Durante el día de ayer, el Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tomó declaración a 12 de los detenidos en la operación púnica. Entre ellos destacan, el alcalde de Parla, José María Fraile; su jefe de gabinete, Antonio Borrego; el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas; el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez; el responsable de obras públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés; el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz; el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle, Marco Durán; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y el concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Alejandro de Utrilla.
La trama de la operación púnica:
La trama corrupta, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos, y no la financiación de sus respectivas formaciones políticas.
La organización se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética y a cambio, los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, califica la red como una «trama organizada con perduración temporal y reparto de roles» que llegó a obtener la adjudicación irregular de “numerosos” contratos públicos, que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros. En la facturación de estos contratos, el Juez de la Audiencia Nacional expone que «las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo«.
Los delitos que se les imputan por estos hechos son integración de organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude.
Los imputados de la operación púnica:
JOSÉ MARÍA FRAILE: El Juez de la Audiencia Nacional ha dictado el ingreso en prisión eludible con una fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, ya que, en su auto de situación personal, José María Fraile supuestamente recibió una donación por parte de la empresa de eficiencia energética y medioambiental, Cofely a cambio de la adjudicación de un contrato por valor de 54’6 millones de euros. Este dinero fue blanqueado gracias a una empresa auditora vinculada a Marjaliza.
ANTONIO BORREGO: Estos mismos delitos se le imputan también a su jefe de gabinete, el señor Antonio Borrego, quien supuestamente negoció los términos del contrato con el empresario Marjaliza y con Alejandro de Pedro, gestionó la donación y controló la ejecución del contrato.
GONZALO CUBAS: El regidor de Torrejón de Velasco está imputado por seguir las directrices de un cuñado, el empresario Marjaliza (imputado también en la misma causa) acerca de a quién cobrar y cuándo. Además informaba detalladamente a Marjaliza acerca del desarrollo de dichos contratos. El Juez, ha advertido que posiblemente estaría empezando un supuesto mecanismo para adjudicar unas obras de rehabilitación a la Empresa de Eduardo de la Peña.
AGUSTÍN JUÁREZ: Libertad bajo el pago de una fianza de 40.000 euros, al haber concertado el contrato con Cofely supuestamente a cambio de 70.000 euros. El blanqueo presuntamente se produjo gracias a las Empresas de Marjaliza que presuntamente elaboraba facturas falsas.
AVELINO PÉREZ PALLARÉS: Es el encargado de la supervisión del contrato con Cofely, quien supervisaba el contrato y controlaba la partida presupuestaria. El Juez ha decretado su prisión pudiendo eludirla con el pago de 20.000 euros.
DAVID RODRÍGUEZ SANZ: Redacta, siguiendo las instrucciones de Marjaliza, los pliegos del contrato de eficiencia energética con Cofely, lo que le facilita un conocimiento e influencia privilegiados sobre el contrato de cara a la adjudicación. Además el Juez piensa que existen indicios de posibles casos de cohecho vinculados a dicho contrato. El mismo Juez de la Audiencia Nacional decretó su Libertad sin fianza, aunque sigue imputado en la causa.
JOSÉ MARTÍNEZ NICOLÁS: Participaba supuestamente en la trama de facturas falsas. El Juez decretó su libertad sin fianza, pero sigue imputado en la causa.
MARCO DURÁN: Está en libertad, pero imputado al alterar supuestamente la valoración de las ofertas del concurso con la connivencia del alcalde, Antonio Sánchez Fernández, para favorecer su adjudicación a Cofely.
FRANCISCO RUÍZ VALENZUELA: Participaba junto al empresario Alejandro de Pedro en la articulación de los procedimientos públicos de contratación de la Diputación de León que están predeterminados a su adjudicación a empresas vinculadas a aquel. El Juez Eloy Velasco decretó su libertad sin fianza, pero al igual que el resto, sigue imputado en la causa.
ALEJANDRO DE UTRILLA: Concejal de Medioambiente de Móstoles, lugar donde se tenían que realizar las instalaciones. Está en libertad sin fianza, pero imputado ya que presuntamente Cofely tenía comprometida la entrega de 240.000 euros en este municipio. Además, existen indicios que permiten indicar que el concejal estaba buscando un medio para blanquear el dinero.
Lo que está pasando hoy sobre la operación púnica:
Para hoy están previstos los interrogatorios de Francisco Granados, David Marjaliza, Marcos Martínez, entre otros, si quieres estar al día y conocer los detalles, no dudes en consultar nuestro blog.
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