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Delitos concursales: artículos 259, 260 y 261 del Código Penal

Bodegón sobrio con documentos legales, balanza antigua y cuaderno, simbolizando delitos concursales

Los delitos concursales son las conductas penales ligadas a una situación de insolvencia y al procedimiento concursal, y se regulan en los artículos 259, 259 bis, 260 y 261 del Código Penal. Su persecución depende de una condición objetiva de punibilidad: en la insolvencia punible del artículo 259, que el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado en concurso (art. 259.4); en el pago preferente del artículo 260.2, la admisión a trámite de la solicitud de concurso; y en el artículo 261, que los datos falsos se presenten en un procedimiento concursal.

Hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica 1/2015 modificó de raíz estos preceptos: lo que antes era el artículo 259 (pago preferente tras la solicitud de concurso) es hoy el artículo 260.2, y lo que antes era el artículo 260 (causar o agravar dolosamente la situación de insolvencia o crisis) está ahora integrado en el artículo 259, con un tipo agravado en el 259 bis. Las referencias a la Ley Concursal 22/2003 y a su artículo 164 deben entenderse hechas hoy al texto refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), artículos 442 a 444.

Insolvencia punible (arts. 259 y 259 bis del Código Penal)

El artículo 259 castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses a quien, encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de estas conductas: ocultar, dañar o destruir bienes que estén o habrían estado en la masa del concurso; realizar actos de disposición desproporcionados y sin justificación económica; vender o prestar servicios por debajo del coste; simular créditos o reconocer créditos ficticios; participar en negocios especulativos sin justificación; incumplir el deber de llevar contabilidad, llevar doble contabilidad o cometer irregularidades contables relevantes, o destruir o alterar los libros; ocultar, destruir o alterar la documentación que el empresario debe conservar; formular las cuentas anuales o los libros de forma contraria a la normativa contable o incumplir el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo; o cualquier otra conducta que suponga una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio o la ocultación de la situación económica real. Se castiga con la misma pena a quien, mediante esas conductas, cause su situación de insolvencia. La comisión por imprudencia se castiga con prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses (art. 259.3).

El artículo 259 bis eleva la pena a prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o una grave situación económica, cuando se cause a algún acreedor un perjuicio superior a 600.000 euros o cuando al menos la mitad de los créditos concursales pertenezca a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social.

Para el análisis completo de estos tipos, y su distinción de otras figuras próximas, véase la entrada sobre la insolvencia punible. El tipo se distingue del alzamiento de bienes (art. 257), que se persigue aunque tras su comisión se inicie un procedimiento concursal.

Reglas procesales del artículo 259

  • El delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o por quien actúe en su nombre, pueden perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de su continuación. El importe de la responsabilidad civil derivada del delito se incorpora, en su caso, a la masa (art. 259.5).
  • La calificación de la insolvencia en el proceso concursal no vincula en ningún caso a la jurisdicción penal (art. 259.6). El concurso culpable se regula en los artículos 442 a 444 del texto refundido de la Ley Concursal, con criterios propios (dolo o culpa grave, supuestos especiales y presunciones).

Tipo subjetivo

El tipo se comete con dolo, admitiéndose, según la doctrina, incluso el dolo eventual, y la modalidad imprudente está expresamente prevista. Además de comprobar que la situación de insolvencia ha sido ocasionada o agravada por la actividad del autor, es preciso que este haya creado, mediante alguna de las conductas descritas en el tipo u otras análogas, un riesgo jurídicamente desaprobado y que el resultado sea expresión del peligro que comporta la acción.

Pago preferente de acreedores (art. 260 del Código Penal)

El artículo 260.1 castiga, con prisión de seis meses a tres años o multa de ocho a veinticuatro meses, al deudor que, en situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando la operación carezca de justificación económica o empresarial.

El artículo 260.2 castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses al deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado ni judicialmente ni por los administradores concursales y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto. La conducta típica se estructura en torno a dos elementos: la admisión previa de la solicitud de concurso y el acto dispositivo no autorizado por la ley ni por decisión judicial o de la administración concursal.

Presentación de datos falsos relativos al estado contable (art. 261 del Código Penal)

Se castiga con prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses a quien, en procedimiento concursal, presente a sabiendas datos falsos relativos al estado contable con el fin de lograr indebidamente la declaración de concurso. No se sanciona, por tanto, la creación de una falsa contabilidad, sino su presentación en el procedimiento concursal, con independencia de quién fuera el autor de la falsificación, para dar una falsa apariencia de insolvencia. Hay una entrada específica sobre el artículo 261 del Código Penal.

El texto refundido de la Ley Concursal califica el concurso como culpable en todo caso cuando haya inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud o se hayan presentado documentos falsos (art. 443.4.º). La modalidad penal coincide con ese supuesto, pues el delito consiste en presentar los datos falsos en el procedimiento concursal, que se inicia con la solicitud, y el propio artículo 261 exige la finalidad de «lograr indebidamente» la declaración del concurso.

Sujeto activo puede serlo cualquiera, tanto el deudor como otras personas, pues cabe que los documentos falsos sean aportados a lo largo del proceso por terceros (como los balances presentados por interventores, que no son deudores pero pueden ser autores, con independencia de que las reglas del concurso de leyes determinen la aplicación preferente de otros preceptos).

Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 261 bis del Código Penal)

Cuando, de acuerdo con el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos de este capítulo, se le impone multa de dos a cinco años si la pena de la persona física es de prisión de más de cinco años; de uno a tres años si es de más de dos años no incluida en el supuesto anterior; y de seis meses a dos años en el resto de los casos. Atendidas las reglas del artículo 66 bis, los jueces pueden imponer además las penas de las letras b) a g) del artículo 33.7. Este artículo se incluyó en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, pues estas conductas se cometen en el ámbito empresarial, fundamentalmente a través de sociedades mercantiles, generalmente de responsabilidad limitada o anónima.

No confundir con los artículos 259 y 260 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Quien busca «art. 259 LECrim» o «art. 260 LECrim» no se refiere a los delitos concursales. El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a quien presencie la perpetración de cualquier delito público la obligación de ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o del funcionario fiscal más próximo, bajo multa que el texto sigue fijando en pesetas. El artículo 260 exime de esa obligación a los impúberes y a quienes no gozan del pleno uso de su razón; el artículo 262 la impone, además, a quienes por razón de su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de un delito público.

Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 257, 259 a 261 bis); texto refundido de la Ley Concursal (BOE); Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE) (arts. 259, 260 y 262); apuntes de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa» (profesor Ríos Corbacho), Universidad de Cádiz.