La amnistía, el indulto y la rehabilitación son las formas de clemencia soberana por las que el Estado renuncia, total o parcialmente, a aplicar o a mantener los efectos de la condena. Quien comete un delito debe ser castigado con arreglo al Código Penal, pero por razones de política criminal la ley prevé mecanismos para los casos en que el Estado decide no proceder, total o parcialmente, a la aplicación de la pena: la amnistía y el indulto, que extinguen la responsabilidad criminal, y la cancelación de antecedentes penales, que la ley española llama hoy «cancelación» y la tradición jurídica «rehabilitación».
La amnistía y el indulto, causas de extinción de la responsabilidad criminal
El artículo 130.1 del Código Penal enumera las causas que extinguen la responsabilidad criminal: la muerte del reo, el cumplimiento de la condena, la remisión definitiva de la pena, la amnistía o el indulto, el perdón de la persona ofendida en los casos previstos, y la prescripción del delito y de la pena. La mención de la amnistía es reciente: hasta junio de 2024 el apartado 4.º de ese artículo solo hablaba del indulto, y fue la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, la que añadió la amnistía.
La amnistía
La amnistía es una medida eminentemente política que se concede por ley, con carácter general, a un grupo de personas por determinados hechos. Según la doctrina clásica, borra el delito y sus consecuencias, no solo la pena. La Constitución no la regula expresamente, aunque sí prohíbe los indultos generales (art. 62.i), y el precedente más conocido es la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
La amnistía vigente de mayor alcance es la de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que extingue la responsabilidad penal, administrativa y contable por hechos ligados a las consultas de 2014 y 2017 y deja que sean los jueces quienes decidan a quién se aplica y por qué delitos. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 137/2025, de 26 de junio, la consideró conforme con la Constitución en lo esencial, aunque declaró inconstitucionales algunos aspectos concretos. En julio de 2026 la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos C-523/24 y C-666/24) concluyó que el Derecho de la Unión no se opone a la ley, con la precisión de que el plazo máximo de dos meses para aplicarla no puede obligar a cerrar un procedimiento antes de que se resuelva una cuestión prejudicial ya planteada.
El indulto
El indulto es una medida de carácter personal que se concede a un penado cuando existen a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública. Se rige por la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por la Ley 1/1988, y por el artículo 62.i de la Constitución, que atribuye al Rey el ejercicio del derecho de gracia «con arreglo a la ley». Solo puede ser individual: los indultos generales están prohibidos.
Clases de indulto
El indulto puede ser total, si supone la remisión de todas las penas a las que el sujeto hubiera sido condenado, o parcial, cuando solo afecta a una parte de la condena o la sustituye por otra menos grave.
Expediente de indulto
El expediente lo tramita el Ministerio de Justicia y, si se concede, se otorga mediante real decreto que se publica en el Boletín Oficial del Estado. El tribunal sentenciador informa sobre la petición y es el órgano que debe ejecutar la sentencia mientras tanto. El propio Código Penal (art. 4, apartados 3 y 4) prevé que el juez o tribunal acuda al Gobierno para proponer la concesión del indulto cuando la pena sea notablemente excesiva, y que pueda suspender la ejecución de la pena si se pide el indulto y su cumplimiento vulneraría el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o haría ilusoria la finalidad del indulto.
La rehabilitación: cancelación de los antecedentes penales
La rehabilitación no extingue la responsabilidad criminal, porque se aplica a quien ya ha cumplido la condena: su fin es cancelar los antecedentes penales. El artículo 136 del Código Penal reconoce a los condenados que han extinguido su responsabilidad penal el derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes cuando haya transcurrido sin volver a delinquir el plazo que corresponda:
- Seis meses para las penas leves.
- Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
- Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
- Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
- Diez años para las penas graves.
Los plazos se cuentan desde el día siguiente a aquel en que quedó extinguida la pena. Las inscripciones en el Registro Central de Penados no son públicas, y si, cumplidos los requisitos, la cancelación no se ha producido, el juez o tribunal no tiene en cuenta esos antecedentes (art. 136.5). No conviene confundir los antecedentes penales con los antecedentes penales y policiales: los primeros derivan de una condena firme; los segundos, de actuaciones policiales.
El principio de legalidad, el favor rei y la retroactividad de las leyes penales favorables
El derecho penal español consagra el principio de legalidad: nadie puede ser castigado por un hecho que no esté previsto en una ley anterior a su comisión (art. 25.1 de la Constitución y art. 2.1 del Código Penal). De este principio se derivan otros de gran importancia: el principio favor rei (entre varias interpretaciones de una norma penal, se prefiere la más favorable al reo) y la retroactividad de las leyes penales favorables al reo, que el artículo 2.2 del Código Penal reconoce incluso si ya ha recaído sentencia firme y el condenado está cumpliendo condena. Es una excepción al principio general de irretroactividad de las leyes penales desfavorables.
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Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley de 18 de junio de 1870, de indulto (BOE); Ley Orgánica 1/2024, de amnistía (BOE); Constitución Española (BOE).
