El artículo 25.2 de la Constitución dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y que no podrán consistir en trabajos forzados. La resocialización es, por tanto, uno de los fines que la Constitución asigna a la pena de prisión.
Contenido del mandato de resocialización
A pesar de la crisis de la pena privativa de libertad y del ideal socializador, el artículo 25.2 CE se concreta en un contenido realista: la ejecución de la pena debe llevarse a cabo de modo que se eviten, en lo posible, los efectos negativos que la prisión produce en el penado (efecto desocializador). Es decir, la resocialización tiene un contenido negativo (no desocializar) y un contenido positivo (ofrecer al penado medios de tratamiento, formación y trabajo que faciliten su vuelta a la sociedad).
La Ley Orgánica General Penitenciaria lo desarrolla desde su artículo 1, que atribuye a las instituciones penitenciarias como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas privativas de libertad. El propio artículo 25.2 CE añade que el condenado a prisión que esté cumpliendo su pena goza de los derechos fundamentales del Capítulo II, salvo los limitados por el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria, y que en todo caso tiene derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social y al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
Naturaleza: mandato al legislador, no derecho fundamental
El Tribunal Constitucional ha dicho que del artículo 25.2 CE no se deriva un derecho fundamental de la persona susceptible de amparo, sino un mandato dirigido al legislador y a la Administración penitenciaria, un criterio que debe orientar la política penal y penitenciaria del Estado (por ejemplo, en las SSTC 2/1987 y 19/1988). Además, la reinserción no es la única finalidad de la pena: también cumplen un papel legítimo la prevención y la retribución.
De ahí se sigue que no resultan contrarias a la Constitución las penas privativas de libertad que no pueden ejecutarse de forma socializadora: bien por la naturaleza de la pena, bien porque el autor no necesita ser resocializado, bien porque no puede serlo.
Prisión permanente revisable
El debate sobre el artículo 25.2 CE ha vuelto a plantearse con la prisión permanente revisable, introducida por la Ley Orgánica 1/2015. El Tribunal Constitucional la consideró conforme con la Constitución en la STC 169/2021, de 6 de octubre. Sus defensores sostienen que la posibilidad de revisión, sujeta a un pronóstico favorable de reinserción social, mantiene viva la finalidad resocializadora (arts. 36.1 y 92 CP); sus críticos señalan que las exigencias temporales y de pronóstico la comprometen seriamente.
Instrumentos de resocialización
- El tratamiento penitenciario, basado en la individualización científica y en la clasificación penitenciaria en grados (art. 72 LOGP).
- Los permisos de salida, el régimen abierto y la libertad condicional (art. 90 CP).
- Las penas alternativas a la prisión, como los trabajos en beneficio de la comunidad o la suspensión de la ejecución (arts. 49 y 80 y siguientes CP).
El mandato de resocialización se relaciona con el principio de humanidad de las penas y con el derecho penitenciario como rama que regula su ejecución.
Fuentes: Constitución Española (BOE) (art. 25.2); Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria (texto consolidado, BOE) (art. 1); Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 36, 90 y 92).
