Los intereses económicos de los consumidores se protegen en la Sección 3.ª del Capítulo XI del Título XIII del Código Penal («De los delitos relativos al mercado y a los consumidores») mediante cuatro delitos: la detracción de materias primas o productos de primera necesidad (art. 281), la publicidad falsa (art. 282), la facturación ilícita a través de aparatos automáticos (art. 283) y la alteración fraudulenta de los precios del mercado (art. 284). A ellos se añaden unas disposiciones comunes a toda la Sección sobre denuncia, publicación de la sentencia y responsabilidad de las personas jurídicas. Fuera del Derecho penal, el consumidor cuenta con el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal.
Detracción de materias primas o productos de primera necesidad (art. 281)
Se castiga con prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses al que detraiga (esto es, retire total o parcialmente) del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mercado, forzar una alteración de precios o perjudicar gravemente a los consumidores. La detracción debe tener entidad suficiente como para afectar a los mecanismos básicos del mercado o a los consumidores. Se impone la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones de grave necesidad o catastróficas.
Publicidad falsa (art. 282)
Se castiga con prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses a los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre ellos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos (por ejemplo, la estafa). El tipo no exige que el perjuicio llegue a producirse, sino que la publicidad pueda causarlo. Como la publicidad tiende a enfatizar lo positivo, las valoraciones meramente exageradas no son típicas.
Facturación ilícita a través de aparatos automáticos (art. 283)
Se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de seis a dieciocho meses a quienes, en perjuicio del consumidor, facturen cantidades superiores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o manipulación de estos. El delito se consuma sin necesidad de que se cause perjuicio económico, y en ello radica su diferencia esencial con la estafa.
Alteración fraudulenta de los precios del mercado (art. 284)
La Ley Orgánica 5/2010 modificó el artículo 284, y la Ley Orgánica 1/2019 lo reformó de nuevo para adaptarlo al Derecho europeo sobre abuso de mercado. Castiga las maquinaciones para alterar los precios como uno de los ataques a la libre competencia, es decir, a la libre formación de los precios en el mercado, y describe tres modalidades:
- Alterar los precios que resultarían de la libre concurrencia empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio.
- Difundir noticias o rumores, o transmitir señales falsas o engañosas, sobre personas o empresas, con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero, cuando se obtenga un beneficio y concurran determinadas cuantías (por ejemplo, más de 250.000 euros de beneficio o de perjuicio) o un grave impacto en la integridad del mercado.
- Realizar transacciones o dar órdenes susceptibles de proporcionar indicios falsos o engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, o asegurarse una posición dominante para fijar sus precios en niveles anormales o artificiales, con los mismos umbrales.
La pena es de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años (o del tanto al triplo del beneficio obtenido o de los perjuicios evitados si esa cifra es mayor) e inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero de dos a cinco años. Se agrava (mitad superior) si el autor actúa habitualmente, si el beneficio o el perjuicio son de notoria importancia o si es trabajador de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o entidad rectora de mercados.
Disposiciones comunes a los delitos relativos al mercado y a los consumidores
- Denuncia: para proceder por los delitos de esta Sección es necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales, salvo en los artículos 284 y 285. Cuando la persona agraviada sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida, también puede denunciar el Ministerio Fiscal. No se exige la denuncia cuando el delito afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 287).
- Publicación de la sentencia: en los supuestos previstos en la Sección se dispone la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicita el perjudicado, el juez o tribunal puede ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado (art. 288).
- Personas jurídicas: el artículo 288 prevé penas de multa para las empresas cuando son responsables de estos delitos según el régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (por ejemplo, en el caso del artículo 283, multa del doble al triple del beneficio obtenido, favorecido o que se hubiera podido obtener).
- Consecuencias accesorias: el juez o tribunal, a la vista de las circunstancias del caso, puede adoptar las medidas del artículo 129 sobre empresas y entidades sin personalidad jurídica.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».
Sobre delitos socioeconómicos, lee también el desabastecimiento de materias primas y los falsos autónomos.
