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Operación Púnica: detenidos, trama y sentencias

Escritorio sobrio con documentos legales y útiles de escritura que sugieren investigación judicial

La operación Púnica fue una investigación de la Audiencia Nacional, dirigida por el juez Eloy Velasco, sobre una red de corrupción en la contratación pública de ayuntamientos y otras administraciones, con detenciones de alcaldes, cargos municipales y empresarios a finales de octubre de 2014. Esta entrada recoge la crónica de aquellos primeros días, con las declaraciones de los detenidos ante el juez, y el desenlace judicial que ha tenido después.

Los detenidos que declararon ante el juez en octubre de 2014

Tras las detenciones, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomó declaración a 12 de los detenidos. Entre ellos destacaban el alcalde de Parla, José María Fraile; su jefe de gabinete, Antonio Borrego; el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas; el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez; el responsable de obras públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés; el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz; el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle, Marco Durán; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y el concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Alejandro de Utrilla.

La trama de la operación Púnica

Según la investigación, la trama corrupta habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos años anteriores y tenía como objetivo el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos, y no la financiación de sus formaciones políticas. La organización se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencia en el ámbito municipal, regional y de las diputaciones para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables, como la eficiencia energética; a cambio, los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.

El juez Velasco calificó la red como una «trama organizada con perduración temporal y reparto de roles» que llegó a obtener la adjudicación irregular de numerosos contratos públicos, en algunos casos de hasta 100 millones de euros. En su facturación, según el juez, las autoridades municipales «se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo». Los delitos que se imputaban eran integración en organización criminal, malversación, delito de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude.

Los imputados en 2014

Estas son las imputaciones y medidas cautelares que recogieron los autos de situación personal de octubre de 2014, antes de cualquier sentencia; en aquel momento eran solo indicios y todos los investigados gozaban de la presunción de inocencia.

  • José María Fraile: el juez dictó prisión eludible con una fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, que supuestamente recibió una donación de la empresa de eficiencia energética Cofely a cambio de la adjudicación de un contrato de 54,6 millones de euros. El dinero se habría blanqueado mediante una empresa auditora vinculada a Marjaliza.
  • Antonio Borrego: se le imputaban los mismos delitos al jefe de gabinete, que supuestamente negoció los términos del contrato con el empresario Marjaliza y con Alejandro de Pedro, gestionó la donación y controló la ejecución del contrato.
  • Gonzalo Cubas: el regidor de Torrejón de Velasco estaba imputado por seguir las directrices de su cuñado, el empresario Marjaliza, sobre a quién cobrar y cuándo, e informarle detalladamente del desarrollo de los contratos. El juez advirtió que posiblemente se estaba empezando a preparar un mecanismo para adjudicar unas obras de rehabilitación a una empresa de Eduardo de la Peña.
  • Agustín Juárez: libertad bajo fianza de 40.000 euros, por haber concertado el contrato con Cofely supuestamente a cambio de 70.000 euros. El blanqueo se habría producido a través de empresas de Marjaliza que elaboraban facturas falsas.
  • Avelino Pérez Pallarés: encargado de supervisar el contrato con Cofely y de controlar la partida presupuestaria. El juez decretó su prisión eludible con una fianza de 20.000 euros.
  • David Rodríguez Sanz: redactó, siguiendo instrucciones de Marjaliza, los pliegos del contrato de eficiencia energética con Cofely, lo que le daba un conocimiento privilegiado de cara a la adjudicación; el juez apreciaba además indicios de posibles casos de cohecho. Quedó en libertad sin fianza, aunque siguió imputado.
  • José Martínez Nicolás: participaba supuestamente en la trama de facturas falsas. Quedó en libertad sin fianza, aunque siguió imputado.
  • Marco Durán: en libertad pero imputado, por alterar supuestamente la valoración de las ofertas del concurso, con la connivencia del alcalde Antonio Sánchez Fernández, para favorecer la adjudicación a Cofely.
  • Francisco Ruiz Valenzuela: participaba junto con el empresario Alejandro de Pedro en la articulación de los procedimientos de contratación de la Diputación de León, predeterminados para su adjudicación a empresas vinculadas a este. Quedó en libertad sin fianza, aunque siguió imputado.
  • Alejandro de Utrilla: concejal de Medio Ambiente de Móstoles, donde habían de realizarse las instalaciones. Quedó en libertad sin fianza, aunque imputado, porque Cofely tenía supuestamente comprometida la entrega de 240.000 euros en ese municipio y había indicios de que buscaba un medio de blanquear el dinero.

Cómo terminó: la sentencia de la pieza 6 (diciembre de 2025)

La causa se dividió en piezas separadas. El 22 de diciembre de 2025, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia en la pieza 6, la de los contratos de eficiencia energética adjudicados a Cofely en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid entre marzo de 2012 y octubre de 2014. De las 37 personas físicas y jurídicas juzgadas, 29 fueron condenadas. La nota del Poder Judicial destaca las siguientes condenas:

  • David Marjaliza: ocho años y dos meses de prisión por organización criminal, blanqueo agravado, fraude continuado, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil, con las atenuantes de confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño.
  • Directivos de Cofely: el entonces director general y un director comercial, seis años y seis meses de prisión; otro director comercial, seis años y once meses.
  • José María Fraile (Parla): dos años de prisión por fraude, prevaricación y cohecho, y cuatro meses y quince días por tráfico de influencias.
  • Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco): tres años de inhabilitación especial por prevaricación.
  • Agustín Juárez (Collado Villalba): cuatro años y seis meses de prisión por fraude, prevaricación y cohecho, con la atenuante de dilaciones indebidas.
  • Otros cargos municipales de Moraleja de Enmedio, Móstoles y Serranillos del Valle fueron condenados a penas de prisión de entre casi tres y cuatro años y seis meses, mientras que fueron absueltos expresamente los exregidores de Almendralejo y de Valdemoro.

La empresa Cofely fue condenada como persona jurídica por cohecho continuado (tres años y seis meses de multa, con cuota diaria de 2.500 euros) y por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Parla (seis meses de multa), y absuelta de blanqueo. El tribunal consideró que su modelo de cumplimiento normativo no fue eficaz para prevenir las prácticas corruptas, lo que conecta con la responsabilidad penal de las personas jurídicas (arts. 31 bis y 427 bis del Código Penal). El tribunal apreció además dilaciones indebidas, porque la causa se inició el 18 de junio de 2014 y se sentenció once años después. Las fuentes consultadas no precisan si la sentencia es firme.

En julio de 2026, la misma Sección de la Audiencia Nacional condenó al exconsejero madrileño Francisco Granados a dos años y seis meses de prisión por fraude y prevaricación continuados en la pieza 7, relativa a contratos de festejos con la empresa Waiter Music entre 2007 y 2014.

Los delitos de la trama, en el Código Penal vigente

  • Cohecho (arts. 419 a 427 bis): el funcionario que recibe o solicita una dádiva para realizar un acto contrario a los deberes de su cargo (art. 419) o propio de su cargo (art. 420), y el particular que la ofrece o entrega (art. 424), que tiene previstas penas específicas, también para la sociedad que representa, cuando la actuación se relaciona con procedimientos de contratación, subvenciones o subastas públicas (art. 424.3). El art. 427 bis prevé penas de multa para las personas jurídicas.
  • Tráfico de influencias (arts. 428 a 430), tanto del funcionario que influye en otro funcionario como del particular.
  • Malversación (arts. 432 y siguientes, reformados por la Ley Orgánica 14/2022).
  • Fraudes y exacciones ilegales (art. 436): el funcionario que, interviniendo en contratación pública, se concierta con los interesados o usa de cualquier artificio para defraudar a un ente público.
  • Prevaricación administrativa (art. 404), con inhabilitación especial de nueve a quince años.
  • Revelación de secretos por funcionario (art. 417) y blanqueo de capitales (art. 301).
  • Organización criminal (art. 570 bis): agrupación de más de dos personas, con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten tareas o funciones para cometer delitos.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Nota de prensa del Poder Judicial sobre la sentencia de la pieza 6 (22/12/2025); Euronews, sentencia de la pieza 7 (julio de 2026).