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Delito de alzamiento de bienes: concepto, bien jurídico y contenido del injusto

Bodegón sobrio con balanza, documentos y maletín que sugiere control y ocultación de bienes

El alzamiento de bienes se castiga en el art. 257.1.1.º del Código Penal, que sanciona a quien «se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores». La definición coincide con la del clásico delito de alzamiento de bienes del Código Penal anterior y se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Qué es el alzamiento de bienes

Comete este delito el deudor que reduce o hace desaparecer su patrimonio, real o aparentemente, para frustrar el cobro de sus acreedores. Son ejemplos típicos la venta simulada de un inmueble a un familiar, las donaciones, la constitución de sociedades interpuestas o la creación de deudas ficticias.

Alzamiento genérico y alzamiento propiamente dicho

El art. 257 recoge varias modalidades con la misma pena: el alzamiento propiamente dicho (apartado 1.1.º), los actos de disposición patrimonial o generadores de obligaciones que dilaten, dificulten o impidan la eficacia de un embargo o procedimiento ejecutivo (apartado 1.2.º) y los que se realizan para eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito (apartado 2). Al tener las mismas penas, pueden agruparse bajo la denominación «alzamiento de bienes».

Bien jurídico afectado y obligaciones presupuesto del delito

Bien jurídico afectado

La doctrina mayoritaria establece que el objeto jurídico aplicable a todas las figuras de insolvencia tiene una dimensión estrictamente patrimonial: el derecho del acreedor a satisfacer su crédito en el patrimonio del deudor tras un incumplimiento. La jurisprudencia reciente lo describe como pluriofensivo, al proteger además el interés colectivo en el buen funcionamiento del sistema económico y crediticio (así lo recoge, entre otras, la STS 197/2022, de 3 de marzo, según un resumen de la doctrina del Tribunal Supremo).

Naturaleza de las obligaciones presupuesto

El art. 257.3 equipara el crédito privado y el crédito público: «lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada».

Si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico-pública, o se trata de obligaciones pecuniarias derivadas de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena sube a prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses. Además, las penas se imponen en su mitad superior cuando concurren los supuestos de los numerales 5.º o 6.º del art. 250.1 (valor de la defraudación superior a 50.000 euros o afectación a un elevado número de personas; abuso de relaciones personales o de la credibilidad empresarial o profesional).

Los artículos siguientes completan la regulación: el art. 258 castiga al deudor ejecutado que presenta a la autoridad una relación de bienes incompleta o mendaz, o se niega a facilitarla; el art. 258 bis, a quien hace uso de bienes embargados depositados sin autorización; y el art. 258 ter prevé penas de multa para las personas jurídicas responsables de estos delitos.

Contenido del injusto: ¿delito de peligro o de lesión?

La doctrina española, dividida

La doctrina se ha dividido: algunos autores (como Del Rosal Blasco, Rus, Muñoz Conde, Nieto o Quintero) ven en el alzamiento un delito de peligro, y otros (como R. Devesa, Bajo/Suárez o Bajo/Bacigalupo) un delito de lesión. Según ellos, seguir una línea u otra depende de si se considera que el art. 257 exige o no la causación de un perjuicio evaluable económicamente para el patrimonio del acreedor.

La posición del Tribunal Supremo

La jurisprudencia lo configura como un delito de riesgo que se consuma con los actos de vaciamiento patrimonial, sin esperar a que el acreedor conozca la pérdida (STS 428/2022, de 29 de abril (Iustel)). De ahí se derivan consecuencias prácticas: no es necesaria una insolvencia real y definitiva (basta una disminución patrimonial, aunque sea aparente, que obstaculice la vía de apremio) y el delito no se descarta por el hecho de que luego se inicie un procedimiento concursal (art. 257.5).

Prescripción

El plazo general es de cinco años (art. 131.1 del Código Penal, porque la pena máxima del tipo básico es de cuatro años de prisión), y de diez años para el tipo agravado de prisión de uno a seis años. Según la STS 428/2022, el plazo se cuenta desde los actos de vaciamiento y no desde que el acreedor conoce la pérdida; en el delito continuado se cuenta desde el último acto (art. 132.1).

Acciones del acreedor

Además de la vía penal, el acreedor puede ejercitar la acción rescisoria por fraude de acreedores (arts. 1111 y 1291.3.º del Código Civil) para dejar sin efecto los negocios con los que el deudor ha disminuido su patrimonio. Para conocer cuándo una persona es insolvente y cómo se distingue de otras situaciones, véanse los tipos de insolvencia; la diferencia con las insolvencias punibles está en la situación de concurso o de insolvencia actual o inminente exigida por los arts. 259 y siguientes.

Otros delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); STS 428/2022, de 29 de abril (Iustel). Texto original de Javier García de Tiedra González, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de Derecho Penal Económico y de la Empresa (parte especial), de Carlos Martínez-Buján Pérez, pp. 52-56.