Los delitos contra el medio ambiente de los artículos 325, 326 y 327 del Código Penal exigen distinguir con cuidado cuándo una conducta contaminante es delito y cuándo es solo una infracción administrativa, teniendo en cuenta los principios de intervención mínima y de subsidiariedad que rigen el Derecho penal. La respuesta depende de la gravedad del peligro o del daño, no de que se haya infringido una norma ambiental.
El tipo del artículo 325 es una norma penal en blanco
El artículo 325 del Código Penal castiga a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, así como captaciones de aguas, cuando por sí mismos o junto con otros causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas (apartado 1; prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial de uno a dos años). Si las conductas pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, la pena es de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial de uno a tres años; y si se crea un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, la prisión se impone en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado (apartado 2).
Esta estructura procede de la Ley Orgánica 1/2015, que añadió el apartado 1 («daños sustanciales») y dejó la referencia al «equilibrio de los sistemas naturales» en el apartado 2. Antes, el artículo 325 contenía un único tipo, el del equilibrio de los sistemas naturales; la jurisprudencia citada más abajo se elaboró sobre ese tipo, por lo que conserva su valor para el apartado 2 y como criterio general de gravedad.
La infracción administrativa y el delito se solapan
La normativa ambiental sectorial tipifica como infracciones administrativas conductas muy parecidas. Así, el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas exige autorización administrativa previa para verter en el dominio público hidráulico y prohíbe el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales sin ella; y el artículo 116 de la misma ley califica como infracción administrativa, entre otras conductas:
«f) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente.»
«g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga.»
Del mismo modo, la normativa de prevención y control integrados de la contaminación (primero la Ley 16/2002, hoy en un texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016) calificaba como infracción muy grave ejercer la actividad o modificar sustancialmente una instalación sin la preceptiva autorización ambiental integrada, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
En ambos casos se parte de un incumplimiento de la normativa ambiental (en el caso del vertido, la normativa de aguas), y en el segundo se añade un daño grave. De ahí que no baste con constatar que se ha contravenido la norma administrativa para aplicar el tipo penal: hace falta algo más. Entre el delito y la infracción rige además la prohibición de doble sanción por los mismos hechos, sujeto y fundamento, de modo que, si el hecho puede ser delictivo, la Administración debe pasar el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o al órgano judicial y suspender el procedimiento sancionador hasta que se resuelva el proceso penal.
Qué gravedad exige el delito: peligro hipotético
El peligro debe ser suficiente para constituir una infracción penal; si no reviste la gravedad necesaria, la vía adecuada será la administrativa. El Tribunal Supremo ha dicho:
«en el tratamiento de este problema, la más reciente jurisprudencia (véase, entre otras, la sentencia de esta Sala de 1 de abril de 2003) ha calificado el tipo delictivo del artículo 325 del Código Penal vigente, no como un delito de peligro concreto ni tampoco abstracto «estricto sensu», sino como un delito de peligro hipotético, no siendo bastante constatar la contravención de la normativa administrativa para poder aplicarlo, sino también algo más: que la conducta sea potencialmente peligrosa, lo que significa que habrá que analizar, no sólo la composición y peligrosidad de los vertidos (administrativamente prohibidos), sino también si tales vertidos hubieran podido tener importantes efectos nocivos sobre el cauce del río y su caudal. O lo que es lo mismo, lo que debe hacerse es un juicio hipotético sobre la potencialidad lesiva de la conducta para poderla incardinar en el mencionado tipo delictivo.»
En esa resolución (STS 1148/2004, de 25 de mayo) el tribunal confirmó la absolución porque, aunque los vertidos eran peligrosos y nocivos, no quedó probado que lo fueran dadas las características del río receptor y de su caudal.
Si se vulnera la normativa administrativa pero no se genera un peligro grave, atendida la escasa entidad del daño ocasionado al ecosistema, el hecho no es delito, sino infracción administrativa. Solo es ilícito penal cuando pone en peligro el equilibrio del sistema natural de que se trate (apartado 2) o, tras la reforma de 2015, cuando puede causar daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas (apartado 1). Así lo exigen los principios de subsidiariedad e intervención mínima.
El factor temporal y otros criterios de gravedad
El Tribunal Supremo ha tenido en cuenta también el factor temporal para determinar la suficiente gravedad del vertido. En sus palabras, «parece seguro referenciar el criterio de la gravedad del perjuicio a la intensidad del acto contaminante, a la probabilidad de que el peligro se concrete en un resultado lesivo, en definitiva, a la magnitud de la lesión en relación con el espacio en el que se desarrolla, la prolongación en el tiempo, la afectación directa o indirecta, la reiteración de la conducta, de los vertidos, emisiones, etc., a la dificultad para el restablecimiento del equilibrio de los sistemas, proximidad de las personas o de elementos de consumo» (STS 81/2008, de 13 de febrero).
Por ejemplo, si la conducta de verter contaminación en un río se ha prolongado durante dos meses y los vertidos han sido pocos, el corto plazo y la escasa reiteración pueden llevar a concluir que no revisten la gravedad necesaria para el ilícito penal, salvo que el vertido concreto por su composición y por las condiciones del cauce fuese por sí capaz de causar un daño relevante.
Agravantes y reforma europea pendiente
El artículo 327 impone la pena superior en grado, sin perjuicio de las que correspondan por otros delitos, cuando la industria o actividad funcione clandestinamente sin la preceptiva autorización, se desobedezcan órdenes expresas de la autoridad administrativa, se falsee u oculte información ambiental, se obstaculice la inspección, se produzca un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico o se extraigan ilegalmente aguas en período de restricciones. Para los residuos, el artículo 326 castiga su recogida, transporte, valorización o eliminación contrarias a las normas, y su traslado ilícito en cantidad no desdeñable.
La Directiva (UE) 2024/1203, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, fijaba el 21 de mayo de 2026 como plazo de transposición. El texto consolidado del Código Penal que se ha consultado para esta actualización mantiene todavía la redacción de 2015 para los artículos 325 a 327; conviene comprobar en el BOE si se ha aprobado una reforma posterior antes de aplicar este comentario a un caso concreto.
Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 325 a 327); Texto refundido de la Ley de Aguas (BOE); Directiva (UE) 2024/1203 (EUR-Lex); sentencias del Tribunal Supremo citadas, consultables en CENDOJ.
