La Audiencia Nacional condenó en mayo de 2025 a los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a siete años y cuatro meses de prisión por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes cometidos en la captación de fondos del Grupo Nueva Rumasa mediante pagarés. La condena es inferior a los dieciséis años que había pedido el Ministerio Fiscal, y este artículo repasa qué decidió el tribunal y cómo se explican las penas de cada delito en el Código Penal.
La sentencia de la Audiencia Nacional
La sentencia, de 672 páginas, la dictó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (ECLI:ES:AN:2025:2447) y se dio a conocer el 30 de mayo de 2025. Según la nota del Poder Judicial, sus puntos principales son:
- Condenas. Siete años y cuatro meses de prisión para los seis hermanos Ruiz-Mateos por estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; seis años y cinco meses para Zoilo P., administrador de numerosas sociedades del grupo, y seis años y tres meses para José Ramón R., director de la oficina del grupo en Jerez de la Frontera (el «banquito de Jerez»), que también fue condenado por un delito contra la Hacienda Pública. Otros tres acusados fueron condenados a penas de tres a cinco meses por alzamiento de bienes y cuatro personas fueron absueltas.
- Atenuante. El tribunal apreció la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, porque la causa llegó a la Sala en junio de 2018 y la sentencia se dictó años después, retraso que, según el tribunal, no es imputable a los acusados. Es la circunstancia 6.ª del artículo 21 del Código Penal, que, si es muy cualificada, permite rebajar la pena en uno o dos grados (art. 66.1.2.ª CP).
- Prueba. Se anularon únicamente las pruebas derivadas de las declaraciones del antiguo abogado de la familia, sin afectar al resto de la prueba.
- Responsabilidad civil. Los hermanos Ruiz-Mateos, Zoilo P. y José Ramón R. deben indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados, y todos los condenados deben pagar las costas, incluidas las de las acusaciones particulares.
Contra las sentencias dictadas en primera instancia por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cabe recurso de apelación ante la Sala de Apelación de la propia Audiencia Nacional (art. 846 ter LECrim), y después, por infracción de ley, recurso de casación ante el Tribunal Supremo (art. 847.1.b LECrim). No se ha localizado una fuente fiable sobre si la condena ha llegado a ser firme.
Qué se declara probado: los pagarés de Nueva Rumasa
Según los hechos probados, el Grupo Nueva Rumasa funcionaba de hecho como una sola empresa, aunque no era un grupo consolidado, con un alto grado de opacidad. Entre febrero de 2009 y febrero de 2011 captó fondos del público mediante «pagarés de empresa» con altos intereses, y ocultó a los inversores su insolvencia mientras seguía anunciando la inversión. El dinero se enviaba a una caja común y parte se destinó a bienes y gastos de la familia. Desde marzo de 2011 se transmitieron empresas y se usaron administradores interpuestos para proteger el patrimonio frente a los acreedores.
La sentencia cifra en 337.377.450,60 euros los fondos captados y reconoce al menos 4.110 perjudicados, los inversores que compraron los pagarés (la sentencia advierte de que puede haber inversiones opacas que eleven la cifra). Para ellos, el principal efecto práctico es la responsabilidad civil solidaria de los condenados, que podrá ejecutarse sobre su patrimonio cuando la sentencia sea firme.
Lo que pidió el Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal acusó a los seis hijos de haber creado, junto con su padre ya fallecido, un sistema de naturaleza piramidal para captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y documentos similares emitidos por sociedades del grupo. Pidió dieciséis años de prisión para cada uno, desglosados así:
- Nueve años por el delito de estafa.
- Cuatro años por el delito de blanqueo de capitales.
- Tres años por el delito de alzamiento de bienes.
Recordamos los elementos de cada delito y las penas que prevé el Código Penal vigente, para entender cómo se llega a esas cifras y por qué la condena es menor.
El delito de estafa
Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno (art. 248.1 CP). Requiere, por tanto, un engaño previo o concurrente a la defraudación, suficiente para lograr el fin perseguido; un error esencial en quien es engañado; un acto de disposición patrimonial voluntario, motivado por ese error, y ánimo de lucro en el autor.
¿Por qué se piden nueve años si la estafa básica se castiga con seis meses a tres años?
La pena básica del artículo 248.2 es de prisión de seis meses a tres años, y para fijarla se atiende al importe de lo defraudado, al quebranto económico causado y a los medios empleados. Pero el artículo 250 prevé un tipo agravado con prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, entre otros supuestos, cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas (250.1.5.º), cuando el delito reviste especial gravedad por la entidad del perjuicio y la situación en que deja a las víctimas (250.1.4.º) o cuando se comete aprovechando la credibilidad empresarial o profesional del autor (250.1.6.º).
Si las circunstancias 4.ª, 5.ª, 6.ª o 7.ª del apartado anterior concurren con la 1.ª (que la estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social), o si el valor de lo defraudado supera los 250.000 euros, la pena sube a prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses (art. 250.2). Y en las infracciones contra el patrimonio, el artículo 74.2 permite imponer motivadamente la pena superior en uno o dos grados cuando el hecho reviste notoria gravedad y ha perjudicado a una generalidad de personas, lo que explica una petición de nueve años, por encima del máximo de ocho. Esta regla del artículo 74 es la propia del delito continuado y del delito masa.
El Código Penal fue modificado en 2026 por la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, de multirreincidencia, que afecta a los apartados sobre reiteración de condenas de los artículos 248 y 250, pero no a las circunstancias agravantes que se han descrito.
El delito de blanqueo de capitales
El artículo 301.1 del Código Penal castiga con prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes a quien:
- Adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercero.
- Realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito.
- Realice cualquier otro acto para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.
- Oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva (art. 301.2).
Aunque lo habitual es agrupar las modalidades en tres, el texto legal contempla estas cuatro conductas. Desde la LO 5/2010 el origen de los bienes puede ser cualquier «actividad delictiva», y no solo un delito grave. Los cuatro años pedidos por el Ministerio Fiscal se explican por el artículo 302.1, que impone las penas de prisión en su mitad superior (de tres años y tres meses a seis años) a quienes pertenezcan a una organización dedicada a estos fines.
El delito de alzamiento de bienes
El alzamiento de bienes consiste en eludir el pago de deudas u obligaciones mediante la disposición u ocultación del patrimonio. El artículo 257.1 del Código Penal lo castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores o realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo.
Si la deuda que se pretende eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico-pública, la pena sube a prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses (art. 257.3). Además, las penas se imponen en su mitad superior cuando el valor de lo defraudado supera los 50.000 euros o el delito afecta a un elevado número de personas, o cuando se abusa de la credibilidad empresarial (art. 257.4, por remisión a los números 5.º y 6.º del art. 250.1). El delito se persigue aunque después se inicie un procedimiento concursal (art. 257.5). Los tres años pedidos por el Fiscal entran en el marco general de uno a cuatro años.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE); nota del Poder Judicial sobre la sentencia de la Audiencia Nacional (30 de mayo de 2025).
