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Contaminación (I): artículos 325 a 328 del Código Penal

Bodegón con libros legales, muestras de tierra y balanza que sugiere leyes ambientales y justicia

Los delitos contra el medio ambiente: marco europeo y reformas

La Ley Orgánica 5/2010 actualizó los delitos contra el medio ambiente siguiendo la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. La reforma respondió al carácter transfronterizo de estas conductas, a su gravedad y a la necesidad de recurrir a sanciones penales para frenarlas. La Directiva exigía a los Estados «sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias» para las personas físicas y sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» para las personas jurídicas (art. 6), sin precisar en este último caso su naturaleza penal.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, volvió a modificar estos preceptos: precisó la imposición de las penas, añadió los arts. 326.2 (traslado de residuos) y 326 bis (explotación de instalaciones peligrosas) y reordenó el reproche de unas conductas respecto de otras. La Directiva (UE) 2024/1203, que sustituye a la de 2008 y amplía los delitos ambientales, debía transponerse antes del 21 de mayo de 2026; en el texto consolidado del Código Penal consultado, los arts. 325 a 328 siguen con la redacción de 2015.

Artículo 325 del Código Penal

Texto del precepto

El art. 325 dispone:

«1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado».

Conductas típicas

La tipicidad de la conducta pasa por comprobar tres elementos:

  • La provocación o realización, directa o indirecta, de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas (terrestres, subterráneas o marítimas, incluso en alta mar), así como las captaciones de aguas.
  • La aptitud de esa conducta para causar o poder causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas (apartado 1) o para perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales (apartado 2, tipo agravado).
  • La contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente.

Este último elemento convierte al art. 325 en una norma penal en blanco: para saber si el vertido o la emisión son ilegales hay que acudir a la normativa administrativa ambiental. La doctrina y la jurisprudencia lo describen como un delito de peligro hipotético, porque no exige un daño efectivo, sino que la conducta sea idónea para causarlo, y entienden que no toda infracción administrativa es delito: solo lo es la que alcanza esa gravedad.

Sujeto activo y tipo subjetivo

El autor puede ser cualquiera: se trata de un tipo común. El tipo exige dolo; la comisión por imprudencia grave se castiga con la pena inferior en grado conforme al art. 331, que se estudia en el comentario a los artículos 329, 330 y 331 del Código Penal.

Artículo 326 y artículo 326 bis

El art. 326.1 castiga con las penas del art. 325 a quienes, contraviniendo las leyes, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente esas actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. El apartado 2 castiga, con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial de tres meses a un año, el traslado de una cantidad no desdeñable de residuos en los supuestos del Derecho de la Unión Europea sobre traslados de residuos.

El art. 326 bis, añadido en 2015, extiende las penas del art. 325 a quien explote instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos, de modo que causen o puedan causar los daños descritos.

Artículo 327 del Código Penal

El art. 327 agrava la pena de las conductas castigadas en los arts. 325, 326 y 326 bis: se impone la pena superior en grado (por ejemplo, para el art. 325.1, prisión de dos años y un día a tres años, según el art. 70.1.1.ª), sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos, cuando concurra alguna de estas circunstancias:

  • Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.
  • Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades.
  • Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la actividad.
  • Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
  • Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
  • Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

Artículo 328 del Código Penal: personas jurídicas

El art. 328 regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos delitos, de acuerdo con el art. 31 bis. Las penas son las siguientes:

  • Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante sea más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.
  • Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante es más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas del art. 66 bis, los jueces y tribunales pueden imponer además las penas de las letras b) a g) del art. 33.7 (disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibiciones, inhabilitación para subvenciones e intervención judicial).

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Directiva (UE) 2024/1203 (EUR-Lex). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».