La regla general es la irretroactividad de las leyes penales: nadie puede ser castigado con una pena que no estuviera prevista por ley anterior a la comisión del delito (art. 2.1 CP). La retroactividad de la ley penal más favorable es la excepción a esa regla.
Regla del artículo 2.2 del Código Penal
Según el artículo 2.2 CP, tienen efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre cuál es la ley más favorable, el precepto ordena oír al reo. Se aplica, por tanto, la ley penal más favorable aunque no estuviera en vigor cuando se cometió el hecho.
La regla se deriva del artículo 25.1 CE en relación con el artículo 9.3 CE, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, de lo que se deduce a contrario la retroactividad de las favorables. El fundamento es que carece de sentido aplicar una valoración que el legislador y la sociedad ya no comparten. Las medidas de seguridad quedan fuera de la excepción: el propio artículo 2.1 CP dispone que las leyes que las establezcan carecen de efecto retroactivo.
Para fijar la ley aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar (art. 7 CP).
Ejemplos de aplicación
- La Ley Orgánica 1/2015 suprimió las faltas del Libro III del Código Penal: unas pasaron a ser delitos leves y otras dejaron de ser punibles en vía penal, con la consiguiente revisión de condenas favorables.
- La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, rebajó el mínimo de algunas penas y dio lugar a numerosas solicitudes de revisión de condenas por aplicación del artículo 2.2 CP. La Ley Orgánica 4/2023 reajustó después esas penas.
Cuando una reforma quiere regular cómo se revisan las sentencias firmes suele hacerlo en sus disposiciones transitorias, que se aplican junto al artículo 2.2 CP.
Cuestiones que el artículo 2.2 no resuelve
Condena ya cumplida íntegramente
Si la ley más favorable llega cuando la condena se ha ejecutado por completo, el único beneficio práctico posible está en los efectos que subsisten: los antecedentes penales y sus consecuencias. La cancelación de antecedentes se rige por el artículo 136 CP, con plazos de seis meses para las penas leves, dos años para las que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes, tres o cinco años para las menos graves según su duración, y diez años para las graves.
Ley penal intermedia
Puede ocurrir que un hecho se cometa bajo una ley (ley A), se juzgue bajo otra posterior (ley B) y haya existido entre ambas una ley intermedia (ley C) más favorable que las dos. La ley intermedia no estaba en vigor ni cuando se cometió el hecho ni cuando se juzga. Aun así, la doctrina y la jurisprudencia sostienen que puede aplicarse si es la más favorable, porque el reo no puede verse perjudicado por la lentitud de la Administración de Justicia.
Comparación entre leyes
Para decidir cuál es la más favorable se compara el resultado que daría cada ley aplicada en su conjunto. No es posible tomar de cada una únicamente lo que beneficia al reo y crear así una tercera norma que el legislador nunca aprobó.
Excepción a la excepción: ultraactividad de las leyes temporales
Las leyes temporales son las que tienen predeterminada su vigencia, o las que rigen mientras dura una situación excepcional que dio lugar a su aprobación. Suelen ser leyes más duras para el reo. Para no convertirlas en papel mojado se les reconoce ultraactividad: los hechos cometidos bajo su vigencia se juzgan conforme a ellas, aunque la ley posterior que las deroga sea más favorable, salvo que se disponga expresamente lo contrario. Así lo establece el último inciso del artículo 2.2 CP.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 2, 7 y 136); Constitución Española (BOE) (arts. 9.3 y 25.1).
