Los delitos económicos se dividen, según la doctrina, en delitos económicos en sentido amplio y delitos económicos en sentido estricto. La distinción nació de una polémica sobre si el «orden socioeconómico» puede ser un bien jurídico directamente protegido por el Derecho penal, y sigue siendo útil para clasificar las infracciones económicas del Código Penal.
El origen de la polémica: el Proyecto de 1980
La discusión apareció con el Proyecto de Código Penal de 1980, que ya incluía un título bajo la rúbrica «delitos contra el orden socioeconómico». Un sector de la doctrina criticó esa denominación porque parecía concebir el orden socioeconómico como bien jurídico protegido. La exposición de motivos hablaba de un «objeto de protección penal» y aclaraba que la expresión no prejuzgaba que el orden económico fuese un bien jurídico: servía solo para agrupar de forma sistemática algunas figuras delictivas.
Para afrontar este debate hay que partir de las dos categorías de delitos económicos.
Delitos económicos en sentido amplio
En ellos el orden económico nunca puede constituir el bien jurídico directamente tutelado. Actúa como bien jurídico mediato, junto al cual hay siempre otro bien jurídico inmediato, individual o supraindividual.
Delitos económicos en sentido estricto
Martínez-Buján Pérez distingue en este ámbito dos niveles de protección:
- Bien jurídico mediato: un bien colectivo inmaterial o institucionalizado, integrado por el orden económico general, aunque susceptible de dividirse según sus funciones (recaudación, mercado, crédito, etc.).
- Bien jurídico inmediato: el que está directamente tutelado en sentido técnico.
Para ello se apoya en autores como Roxin, que distinguen entre bien jurídico «intermedio espiritualizado» (el mediato) y bien jurídico «con función representativa» (el inmediato). El fundamento es que resulta difícil tipificar la lesión o la puesta en peligro concreto de bienes supraindividuales inmateriales o «espiritualizados», porque la conducta de un solo individuo no los afecta: solo se resienten cuando esas conductas se repiten de forma generalizada.
Ejemplo: los delitos tributarios. El bien jurídico mediato es el correcto funcionamiento del orden económico; el inmediato, el patrimonio de la Hacienda Pública, es decir, la recaudación de los tributos. Quien defrauda perjudica a ese patrimonio, pero el orden económico general solo se ve afectado de forma mediata.
Esta construcción desmonta la falsa creencia de que, en los delitos económicos en sentido estricto, el orden económico aparece como bien jurídico directamente tutelado.
Dónde están hoy los delitos económicos en el Código Penal
El Código Penal no los reúne en un solo título. Los principales se encuentran en:
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (Título XIV, arts. 305 a 310 bis): el delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 exige que la cuota defraudada exceda de 120.000 euros, y el artículo 305 bis lo agrava, entre otros casos, cuando supera los 600.000 euros.
- Propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (Título XIII, capítulo XI, arts. 270 a 288).
- Delitos societarios (Título XIII, capítulo XIII, arts. 290 a 297).
- Receptación y blanqueo de capitales (Título XIII, capítulo XIV, arts. 298 a 304).
- Insolvencias punibles (Título XIII, capítulo VII bis, arts. 259 a 261 bis), junto a la frustración de la ejecución (capítulo VII, arts. 257 a 258 ter), ambos en su redacción tras la LO 1/2015.
- Financiación ilegal de los partidos políticos (Título XIII bis, arts. 304 bis y 304 ter), introducida por la LO 1/2015.
Fuera del Código está el contrabando, regulado en la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.
Fuente:
Apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando (BOE).
