Los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga están tipificados en el artículo 315 del Código Penal, dentro del Título XV, «De los delitos contra los derechos de los trabajadores». Castigan a quien impide o limita, con engaño, abuso de una situación de necesidad o coacciones, el ejercicio de esos derechos fundamentales. El artículo ha tenido dos reformas importantes: la LO 1/2015 modificó sus penas y la LO 5/2021 derogó su apartado 3, que castigaba las coacciones a la huelga (los llamados «piquetes»).
Bien jurídico protegido
El bien jurídico protegido son los derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga de los trabajadores, reconocidos en el artículo 28 de la Constitución (apartado 1 para la libertad sindical y apartado 2 para la huelga).
Sujeto activo y sujeto pasivo
El sujeto activo puede ser cualquiera: no es un delito especial, aunque en la práctica será habitualmente quien tiene poder de decisión sobre la relación laboral. El artículo 315 no prevé una agravante específica para autoridades o funcionarios; si el autor lo fuera, habrá que valorar además el artículo 542, que castiga con inhabilitación especial a la autoridad o funcionario que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. El sujeto pasivo son los trabajadores por cuenta ajena, titulares de los derechos.
Tipo básico: artículo 315.1
Según el artículo 315.1, serán castigados con prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses quienes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Antes de la LO 1/2015 la pena era de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses (conjuntas); desde esa reforma la multa es alternativa a la prisión.
La acción típica consiste, por tanto, en limitar o impedir el ejercicio del derecho. Para que la conducta sea típica es necesario utilizar los medios que describe el precepto (engaño o abuso de situación de necesidad), lo que le da un especial desvalor de acción: no basta cualquier limitación del derecho, que puede constituir una infracción laboral o administrativa. Ejemplos serían condicionar la contratación o la renovación del contrato a no afiliarse a un sindicato o a no secundar una huelga, o prometer falsamente beneficios para disuadir de ejercerlo.
Tipo agravado: artículo 315.2
Si las conductas anteriores se llevan a cabo con coacciones, el artículo 315.2 impone prisión de un año y nueve meses hasta tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses. Antes de 2015 el texto hablaba de «fuerza, violencia o intimidación» y imponía las penas superiores en grado.
Se plantea la relación con el delito de coacciones. El párrafo segundo del artículo 172.1 del Código Penal prevé las penas en su mitad superior cuando la coacción tiene por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, salvo que el hecho tenga señalada una pena mayor en otro precepto; un sector de la doctrina (M. Buján) considera, por ello, innecesario el tipo agravado del artículo 315.2. En la práctica, el artículo 315.2 actúa como precepto especial, y será difícil el concurso con el delito de amenazas.
Coacciones a la huelga: el antiguo artículo 315.3
Hasta 2021, el artículo 315.3 castigaba a quienes, actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionaran a otras personas a iniciar o continuar una huelga, esto es, la actuación de los llamados piquetes laborales. Con el Código Penal de 1995 se imponían las penas superiores en grado a las del tipo básico, y desde la LO 1/2015 prisión de un año y nueve meses a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses. La doctrina criticó siempre una penalidad desproporcionada.
La Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, derogó el apartado 3 del artículo 315, con efectos desde el 24 de abril de 2021. Su preámbulo sostiene que el precepto se había aplicado a hechos que no eran violentos ni coactivos, con un efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical, y que el delito genérico de coacciones protege ya suficientemente la libertad de no hacer huelga. La disposición transitoria única ordena a los jueces y tribunales revisar las sentencias firmes dictadas conforme a la legislación derogada.
La derogación no deja impunes las conductas violentas: quien coacciona a otro, durante un conflicto laboral, para que inicie o continúe una huelga o para que no trabaje responde por el delito de coacciones del artículo 172 (con la agravación si se impide el ejercicio de un derecho fundamental), por amenazas, lesiones u otros delitos que resulten de los hechos. Lo que ya no existe es el tipo específico y su pena agravada.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), artículos 172 y 315; Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal (BOE); Constitución Española (texto consolidado, BOE), artículo 28.
