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Delito de denegación y abandono de asistencia sanitaria

Bata médica y documentos legales sobre mesa simbolizan responsabilidad y abandono sanitario

El delito de denegación o abandono de asistencia sanitaria se regula en el artículo 196 del Código Penal, dentro del título IX del libro II, «De la omisión del deber de socorro». Castiga al profesional sanitario que, estando obligado a ello, deniega la asistencia o abandona los servicios sanitarios y con ello genera un riesgo grave para la salud de las personas.

El artículo 196 establece: «El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años». El precepto está en vigor sin cambios desde 1995.

Sujeto activo: el profesional obligado a prestar asistencia

Es un delito especial propio: solo puede cometerlo un profesional sanitario (médico, personal de enfermería, matrona y otros profesionales que presten asistencia sanitaria, en el sector público o en el privado) que esté obligado a prestar el servicio en ese momento. La obligación puede derivar de su puesto, de su turno o guardia, de un contrato o del deber de atender una urgencia.

Esa exigencia es la que protege el derecho de huelga de los sanitarios: no comete este delito quien está legítimamente en huelga y no está incluido en los servicios mínimos, porque en ese momento no está obligado a prestar el servicio.

Conducta típica

La acción consiste en:

  • Denegar la asistencia sanitaria a una persona que la necesita, o
  • abandonar los servicios sanitarios, dejando de atender a quien estaba bajo su responsabilidad.

Es un delito de omisión que exige dolo: el profesional sabe que está obligado a asistir y se niega o abandona. La imprudencia no se castiga en este precepto (si, por una actuación negligente, se produjeran lesiones o la muerte, responderá por los delitos imprudentes que correspondan).

Resultado de peligro: riesgo grave para la salud

El delito exige que de la denegación o del abandono se derive un riesgo grave para la salud de las personas. Es un delito de peligro concreto: no hace falta que llegue a producirse la lesión o la muerte, pero sí que el peligro sea real y grave. Si la denegación se produce y no se genera ese riesgo, el hecho no es delito, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria, administrativa o deontológica del profesional.

Si el paciente llega a sufrir lesiones o fallece como consecuencia de la omisión, pueden concurrir además los delitos de resultado que correspondan, con las reglas del concurso.

Penas del artículo 196 e inhabilitación profesional

El artículo 196 remite a «las penas del artículo precedente en su mitad superior». El artículo 195 castiga la omisión del deber de socorro con multa de tres a doce meses (apartados 1 y 2); por tanto, la multa del tipo básico se impone en su mitad superior. A ella se suma siempre la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, que priva al condenado de la facultad de ejercer su profesión durante ese tiempo (arts. 42 y 45 del Código Penal). Es la llamada inhabilitación médica: el condenado no puede ejercer su profesión sanitaria, ni en la sanidad pública ni en la privada, mientras dure la pena.

Se trata de un delito menos grave, que prescribe a los cinco años (art. 131.1 del Código Penal).

Diferencia con otros delitos

  • Omisión del deber de socorro: el artículo 195 castiga a cualquier persona que no socorra a quien se halle desamparado y en peligro manifiesto y grave; el artículo 196 se dirige solo al profesional sanitario obligado a prestar asistencia. Véase la entrada sobre la omisión del deber de socorro.
  • Denegación discriminatoria de una prestación profesional: el artículo 512 castiga a quien, en el ejercicio de su actividad profesional o empresarial, deniega a una persona una prestación a la que tiene derecho por razón de su ideología, religión, sexo, enfermedad, discapacidad u otras circunstancias que enumera, con inhabilitación especial de uno a cuatro años.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), arts. 42, 45, 131, 195, 196 y 512.

Beatriz Nicolás es licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.