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Delitos contra la salud pública

Bodegón con material de laboratorio y sustancias que sugieren control y riesgo en salud pública

Los delitos contra la salud pública están regulados en el Capítulo III del Título XVII del Libro II del Código Penal («De los delitos contra la seguridad colectiva»), en los artículos 359 a 378. Recogen un conjunto de tipos de peligro que tienen como finalidad preservar las condiciones de seguridad en que se ponen en el mercado los productos destinados al consumo humano y combatir el tráfico de sustancias que dañan la salud. El bien jurídico protegido es la salud pública, entendida como la salud del conjunto de la sociedad y no la de una persona concreta; por eso la mayoría de estos delitos se consuman con la creación de un peligro, sin que sea necesaria una lesión.

Normas penales en blanco

La mayoría de las conductas propias de los delitos contra la salud pública se tipifica como normas penales en blanco, que remiten a la respectiva normativa administrativa o europea (sobre sustancias, productos sanitarios, alimentos o estupefacientes) para integrar el supuesto de hecho. Por eso para saber si una conducta es delito no basta con leer el Código Penal: hay que acudir también a esa normativa sectorial.

Qué conductas castiga el Capítulo III

Sustancias nocivas y productos químicos (artículos 359 y 360)

El artículo 359 castiga, con prisión de seis meses a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión o industria, al que sin estar autorizado elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despache, suministre o comercie con ellos. El artículo 360 castiga con multa e inhabilitación al que, estando autorizado, los despache o suministre sin cumplir las formalidades legales.

Medicamentos y productos sanitarios (artículos 361 a 362 quater)

Tras la Ley Orgánica 1/2015, estos artículos castigan a quien fabrique, importe, comercialice o almacene con esos fines medicamentos sin la autorización exigida o productos sanitarios que no cumplan los requisitos de conformidad, cuando con ello se genere un riesgo para la vida o la salud (artículo 361); a quien los elabore o presente engañosamente, o altere su composición o dosis (artículo 362); a quien, conociendo la falsificación, los distribuya (artículo 362 bis); a quien falsifique la documentación relativa a ellos (artículo 362 ter); y prevén penas superiores en grado en supuestos agravados, como cuando el autor es profesional sanitario o pertenece a una organización o grupo criminal (artículo 362 quater).

Dopaje y difusión de contenidos peligrosos (artículos 361 bis y 362 quinquies)

El delito de dopaje es hoy el del artículo 362 quinquies, que castiga a quien, sin justificación terapéutica, prescribe, suministra o facilita a deportistas sustancias o métodos prohibidos que pongan en peligro su vida o su salud. Antes de la Ley Orgánica 1/2015 estaba en el artículo 361 bis; ese precepto regula ahora la difusión pública, por Internet o por cualquier otra tecnología, de contenidos destinados a promover o facilitar, entre menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el consumo de productos o técnicas de ingestión o eliminación de alimentos que puedan generar riesgo para la salud.

Delitos alimentarios (artículos 363 a 365)

El artículo 363 castiga a los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores, por ejemplo ofreciendo productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos sobre caducidad o composición, o fabricando o vendiendo bebidas o comestibles nocivos. El artículo 364 castiga la adulteración de alimentos con aditivos no autorizados y el uso indebido de sustancias en animales de abasto. El artículo 365 sanciona con prisión de dos a seis años a quien envenene o adultere las aguas potables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad.

Disposiciones comunes

Cuando una persona jurídica sea responsable de estos delitos, el artículo 366 prevé una multa específica y la posibilidad de imponer otras consecuencias previstas para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El artículo 367 rebaja en un grado las penas cuando los hechos se cometen por imprudencia grave, y el artículo 362 sexies regula el decomiso de las sustancias y productos.

Tráfico de drogas (artículos 368 a 378)

Dentro de este capítulo se tipifican también los delitos relativos al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El artículo 368 castiga a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de esas sustancias, o las posean con esos fines. Distingue según el daño que causen a la salud:

  • Si se trata de sustancias que causan grave daño a la salud, la pena es de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga. La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera, por ejemplo, que la heroína y la cocaína causan grave daño a la salud y que el hachís y la marihuana no.
  • En los demás casos, prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo.

Los tribunales pueden imponer la pena inferior en grado atendiendo a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable (artículo 368, párrafo segundo), salvo que concurran las circunstancias de los artículos 369 bis y 370. Las penas se agravan (artículo 369) cuando, entre otros supuestos, el culpable es autoridad o funcionario, los hechos se realizan en centros docentes o penitenciarios o cerca de ellos, la sustancia se facilita a menores o la cantidad es de notoria importancia; y de forma más intensa cuando los autores pertenecen a una organización delictiva (artículo 369 bis: prisión de nueve a doce años en el caso de sustancias que causan grave daño) o los hechos son de extrema gravedad (artículo 370). El artículo 371 castiga el tráfico de los productos y equipos destinados a su fabricación, el 374 regula el decomiso de las drogas, los bienes e instrumentos y las ganancias, y el artículo 376 permite rebajar la pena a quien abandone la actividad delictiva y colabore activamente con las autoridades, o a quien siendo drogodependiente haya finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación.

La Ley Orgánica 1/2026 añadió un apartado 3 al artículo 255, que castiga con prisión de seis a dieciocho meses o multa de doce a veinticuatro meses la defraudación de energía eléctrica, cualquiera que sea su cuantía, cometida para abastecer instalaciones utilizadas para las conductas del artículo 368.

La tenencia de drogas para el propio consumo no es delito, pero su consumo o tenencia ilícita en lugares públicos constituye una infracción administrativa grave conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal (BOE); Ley Orgánica 1/2026, en materia de multirreincidencia (BOE).

Apuntes de Esther Hava García (@sterhava), Doctora en Derecho y Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz.