El alzamiento de bienes específico en el artículo 257 del Código Penal
El art. 257 del Código Penal, dentro de los delitos de insolvencias punibles, recoge el alzamiento de bienes en sus distintas modalidades. Junto a la figura general del art. 257.1.1.º (alzarse con los bienes en perjuicio de los acreedores) existen dos modalidades específicas: la del art. 257.1.2.º, centrada en los actos que obstaculizan un embargo o un procedimiento ejecutivo, y la del art. 257.2, dirigida a eludir las responsabilidades civiles derivadas de un delito. Ambas se estudian a continuación, dentro del marco general de las insolvencias punibles.
Artículo 257.1.2.º del Código Penal
El art. 257.1 establece que serán castigados con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:
«1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación».
Estas conductas pretenden obstaculizar la satisfacción de los créditos pendientes mediante la intervención en un embargo o procedimiento ejecutivo o de apremio, iniciado o de previsible iniciación, con actos de disposición o generadores de obligaciones que, propiamente, no tienen por qué ser de alzamiento.
El tipo exige que se produzca un aumento de la dificultad en los procedimientos mencionados. Lo relevante es que los actos de disposición o las obligaciones contraídas, aun sin tener como efecto el incremento del pasivo patrimonial, obstaculicen el procedimiento, por ejemplo, al dificultar o dilatar dolosamente el embargo de los bienes.
Artículo 257.2 del Código Penal
El art. 257.2 dispone:
«Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder».
Es un alzamiento específico para eludir la responsabilidad civil derivada del delito: el precepto castiga al responsable de un hecho delictivo que, con posterioridad, provoca total o parcialmente su insolvencia con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas del ilícito penal, cuya comisión se haya constatado judicialmente. Según la explicación doctrinal que sigue este manual, se trata de un delito de resultado lesivo, pues ha de producirse la disminución del patrimonio y la provocación, total o parcial, del estado de insolvencia.
El sujeto activo puede ser cualquiera que sea responsable civil a causa del delito originario, incluidos los responsables solidarios y subsidiarios.
Otros aspectos de la regulación vigente
El art. 257 fue reformado por la Ley Orgánica 5/2010 y por la Ley Orgánica 1/2015, y su redacción vigente incluye, además de los apartados 1 y 2 ya comentados, otras tres previsiones:
- El art. 257.3 aclara que el delito se aplica cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción se intenta eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o una persona jurídica, pública o privada. Si la deuda es de Derecho público y la acreedora una persona jurídico-pública, o se trata de obligaciones pecuniarias derivadas de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena sube a prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.
- El art. 257.4 impone las penas en su mitad superior en los supuestos de los numerales 5.º o 6.º del art. 250.1 (estafa de valor superior a 50.000 euros o que afecte a un elevado número de personas, y estafa con abuso de las relaciones personales o de la credibilidad empresarial o profesional).
- El art. 257.5 establece que el delito será perseguido aunque tras su comisión se inicie un procedimiento concursal.
Las figuras vecinas están en los arts. 258 (presentación de una relación de bienes incompleta o mendaz en un procedimiento de ejecución, con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses) y 258 bis (uso de bienes embargados constituidos en depósito sin autorización).
Por su pena máxima de cuatro años de prisión, el delito del art. 257.1 y 257.2 prescribe a los cinco años; la modalidad agravada del art. 257.3, con pena máxima de seis años, lo hace a los diez (art. 131.1 del Código Penal).
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».
