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Comentarios sobre el delito de defraudación tributaria (art. 305 del Código Penal)

Bodegón sobrio con elementos contables antiguos que evocan la vigilancia del patrimonio público

El bien jurídico inmediatamente protegido en el delito de defraudación tributaria es el patrimonio de la Hacienda Pública, concretado en la recaudación tributaria. Es el bien jurídico tutelado en sentido técnico y el que resulta lesionado, por ejemplo, cuando los sujetos activos no declaran el IVA devengado y dejan de satisfacer a la Hacienda Pública la cantidad que resultaría de la liquidación. El delito, conocido también como delito fiscal, se regula en el artículo 305 del Código Penal, dentro del título XIV del libro II. Para el panorama completo del título puede verse la entrada sobre los delitos contra la Hacienda Pública.

Presupuesto del delito y sujetos responsables

El delito exige, como presupuesto, la previa existencia de una obligación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y la Administración Tributaria: es preciso que haya nacido una deuda tributaria o que se haya concedido un beneficio fiscal. Por eso es un delito especial: solo puede ser autor el obligado tributario, el obligado a retener o ingresar a cuenta, quien disfruta del beneficio fiscal o quien obtiene la devolución indebida. Los asesores o quienes elaboran facturas falsas pueden responder como inductores o cooperadores necesarios.

Si quien actúa carece de las cualidades que exige el tipo para ser sujeto activo (por ejemplo, porque la relación tributaria es de la sociedad y no suya), responde igualmente por el artículo 31 del Código Penal cuando actúa como administrador de hecho o de derecho de la entidad, o en nombre o representación de otro, y esas circunstancias concurren en la entidad representada.

Además, las sociedades pueden ser penalmente responsables de estos delitos conforme al artículo 31 bis, cuando se cometen en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales, por quienes toman decisiones en su nombre o, si se incumplió gravemente el deber de supervisión, por personas sometidas a su autoridad. El artículo 310 bis fija las penas de multa que se les imponen; el régimen general se explica en la entrada sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La conducta tipificada en el artículo 305 del Código Penal

El artículo 305.1 castiga a quien, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía defraudada exceda de 120.000 euros, salvo que se haya regularizado la situación tributaria.

Qué es «eludir» y qué son «tributos»

«Eludir» se entiende, a estos efectos, como evitar con astucia una dificultad o una obligación. Esta caracterización permite considerar atípico el comportamiento del contribuyente que, habiendo reconocido y liquidado correctamente su deuda, no efectúa el pago: la respuesta a ese impago es la vía de apremio administrativa, no la penal. Por su parte, «tributos» es un concepto normativo que remite al Derecho tributario: el artículo 2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, comprende las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos.

La presentación de declaraciones no excluye la defraudación

La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, añadió un segundo párrafo al apartado 1: «La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos». Es una aclaración de algo evidente, pues una declaración puede contener datos falsos o ocultar los hechos imponibles reales y haberse presentado, aun así, en plazo.

Cuantía: más de 120.000 euros

La cuantía de la cuota defraudada, de las retenciones o ingresos a cuenta no ingresados, o de las devoluciones y beneficios fiscales indebidos, debe exceder de 120.000 euros. Este límite cuantitativo deslinda el delito de la simple infracción administrativa. Conforme al artículo 305.2:

  • si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración y, si es inferior a doce meses, al año natural;
  • en los demás supuestos, la cuantía se refiere a cada uno de los conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación;
  • si la defraudación se lleva a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que aparentan una actividad económica real sin desarrollarla, el delito es perseguible desde el momento en que se alcance la cantidad de 120.000 euros, sin esperar al cierre del período.

Las modalidades de conducta se describen de forma alternativa, de modo que los 120.000 euros pueden alcanzarse con un perjuicio global causado por una combinación de varias de ellas.

Desde la Ley Orgánica 1/2019, el apartado 3 extiende las mismas penas a quien cometa esas conductas contra la Hacienda de la Unión Europea, cuando la cuantía defraudada exceda de 100.000 euros en un año natural. Si no supera esa cifra pero excede de 10.000 euros, la pena es de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la cuantía, con pérdida de ayudas y beneficios durante seis meses a dos años.

Penas y tipo agravado

El tipo básico se castiga con prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres a seis años. El artículo 305 bis, introducido por la Ley Orgánica 7/2012, prevé un tipo agravado, con prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo, cuando la cuota defraudada exceda de 600.000 euros, la defraudación se cometa en el seno de una organización o grupo criminal, o el uso de personas o entes interpuestos, instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales oculte o dificulte la identificación del obligado o la determinación de la cuantía.

Regularización y atenuación

El artículo 305.4 permite evitar la pena mediante la regularización: el obligado debe reconocer y pagar por completo la deuda antes de que la Administración le notifique el inicio de actuaciones de comprobación o investigación o, si no las hubo, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local interponga querella o denuncia, o antes de que el Fiscal o el Juez de Instrucción tengan conocimiento formal de la iniciación de diligencias. También produce estos efectos el pago de deudas ya prescritas en vía administrativa. La regularización impide además perseguir las irregularidades contables u otras falsedades instrumentales cometidas, exclusivamente en relación con esa deuda, antes de regularizar.

Por su parte, el artículo 305.6 permite imponer la pena inferior en uno o dos grados al obligado tributario o al autor si, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado, satisface la deuda tributaria y reconoce judicialmente los hechos. La misma rebaja se extiende a otros partícipes que colaboren activamente para obtener pruebas decisivas contra otros responsables o para averiguar el patrimonio del obligado.

Tipo subjetivo: exigencia de dolo

Respecto al tipo subjetivo, se exige dolo: basta con que, en el momento de la ejecución, se conozca la ocultación o falsificación de los fundamentos o presupuestos del hecho imponible y que ello comportará un perjuicio patrimonial para la Hacienda Pública. Si los autores buscan obtener un beneficio defraudando a la Hacienda, actúan movidos por ánimo de lucro, con dolo directo. No constituye delito el mero olvido ni la omisión de datos debida a error.

Liquidación y cobro de la deuda durante el proceso penal

Cuando la Administración aprecie indicios de delito, puede liquidar por separado los conceptos y cuantías no vinculados con el posible delito (que siguen la tramitación y los recursos ordinarios) y los vinculados, que se tramitan conforme a la normativa tributaria (arts. 250 y siguientes de la Ley General Tributaria) y se ajustan finalmente a lo que se decida en el proceso penal. El procedimiento penal no paraliza la acción de cobro, salvo que el Juez acuerde la suspensión previa prestación de garantía, y para ejecutar la multa y la responsabilidad civil los tribunales recaban el auxilio de la Administración Tributaria (art. 305.5 y 305.7).

Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 31, 31 bis, 305, 305 bis y 310 bis); Ley 58/2003, General Tributaria (BOE); Ley Orgánica 7/2012 (BOE); Ley Orgánica 1/2019 (BOE).