Portada » Delitos » Conducta típica en el delito de alzamiento de bienes

Conducta típica en el delito de alzamiento de bienes

Llaves, documentos y balanza simbolizan el alzamiento de bienes en contexto legal

La conducta típica del delito de alzamiento de bienes se describe en el Código Penal vigente con la misma expresión que en sus precedentes: «alzarse con los bienes» (art. 257.1.1.º). A continuación se analiza qué significa y qué comportamientos abarca.

«Alzar»: lo que dice sobre las acciones típicas

La palabra «alzar» es muy esclarecedora sobre las acciones que selecciona el legislador penal como típicas. Su acepción jurídica equivale, según el Diccionario de la RAE (22.ª edición), a «defraudar a un acreedor, especialmente ocultando fondos o ausentándose con ellos; quebrar maliciosamente».

La acción de alzarse con los bienes: artículo 257 del Código Penal

La acción de «alzarse con los bienes» se recoge en el art. 257 del Código Penal como la ocultación fraudulenta de los bienes por parte del deudor con la finalidad de eludir la pretensión crediticia del acreedor. Se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

El propio art. 257.1 contiene una segunda modalidad (apartado 2.º), que castiga a quien, con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. No exige, por tanto, ocultar bienes: basta con que el acto obstaculice la ejecución, aunque el procedimiento todavía no haya comenzado. Y, tras la reforma de la LO 1/2015, el apartado 2 del art. 257 recoge con la misma pena el caso del que realiza actos de disposición, contrae obligaciones que disminuyen su patrimonio u oculta elementos de él con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito.

Qué opina la jurisprudencia sobre el delito de alzamiento de bienes

La jurisprudencia se ha posicionado en el mismo sentido: el delito de alzamiento requiere un elemento objetivo «consistente en la ocultación, enajenación o desaparición de los bienes, burlando el orden jurídico estatuido para la defensa de los intereses de los acreedores».

Un tipo de estructura abierta

Por eso la opinión dominante sostiene que, en lo atinente a la conducta, el tipo es de estructura abierta: cabe en él toda clase de comportamientos. Los bienes pueden ocultarse físicamente, con el propio deudor (cuando se ausenta con ellos) o incluso mediante negocios jurídicos ficticios cuya finalidad es disminuir el activo o engrosar el pasivo, como enajenaciones simuladas o donaciones.

¿Se admite el alzamiento por omisión?

Es una cuestión debatida por la doctrina, pero la doctrina mayoritaria (como Muñoz Conde, Del Rosal Blasco, Martínez-Buján o Souto Vives y González Cussac) entiende que la omisión debe descartarse en el delito de alzamiento de bienes.

¿Se tipifican como alzamiento la preterición o el favorecimiento de acreedores?

No. La expresión «alzarse con sus bienes» se opone a calificar así esas conductas, porque en ellas no cabe afirmar que el autor se haya quedado de hecho con bienes ni que haya producido o aumentado su insolvencia. Estas conductas se castigan, si reúnen sus requisitos, como insolvencias punibles en el art. 260 del Código Penal: favorecer a un acreedor, estando en situación de insolvencia actual o inminente, pagando un crédito no exigible o dándole una garantía a la que no tenía derecho en una operación sin justificación económica o empresarial (prisión de seis meses a tres años o multa de ocho a veinticuatro meses), y pagar a unos acreedores con posposición del resto una vez admitida a trámite la solicitud de concurso sin autorización (prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses).

El resultado: la insolvencia

La acción de ocultación de bienes debe ir dirigida a provocar un estado de insolvencia, que buena parte de la doctrina concibe como un resultado material. La jurisprudencia es más flexible: considera el alzamiento un delito de riesgo que se consuma cuando se llevan a cabo los actos de vaciamiento patrimonial (STS 428/2022, de 29 de abril (Iustel)), sin que se exija una insolvencia real y definitiva; basta una insolvencia aparente o parcial que obstaculice la vía de apremio, aunque no hay delito si el deudor conserva bienes suficientes para pagar.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); STS 428/2022, de 29 de abril (Iustel). Artículo realizado por Javier García de Tiedra González, estudiante de Derecho en la Universidad de Cádiz, a partir de Derecho Penal Económico y de la Empresa (parte especial), de Carlos Martínez-Buján Pérez, pp. 60-63.