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Delitos relativos a denominaciones de origen; agravaciones comunes en delitos contra la propiedad industrial y protección de solicitudes de patente secreta

Los delitos relativos a las denominaciones de origen, las agravaciones comunes de los delitos contra la propiedad industrial y la protección de las solicitudes de patente secreta se regulan en los artículos 275, 276 y 277 del Código Penal. Forman parte de la Sección 2.ª («De los delitos relativos a la propiedad industrial») del Capítulo XI del Título XIII, junto con los delitos sobre patentes (art. 273) y marcas (art. 274), que se explican en el artículo sobre los delitos contra la propiedad industrial.

Denominaciones de origen y Derecho penal

Denominación de origen e indicaciones geográficas (art. 275)

El artículo 275 castiga con las mismas penas que el artículo 274 (en su apartado 1, prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses) a quien, intencionadamente y sin estar autorizado, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada, legalmente protegidas, para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección.

La tipicidad depende de varias condiciones:

  • Protección legal del producto: la denominación o indicación debe estar legalmente protegida, ya sea por la normativa nacional y autonómica de denominaciones de origen o por el registro de la Unión Europea (hoy, el Reglamento (UE) 2024/1143 sobre indicaciones geográficas).
  • Conocimiento de la protección: el autor tiene que saber que la denominación está protegida.
  • Falta de autorización: usar la denominación sin autorización equivale a hacerlo sin el consentimiento del titular del derecho.
  • Uso en el tráfico económico: se castiga la utilización de la denominación para distinguir productos en el mercado.

El artículo 275 no ha sido reformado desde 1995, a diferencia del 274, cuya redacción actual procede de la Ley Orgánica 1/2015.

Agravaciones comunes en los delitos contra la propiedad industrial (art. 276)

El artículo 276 agrava las penas de los delitos de esta Sección cuando concurre alguna de las circunstancias que enumera. Tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 (antes de ella la pena era de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses), la pena es de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un período de dos a cinco años. Las circunstancias son:

  • Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica.
  • Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
  • Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.
  • Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

Protección de las solicitudes de patente secreta (art. 277)

El artículo 277 castiga con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses a quien divulgue intencionadamente la invención objeto de una solicitud de patente secreta, en contravención de la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional. Se lesionan, por tanto, intereses colectivos identificados con la defensa y la seguridad nacional. La legislación de patentes de referencia es hoy la Ley 24/2015, de Patentes.

Responsabilidad de las personas jurídicas

Estos delitos pueden dar lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El artículo 288 prevé, para los artículos 275 y 276, una multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener cuando el delito de la persona física tenga prevista una pena de prisión de más de dos años, o del doble al triple en el resto de los casos, y para el artículo 277, multa de seis meses a dos años o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener, si esta cantidad fuese más elevada. Los jueces pueden además imponer las penas del artículo 33.7, letras b) a g).

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».