La publicidad falsa en el artículo 282 del Código Penal
El art. 282 del Código Penal castiga, con prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses, a los fabricantes o comerciantes que, «en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos». El precepto no ha sido modificado desde la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, en vigor desde octubre de 2004.
Es un delito especial (solo pueden cometerlo fabricantes o comerciantes) y de peligro, porque basta con que la publicidad pueda causar el perjuicio. Como el art. 282 figura entre los delitos que prevé el art. 288, la persona jurídica responsable (véase la responsabilidad penal de las personas jurídicas) puede ser castigada con multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando la pena de la persona física es de prisión no superior a dos años. Por su pena máxima de un año de prisión, el delito prescribe a los cinco años (art. 131.1).
La sentencia del Tribunal Supremo que se resume a continuación, la STS 1097/2009, de 17 de noviembre, es un ejemplo útil de los límites del tipo.
Resumen de la STS 1097/2009, de 17 de noviembre, sobre publicidad falsa
En esta sentencia, el acusado creó la sociedad mercantil UPUERE S.L., de la que era administrador único. Para ello se empezó a negociar con el British College of Naturopathy & Osteopathy (BCNO) un acuerdo por el que este podría reconocer el diploma expedido por UPUERE a los alumnos para que optaran, tras un curso de conversión, a una titulación universitaria oficial británica.
En diciembre de 1997, UPUERE comenzó su actividad, ofertando sus servicios con la expectativa de una pronta concreción de esos acuerdos. Para su puesta en marcha llevó a cabo una campaña de publicidad, consistente fundamentalmente en folletos, en los que hacía constar expresamente que los estudios del curso «Estudios superiores de osteopatía» estaban homologados por el BCNO.
En octubre de 2002, la Comunidad de Madrid requirió a UPUERE S.L. para que eliminase toda información que incluyese el término «Universidad», al no poder utilizar esa denominación con arreglo a la Ley Orgánica de Universidades; en diciembre de 2003 cambió su denominación a Centro de Estudios Superiores UPUERE.
Motivados por esas expectativas y, sobre todo, por el hecho de que la carrera de osteopatía carece en España de título oficial, varios alumnos se matricularon y comenzaron sus estudios en 1999, y otros en 2000, abonando las correspondientes matrículas y tasas. Cuando ya estaban próximos a terminar, en 2003, se percataron de que la homologación no se producía de forma mecánica o automática tras superar el expediente académico, sino que era necesario realizar un curso de conversión en Londres, pese a que inicialmente se dijo que sería en Madrid. Además, al contrario de lo que se indicó, el curso de conversión no tuvo lugar dentro del último curso, sino que se inició meses después de acabarlo, con un coste global a cargo del alumno y con una duración de varios meses.
Los alumnos decidieron abandonar sus estudios y presentar una querella contra el acusado, que dio origen a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de marzo de 2009. Esta le condenó como autor de un delito de falsedad publicitaria a la pena de diez meses de multa con una cuota diaria de seis euros.
El acusado interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que dio origen a la sentencia resumida. En su fundamento de derecho segundo, el Tribunal consideró que la sentencia de instancia se decantaba por estimar que la oferta no era intencionalmente engañosa, sino que el acusado tuvo inicialmente la expectativa razonable de que el curso de conversión se haría en Madrid, lo que alejaba la ocultación, la tergiversación o la oferta engañosa. Al mismo tiempo, los juzgadores de instancia afirmaron que fueron los ingleses quienes, a partir de conversaciones en 2003 y no antes, decidieron trasladar el lugar de estudios a Londres, de modo que «la información proporcionada no era falaz ni indujo de forma decisiva a la aceptación por los alumnos de las condiciones ofrecidas, lo que elimina también la publicidad engañosa».
En consecuencia, el Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso de casación y absolvió al acusado de todos los cargos.
Notas sobre la sentencia: publicidad engañosa y publicidad falsa
En este caso la publicidad del acusado es ilícita desde el punto de vista mercantil, porque constituye un acto desleal por engaño. El art. 3.e de la Ley 34/1988, General de Publicidad, declara ilícita la publicidad engañosa, desleal y agresiva, que tiene carácter de acto de competencia desleal en los términos de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal; esta, en su art. 5, considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa, o información veraz que por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios.
Del relato fáctico se deduce una clara disconformidad entre lo publicitado y lo realmente ofrecido. Pero, aunque la conducta sea engañosa, el principio de intervención mínima y de subsidiariedad obliga a no identificar el delito de publicidad falsa con el ilícito mercantil de publicidad engañosa. Una posible diferencia es que la publicidad engañosa induce a error aunque sus datos no sean completamente falsos, mientras que la publicidad falsa debe contener «alegaciones falsas» o manifestar «características inciertas», lo que implica que no se correspondan en absoluto con la realidad. Sin embargo, lo engañoso suele contener datos inciertos, por lo que la mayoría de los actos de engaño contienen alegaciones falsas.
Por eso los demás elementos del tipo cobran importancia: exigen que se produzca un riesgo de generar un «perjuicio grave y manifiesto para los consumidores», y ahí puede residir la diferencia entre el ilícito penal y el mercantil, y no en la mayor o menor falsedad de la publicidad, que es mucho más difícil de distinguir.
Esta difícil distinción entre el engaño desleal y el engaño de relevancia penal se hace patente cuando el Tribunal Supremo establece que la publicidad del art. 282 constituye «engaño» a los efectos del delito de estafa, de modo que la publicidad falsa queda absorbida, conforme al art. 8 del Código Penal (concurso de normas), por el delito de estafa cuando hay perjuicio patrimonial. En consecuencia, la publicidad falsa como delito debe identificarse con «engaño» y, como tal, debe ser falaz y dirigida a producir un error en el sujeto pasivo, al igual que la publicidad ilícita por desleal en el ámbito mercantil.
La conclusión es que no se realizó la conducta del art. 282, pero no porque la publicidad no fuese del todo engañosa, sino porque la discrepancia entre la publicidad y la realidad era fácilmente resarcible mediante la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, de modo que no podía constituir el perjuicio grave exigido para que la conducta sea típica.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley 34/1988, General de Publicidad (BOE); Ley 3/1991, de Competencia Desleal (BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».
