El artículo 320 del Código Penal regula la prevaricación urbanística: el delito que comete la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, informa favorablemente o aprueba instrumentos de planeamiento, proyectos o licencias contrarios a las normas de ordenación territorial o urbanística, o silencia las infracciones de esas normas. Es uno de los delitos contra la ordenación del territorio y, al mismo tiempo, un delito especial: solo puede cometerlo quien tenga la condición de autoridad o funcionario público.
Sujeto activo: autoridad o funcionario público
El sujeto activo es la autoridad o el funcionario público en el sentido del artículo 24 del Código Penal. Es autoridad quien por sí solo o como miembro de un órgano colegiado tiene mando o ejerce jurisdicción propia, y es funcionario público todo el que participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente. En la práctica, los casos más frecuentes afectan a alcaldes, concejales, técnicos municipales (arquitectos y secretarios) y miembros de comisiones de urbanismo.
Delito de prevaricación urbanística: artículo 320
Conductas del apartado 1
El artículo 320.1 castiga a la autoridad o funcionario público que, «a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio».
Son, por tanto, tres modalidades: informar favorablemente algo contrario a la normativa urbanística, silenciar infracciones al inspeccionar y omitir inspecciones obligatorias.
Conducta del apartado 2
El apartado 2 aplica las mismas penas a quien, «por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado», haya resuelto o votado a favor de la aprobación de esos instrumentos de planeamiento, proyectos o licencias, a sabiendas de su injusticia. Así, el concejal que vota a favor en un pleno o en una junta de gobierno local responde igual que el alcalde que firma la licencia.
Pena
La pena es la del artículo 404 del Código Penal (inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años, desde la reforma de la LO 1/2015) y, además, prisión de un año y seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Al ser la inhabilitación especial superior a cinco años, es una pena grave y el delito se califica como grave. Con las reglas del artículo 131, prescribe a los quince años, porque la inhabilitación máxima supera los diez.
Qué significa «a sabiendas de su injusticia»
El delito es doloso: el funcionario debe actuar sabiendo que lo que informa, resuelve o vota es contrario a la ley. No basta una discrepancia de interpretación o una irregularidad administrativa; la jurisprudencia exige una ilegalidad evidente o arbitraria, no justificable con una interpretación razonable de las normas. El Tribunal Supremo lo ha aplicado, por ejemplo, en su sentencia 171/2026, de 26 de febrero, que confirmó la condena de un alcalde por conceder una licencia para un cobertizo en suelo no urbanizable de especial protección sin la calificación urbanística previa y con informes técnicos en contra, y mantuvo la demolición de la obra a costa del condenado conforme al artículo 319.3 del Código Penal.
La prevaricación administrativa en general y el artículo 404
El artículo 320 es una modalidad especial de la prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La diferencia está en que el artículo 320 se refiere solo a materia de ordenación del territorio y urbanismo y añade a la inhabilitación del 404 una pena de prisión y multa, por lo que su castigo es más grave. Lo que se protege es el correcto funcionamiento de la Administración pública y el sometimiento de la actuación administrativa a la ley.
No debe confundirse con la prevaricación judicial, que solo puede cometer quien ejerce la función de juzgar.
Prevaricación y cohecho
Cuando el funcionario aprueba la licencia o el instrumento a cambio de un regalo, dádiva o ventaja, puede concurrir además un delito de cohecho (arts. 419 y siguientes), que se juzgará junto con la prevaricación según las reglas del concurso de delitos.
Artículo redactado originalmente por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); STS 171/2026, de 26 de febrero (comentario en Derecho Local).
