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El orden público y la seguridad ciudadana en el ámbito penal

Bodegón sobrio con balanza, libro y guantes simbolizando la justicia y seguridad ciudadana

El orden público y la seguridad ciudadana como bienes jurídicos colectivos

Los conceptos de «seguridad ciudadana» y «orden público», que se manejan como bienes jurídicos colectivos, resultan difíciles de definir. Esa dificultad da pie a comportamientos autoritarios de la Administración y del legislador en nombre, supuestamente, de dichos bienes, a sabiendas de que la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la sociedad. Para conocer su contenido hay que acudir a la doctrina científica y a la jurisprudencia, sobre todo a la del Tribunal Constitucional. Junto a la seguridad pública existe, además, la seguridad privada, que la STC 154/2005 concibe como una actividad complementaria y subordinada respecto de la primera (así la define también el art. 1 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada).

La seguridad en nuestro ordenamiento jurídico

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, afirmaba que «la protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades fundamentales constituyen un binomio inseparable, y ambos conceptos son requisitos básicos de la convivencia en una sociedad democrática». Esa ley fue sustituida por la actual Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (en vigor desde el 1 de julio de 2015), cuyo art. 1 sigue considerando la seguridad ciudadana un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional (STC 148/2000, de 1 de junio, F. J. 10) ha expresado que:

«Resultarán encuadrables en la materia “seguridad pública”, todas aquellas medidas o cautelas que, dirigiéndose a la protección de personas y bienes, tengan como finalidad aún más específica evitar graves riesgos potenciales de alteración del orden ciudadano y de la tranquilidad pública».

El derecho a la seguridad ciudadana: un derecho instrumental

Como se puede observar, los términos carecen de la precisión necesaria en un ámbito donde debe predominar la lex certa, el mandato de determinación que forma parte del principio de legalidad. En cualquier caso, la seguridad ciudadana deriva de una protección eficaz de los derechos y libertades fundamentales contenidos en la Constitución y solo como medio de tutela de estos derechos tiene sentido su regulación. Así quedó plasmado en la STC 341/1993, que, precisamente por ello, declaró inconstitucionales varios preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992. En España no puede considerarse un derecho autónomo el derecho a la seguridad ciudadana: es presupuesto, o derecho instrumental si se prefiere, del ejercicio de los demás derechos fundamentales.

Seguridad pública, seguridad ciudadana y orden público

Conceptos intercambiables según la STC 325/1994

Siguiendo la STC 325/1994, de 12 de diciembre (F. J. 3), la delimitación sería muy sencilla: los conceptos de seguridad pública y de seguridad ciudadana serían idénticos y vendrían a coincidir con lo que tradicionalmente se denomina orden público.

Expresiones distintas: STC 33/1982 y STC 59/1985

Aparecen problemas interpretativos cuando otras resoluciones del Tribunal Constitucional manejan un concepto distinto de seguridad pública. En la STC 33/1982, de 8 de junio, se estableció que la seguridad pública «se centra en la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad y orden ciudadano, que son finalidades inseparables y mutuamente condicionadas». La STC 59/1985, de 6 de mayo, matiza que no toda seguridad de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a conseguirla, puede englobarse en el título competencial de «seguridad pública»; si así fuera, casi todas las normas del ordenamiento serían normas de seguridad pública y, por tanto, competencia del Estado, cuando es claro que se trata de un concepto más estricto, en el que hay que situar de modo predominante las organizaciones y los medios instrumentales, en especial los cuerpos de seguridad del art. 104 de la Constitución. Sentencias posteriores (STC 148/2000, de 1 de junio, y STC 25/2004, de 26 de febrero) confirman esa doctrina, de modo que seguridad pública y seguridad ciudadana se entienden como expresiones distintas.

Seguridad pública

La primera haría referencia a aquella actividad dirigida a la protección de personas y bienes (seguridad en sentido estricto) y al mantenimiento de la tranquilidad y orden ciudadano, finalidades inseparables y mutuamente condicionadas (STC 33/1982). Esa tranquilidad y orden se refieren al orden público, por lo que la seguridad pública englobaría a este.

Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana, por su parte, es aquel estado en el cual los ciudadanos gozan de una situación de tranquilidad y estabilidad tal que les permite ejercitar de forma libre y responsable los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente. De lo anterior se deduce que el orden público es presupuesto de la seguridad ciudadana. Para que se dé una afectación del orden público es preciso que se produzca, en todo caso, una real alteración del orden material que impida el normal desarrollo de la convivencia ciudadana.

El orden público en el Código Penal

En el Código Penal, el orden público es el bien jurídico del Título XXII del Libro II («Delitos contra el orden público»), cuyos capítulos se ocupan de los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de la resistencia y desobediencia (arts. 550 y siguientes), de los desórdenes públicos (arts. 557 y siguientes), de la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, y de las organizaciones y grupos criminales y terroristas. Dos reformas recientes han cambiado su contenido:

  • La Ley Orgánica 1/2015 suprimió las faltas, entre ellas las faltas contra el orden público; desde entonces, las conductas más leves se tratan como delitos leves o como infracciones administrativas de la Ley Orgánica 4/2015 (infracciones graves del art. 36 y leves del art. 37).
  • La Ley Orgánica 14/2022 suprimió el delito de sedición (antiguos arts. 544 a 549) y reformó los desórdenes públicos. El art. 557 castiga hoy, con prisión de seis meses a tres años, a quienes, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecutan actos de violencia o intimidación sobre personas o cosas, obstaculizan vías públicas poniendo en peligro la vida o la salud, o invaden instalaciones alterando gravemente servicios esenciales; la pena es de tres a cinco años cuando se cometen por una multitud idónea para afectar gravemente al orden público.

El derecho a la seguridad no es un valor autónomo

Conforme a la jurisprudencia anterior, no puede mantenerse que este «derecho a la seguridad» sea un valor autónomo. Una interpretación que siguiera ese camino sería contraria a la función de garantía de los derechos fundamentales.

Peligrosidad de entenderlo como autónomo

Elevar el concepto de seguridad a derecho autónomo conlleva, en el ámbito penal, el riesgo de desdibujar el principio de culpabilidad por el hecho. Perdería importancia la concreta acción cometida por el sujeto, y ganaría terreno la peligrosidad de su autor como fundamento de la represión punitiva, con las graves consecuencias que ello tiene para el Estado de Derecho.

Fuentes: Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana (BOE); Ley 5/2014, de Seguridad Privada (BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE). Sentencias del Tribunal Constitucional citadas: 33/1982, 59/1985, 341/1993, 325/1994, 148/2000, 25/2004 y 154/2005. Doctrina: «La reforma penal en nombre de la seguridad y el orden público», Trabajo Fin de Grado de Mª Alejandra Pastrana Sánchez; «La seguridad ciudadana y el orden público», de José Vida Fernández, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid; «Orden público y restricción de las libertades», de Jueces para la Democracia. Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.