Los delitos contra la propiedad industrial del artículo 273 del Código Penal castigan distintas conductas que recaen sobre patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o artísticos y topografías de productos semiconductores. Se integran en la Sección 2.ª, «De los delitos relativos a la propiedad industrial», del Título XIII. Junto con ellos, esta entrada trata la publicidad fraudulenta (artículo 282), la revelación de secretos de empresa (artículos 278 a 280) y la defraudación de denominaciones de origen (artículo 275). Estos bienes jurídicos habrán de unirse al general del derecho de exclusiva.
Defraudación de patentes y modelos de utilidad (art. 273)
Art. 273.1: patentes y modelos de utilidad
El artículo 273.1 castiga con prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. La multa se elevó de seis a doce meses como mínimo con la LO 15/2003.
El objeto material es una patente o un modelo de utilidad registrado. Una patente es una invención de procedimiento o de producto, susceptible de aplicación industrial, que no se halla en el estado de la técnica ni es fácilmente deducible de él por un experto, y que confiere a su titular un derecho de explotación en exclusiva durante veinte años. El modelo de utilidad protege invenciones que producen en un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulta alguna ventaja práctica; su protección dura diez años. Ambos están regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, vigente desde el 1 de abril de 2017 (que sustituyó a la Ley 11/1986). Una patente europea validada en España produce los mismos efectos que una patente nacional.
La doctrina entiende que también deben considerarse objeto de protección los certificados complementarios de protección de medicamentos, que prolongan los efectos de la patente.
Acción típica y tipo subjetivo
La acción típica consiste en fabricar, importar, poseer, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio los objetos amparados por el derecho. Es un tipo mixto alternativo: con una sola de las conductas se cumple el tipo y, si se ejecutan varias, sigue habiendo un solo delito.
No es necesario que la acción provoque un perjuicio económico para considerar consumado el tipo; el perjuicio solo es relevante para determinar la responsabilidad civil. La conducta no es típica si media consentimiento del titular del derecho. Es un delito doloso que admite el dolo eventual, y exige además un elemento subjetivo del injusto: los fines industriales o comerciales, lo que implica que la patente no se extiende a los actos privados sin fin comercial.
Art. 273.2: procedimientos patentados
Las mismas penas se imponen a quien, de igual manera y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. El objeto material son las patentes, y las modalidades de acción son dos: utilizar u ofrecer la utilización (procedimiento) y poseer, ofrecer o introducir en el comercio (producto obtenido). El tipo objetivo y el subjetivo son iguales que en el artículo 273.1.
Art. 273.3: modelos, dibujos y topografías
El artículo 273.3 impone las mismas penas a quien realice cualquiera de los actos del apartado 1 concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o por una topografía de un producto semiconductor. La legislación mercantil habla hoy de diseño industrial (Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial) y las topografías de semiconductores se regulan en la Ley 11/1988.
- Modelo industrial: objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto.
- Dibujo industrial: conjunto de líneas o colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinado.
- Dibujos artísticos: reproducciones de obras de arte cuya explotación tenga un fin industrial.
- Topografía de productos semiconductores: imágenes interconectadas que representen las capas de un producto semiconductor y tengan su misma estructura.
La enumeración es taxativa y no cabe aplicar el artículo fuera de ella. Las obtenciones vegetales, que la doctrina reclamó durante años, están hoy protegidas en el artículo 274.4 (título de obtención vegetal, con pena de prisión de uno a tres años), y los signos distintivos (marcas) en el artículo 274: véase el artículo 274 del Código Penal y, en general, los delitos contra la propiedad industrial.
Cuestiones concursales
- Concurso con falsedad documental: si se altera el documento de inscripción del derecho.
- Concurso con estafa: si se menoscaba el patrimonio de un tercero.
- Concurso con propiedad intelectual: si se reproduce una obra de arte con fines comerciales, se afecta además al derecho de propiedad intelectual.
Agravaciones y responsabilidad de la persona jurídica
El artículo 276 eleva la pena a prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial de dos a cinco años para la profesión relacionada con el delito, cuando concurra alguna de estas circunstancias (según la redacción de la LO 1/2015):
- Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica.
- Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
- Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.
- Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.
Si la persona jurídica es responsable (artículo 31 bis), el artículo 288 le impone, en los delitos de los artículos 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283 y 286, multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener cuando la pena de prisión de la persona física sea superior a dos años, y del doble al triple en el resto de los casos.
Publicidad fraudulenta (art. 282)
El artículo 282 castiga con prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses a los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos. Tiene su fundamento en el artículo 20 de la Constitución (derecho a la información) y cuenta con un régimen civil y administrativo paralelo: la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal y el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Bien jurídico y conducta típica
El bien jurídico es el derecho de los consumidores a la información veraz: un bien jurídico colectivo, cuya titularidad recae en consumidores y usuarios, como mecanismo para garantizar la libertad en las disposiciones económicas. La conducta típica consiste en:
- Hacer alegaciones falsas.
- Manifestar características inciertas (las exageraciones o la publicidad meramente engañosa no entran en el tipo).
La acción tiene que tener una idoneidad lesiva: es un delito de peligro hipotético, en el que el juez debe valorar si la publicidad era capaz de causar un perjuicio grave y manifiesto. El tipo subjetivo es doloso. Es frecuente el concurso con la estafa.
Revelación de secretos de empresa (arts. 278 a 280)
La Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, define el secreto empresarial como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que sea secreto (no generalmente conocido ni fácilmente accesible), tenga valor empresarial real o potencial por ser secreto y haya sido objeto de medidas razonables por su titular para mantenerlo en secreto. Para merecer protección penal, el secreto debe tener valor patrimonial y reforzar la capacidad competitiva de la empresa.
Difusión, revelación o cesión por quien debe guardar reserva (art. 279)
El artículo 279 castiga con prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva. Si el secreto se utiliza en provecho propio, las penas se imponen en su mitad inferior (tipo privilegiado). Se trata del deber de sigilo legal o contractual y colma una laguna del Derecho.
A diferencia del artículo 278, el acceso a la información es lícito: lo que se infringe es el deber de sigilo. Es un delito especial propio, porque requiere personas obligadas a guardar reserva, y puede cometerse por omisión. La mayoría de los autores opina que el deber de reserva debe imponerse expresamente por contrato y no entenderse como un deber derivado de la buena fe o la diligencia; en defecto de pacto se acude al plazo fijado y, por vía interpretativa y sin dar lugar a fraude, se sostiene que la obligación de guardar secreto no puede ser eterna.
Espionaje empresarial (art. 278)
El delito de espionaje empresarial se aplica a quien, para descubrir un secreto de empresa, se apodera por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o emplea alguno de los medios del artículo 197.1 del Código Penal. La pena es de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses (art. 278.1).
- Objeto material: el secreto, conocimiento reservado a un círculo limitado de personas y oculto a otras. Puede clasificarse en tres grupos: técnicas de producción y procedimientos de fabricación; sector comercial (clientes, proveedores); y otros aspectos de la organización interna de la empresa. Para las patentes se remite al artículo 273.
- Acción típica: tipo mixto alternativo con distintos medios de captar la información. Debe apoderarse (física, mental o intelectualmente) de datos u objetos que se refieran al secreto; no se exige conocimiento efectivo de la información, sino el apoderamiento (delito de peligro).
- Tipo subjetivo: intención de conocer el secreto (ánimo de descubrirlo).
- Agravante (art. 278.2): si se difunden, revelan o ceden a terceros los secretos descubiertos, la pena es de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses; es un delito de peligro y no es necesario acreditar lesión.
- Cláusula concursal (art. 278.3): sin perjuicio de las penas por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos (daños, hurto, robo, etc.).
Si es otra persona la que revela o difunde, con conocimiento del origen ilícito del secreto y sin haber tomado parte en su descubrimiento, se aplica el artículo 280 (prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses). Los apuntes en que se basa esta entrada sostienen que la revelación de un secreto sobre objeto ilícito queda impune.
Defraudación de denominaciones de origen (arts. 275 y 276)
El artículo 275 castiga, con las penas del artículo anterior, a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas se regulan hoy en el Derecho de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2024/1143, para los productos agrícolas y alimenticios, y los reglamentos sectoriales del vino y de las bebidas espirituosas) y, para las de ámbito supraautonómico, en la Ley 6/2015.
Son tres los intereses a proteger: el de las empresas, para individualizar sus productos; el de los consumidores, que asocian unas cualidades a la marca; y el del país en general, pues son instrumentos que fomentan el desarrollo económico. A ellos se suma el derecho exclusivo de uso de tales signos como bien jurídico. Teóricamente, el artículo también protege el interés supraindividual económico del país y del grupo de consumidores, pero el legislador no lo prevé: por ello lo incluye en la sección 2.ª y no en la 3.ª, con igual pena que los demás delitos de propiedad industrial.
Objeto material y acción típica
- Denominación de origen: denominación geográfica cuyo uso exclusivo se reserva a las empresas y productos de la región.
- Indicación geográfica: identifica productos con cualidades diferenciales, debidas a la materia prima, al medio natural o al medio de elaboración. En cualquier caso, han de estar legalmente protegidas.
- Acción típica: utilizar en el tráfico económico la denominación o la indicación protegida. Según la interpretación literal, el tipo penaliza el uso del nombre protegido y no el de uno similar, aunque induzca a error por su grafía o fonética.
- Sin estar autorizado: la cláusula existe porque es un acto del poder público el que crea la denominación de origen, de modo que la autorización no puede ser otorgada por un particular y no cabe el consentimiento.
- Tipo subjetivo: dolo directo; se excluye el dolo eventual porque el tipo dice «intencionadamente».
Las agravaciones del artículo 276 (especial trascendencia económica del beneficio, especial gravedad, pertenencia a una organización o asociación y utilización de menores de 18 años) se aplican también a este delito.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), artículos 273 a 282 y 288; Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE); Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE); Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales; apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.
