La discriminación en las penas privativas de la libertad para las mujeres
Lo que en realidad subsiste en la actualidad en relación a aquellas personas privadas de la libertad (presos), principalmente en las mujeres, es la decepción y frustración en torno al ordenamiento punitivo el cual se fundamenta casi que solamente en el cumplimiento de aquel tipo de penas que privan a las personas de su libertad, sin tener en cuenta otras opciones o alternativas, además de un sistema penal que al parecer no tiene en cuenta el concepto de la ultima ratio como máxima del Derecho Penal como mediador en los apremios sociales.
La carencia de verdaderas opciones y posibilidades diferentes a las penas intramurales o de prisión a pesar de los fallidos intentos de instituir verdaderos sistemas que sustituyan las penas privativas de la libertad a través de la realización de trabajos en pro de la comunidad, además de la utilización indebida de este tipo de penas como mecanismo de control social, son determinantes al momento de que se diversifiquen los factores de tipo discriminatorio en lo relacionado con las mujeres presas.
Para lograr apremiar estas circunstancias de discriminación y de inequidad social, es absolutamente necesario que se adopten transformaciones al sistema encargado de hacer cumplir las penas privativas de la libertad, sin dejar por fuera la instauración de la prescripción de los mismos desacatando directamente los fines que aparecen consagrados en el artículo 33 del Código Penal, como todo tipo de actuaciones de orden económico y de destinación de inversiones a infraestructuras, fomentar la integración al trabajo de las prisioneras, una atención de mayor calidad a las madres reclusas y a su familia, principalmente a sus hijos, y todas las demás necesidades de tipo sanitario y médico. La finalidad de todo esto es acabar finalmente con la alta discriminación de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad para así evitar que terminen cumpliendo una doble condena.
