Los artículos 329, 330 y 331 del Código Penal
Los arts. 329, 330 y 331 completan el Capítulo III («De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente») del Título XVI del Libro II del Código Penal. Se ocupan de tres cuestiones: la responsabilidad de la autoridad o funcionario público que informa, vota, resuelve o silencia infracciones ambientales, el delito de daños graves en un espacio natural protegido y la sanción de la modalidad imprudente de todo el capítulo. Los delitos básicos de contaminación se estudian en el artículo 325 del Código Penal y siguientes.
Artículo 329: la autoridad o funcionario público que informa, vota, resuelve o silencia
Conducta típica del artículo 329.1
El art. 329.1 castiga:
«La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses».
Las conductas alternativas son, por tanto, tres: informar favorablemente una licencia manifiestamente ilegal, silenciar en una inspección la infracción de la normativa ambiental y omitir inspecciones obligatorias. La remisión al art. 404 supone la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años, que es la que ese precepto prevé para la prevaricación administrativa desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2015.
Conducta típica del artículo 329.2
El art. 329.2 castiga, con las mismas penas, a la autoridad o funcionario público que, por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado, hubiese resuelto o votado a favor de la concesión de esa licencia a sabiendas de su injusticia.
Sujeto activo y tipo subjetivo
Es un delito especial propio: solo puede cometerlo una autoridad o funcionario público. El tipo exige dolo, y el propio texto lo refuerza con la expresión «a sabiendas».
Artículo 330: daños en un espacio natural protegido
El art. 330 dispone que quien, «en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses».
Conducta típica
Consiste en dañar gravemente, dentro de un espacio natural protegido, alguno de los elementos que han servido para calificarlo como tal. La clave es, por tanto, el concepto de espacio natural protegido, que se define en el ámbito administrativo en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Tras la reforma de la Ley 33/2015 (que renumeró los artículos), su art. 28 considera espacios naturales protegidos los espacios declarados como tales que cumplan al menos uno de estos requisitos:
- Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo.
- Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.
El art. 30 de la misma ley los clasifica, al menos, en parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. A estos hay que añadir los espacios que las comunidades autónomas hayan decidido proteger en sus territorios por los elementos naturales que albergan.
Sujeto activo y tipo subjetivo
El sujeto activo puede ser cualquiera. El tipo exige dolo.
Relación con el artículo 338
Cuando las conductas de todo el Título XVI afectan a un espacio natural protegido, el art. 338 impone las penas superiores en grado a las previstas en cada caso. Eso permite agravar, por ejemplo, los delitos de contaminación del art. 325 que se cometen en un espacio protegido, mientras que el art. 330 sanciona específicamente el daño grave a los elementos que justifican la protección.
Artículo 331: la imprudencia grave
El art. 331 establece que «los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave».
Todos los delitos anteriores del capítulo (arts. 325 a 330) tienen, por tanto, una modalidad imprudente, siempre que la imprudencia grave quede acreditada: la imprudencia leve no es delito en este ámbito. La pena inferior en grado se calcula conforme al art. 70.1.2.ª del Código Penal; así, la imprudencia grave en el delito del art. 330 se castiga con prisión de seis meses a menos de un año, y la del art. 325.1, con prisión de tres meses a menos de seis meses.
Responsabilidad de la persona jurídica y reparación
El art. 328 prevé las penas de multa para la persona jurídica responsable, con arreglo al art. 31 bis, de «los delitos recogidos en este Capítulo». Además, los jueces y tribunales deben ordenar a cargo del autor las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico perturbado (art. 339), y la reparación voluntaria del daño conlleva la pena inferior en grado (art. 340).
Estado de la regulación
En el texto consolidado del Código Penal, los arts. 329, 330 y 331 siguen redactados como antes de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015: el art. 329 conserva las penas fijadas por la Ley Orgánica 5/2010 y los arts. 330 y 331 mantienen su redacción original de 1995. La Directiva (UE) 2024/1203, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, tenía como plazo de transposición el 21 de mayo de 2026; el texto consolidado consultado no recoge todavía cambios en este capítulo.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».
