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Delitos contra los derechos de los trabajadores: consideraciones generales

Los delitos contra los derechos de los trabajadores son las figuras del Título XV del Libro II del Código Penal (arts. 311 a 318) que protegen los derechos de los trabajadores reconocidos en las condiciones particulares o generales de trabajo. Son figuras delictivas diversas que tienen como denominador común ese bien jurídico y que a veces se agrupan, de forma coloquial, como «delitos laborales» o «delito contra los trabajadores».

Derechos de los trabajadores y Derecho penal

Los derechos de los trabajadores, bien jurídico de naturaleza colectiva

Como regla general, el bien jurídico protegido es de naturaleza colectiva, lo que determina tres consecuencias: la irrelevancia del consentimiento que pueda haber prestado el trabajador, la unidad de infracción cuando un solo comportamiento afecta a una pluralidad de trabajadores y el concurso de delitos cuando, además de este bien jurídico, resultan afectados otros de naturaleza individual. Como en todo el Derecho penal, la intervención penal se reserva a los ataques más graves: las infracciones menores se tratan en el orden social, con arreglo a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Enumeración de los delitos

  • Imposición de condiciones laborales ilegales (art. 311): prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses a quienes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos; a quienes los contraten bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo o mantengan las condiciones ilegales contra requerimiento o sanción administrativa; y a quienes den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social o sin la correspondiente autorización de trabajo, en los porcentajes que fija la ley según el tamaño de la empresa. Si hay violencia o intimidación, las penas se imponen superiores en grado.
  • Tráfico ilegal de mano de obra (art. 312): prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses a quienes trafiquen ilegalmente con mano de obra, recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones engañosas o falsas, o empleen a extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen sus derechos.
  • Migraciones fraudulentas (art. 313): la misma pena a quien determine o favorezca la emigración de una persona a otro país simulando contrato o colocación o usando de otro engaño semejante. Se estudia con el favorecimiento de la inmigración ilegal del artículo 318 bis, que pertenece a un Título distinto.
  • Discriminación laboral (art. 314): prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses a quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, por las causas que enumera el precepto (ideología, religión o creencias, situación familiar, etnia, raza o nación, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia o exclusión social, enfermedad o discapacidad, representación sindical, parentesco con otros trabajadores de la empresa o uso de las lenguas oficiales) y no restablezcan la situación de igualdad tras requerimiento o sanción administrativa.
  • Delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 315): prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses a quienes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga; si se emplean coacciones, prisión de un año y nueve meses a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses. El antiguo apartado 3, que castigaba las coacciones para iniciar o continuar una huelga, fue derogado por la Ley Orgánica 5/2021.
  • Delitos contra la seguridad de los trabajadores (arts. 316 y 317): los más frecuentes en la práctica; castigan la omisión de los medios necesarios para trabajar con seguridad cuando se pone en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores.
  • Responsabilidad de administradores y encargados (art. 318): cuando los hechos se atribuyen a una persona jurídica, se castiga a los administradores o encargados del servicio responsables. Esta regla se mantiene porque estos delitos no se incluyen entre los que dan lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».