derecho penal queda reservado a los ataques más graves: la protección de los secretos de empresa, el uso abusivo de información privilegiada, la manipulación de precios (arts. 278 a 285) y, fuera de esta Sección, la alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262).

El régimen económico y jurídico de competencia en el que se mueven las empresas se basa, de forma primordial, en la acumulación de conocimientos sobre el sector, que reciben una protección específica bajo la denominación de secretos. Estos fundamentan la intervención penal al margen de la propiedad industrial: cuando aquella ya obtiene su propia protección, los secretos se convierten en el principal exponente de la competencia directa con los rivales. Las penas varían según la licitud o ilicitud del acceso al secreto, la obligación de reserva de quien lo difunde o la utilización del secreto en provecho propio.

El espionaje industrial (art. 278)

Castiga a quien, para descubrir un secreto de empresa, se apodera por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o emplea alguno de los medios del artículo 197.1 (los de la intromisión en la intimidad ajena), con prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. El tipo agravado, con prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses, se aplica si los secretos descubiertos se difunden, revelan o ceden a terceros. Todo ello es independiente de las penas que correspondan por el apoderamiento o la destrucción de los soportes informáticos (hurto, robo, etc.).

La violación de los deberes de reserva (art. 279)

Se penaliza la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa por parte de quien ha tenido acceso a él de forma legítima, pero tiene legal o contractualmente obligación de guardar reserva. La pena es de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Se diferencia del caso anterior solo en la forma de acceder al secreto. Si el secreto se utiliza en provecho propio, las penas se imponen en su mitad inferior.

La violación de secretos sin intervenir en el descubrimiento (art. 280)

Castiga con prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, difunde, revela o cede secretos de empresa. La definición de secreto empresarial y los remedios civiles se regulan en la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales.

La utilización de información privilegiada en el mercado de valores (art. 285)

El artículo 285, reformado por la Ley Orgánica 1/2019 (que transpuso directivas europeas sobre abuso de mercado) y por la Ley Orgánica 14/2022, castiga a quien, directa o indirectamente o por persona interpuesta, adquiere, transmite o cede un instrumento financiero, o cancela o modifica una orden relativa a él, utilizando información privilegiada a la que tuvo acceso reservado, o recomienda a un tercero que la use. La pena es de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años (o del tanto al triplo del beneficio obtenido o del perjuicio evitado, si esa cantidad fuese más elevada) e inhabilitación especial de dos a cinco años, siempre que concurra alguna de estas circunstancias:

  • Que se obtenga, para sí o para un tercero, un beneficio superior a 500.000 euros o se cause un perjuicio de idéntica cantidad (la redacción anterior hablaba de 600.000 euros).
  • Que el valor de los instrumentos financieros empleados supere los dos millones de euros.
  • Que se cause un grave impacto en la integridad del mercado.

Se impone la pena en su mitad superior si el autor se dedica habitualmente a estas prácticas o el beneficio, la pérdida evitada o el perjuicio son de notoria importancia, y también si es trabajador de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o entidad rectora de mercados.

Responsabilidad de las personas jurídicas

Cuando una persona jurídica es responsable de estos delitos, el artículo 288 le impone penas de multa específicas: para los secretos de empresa (arts. 278 a 280), la manipulación de precios (art. 284) y la información privilegiada (art. 285), multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener si esa cantidad fuese más elevada, cuando la pena del delito de la persona física supere los dos años de prisión, y multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio, en los demás casos. Conviene consultar el régimen general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Constitución Española (BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».