Delitos societarios: elementos comunes
Los delitos societarios fueron incorporados al Código Penal en 1995, lo que supuso una notable novedad en la legislación penal española y la positivación de una clara evolución jurídica. Se regulan en el Capítulo XIII del Título XIII del Libro II (arts. 290 a 297), y son los cometidos dentro de una sociedad o contra ella, lo que justifica su tratamiento común.
Se caracterizan por su naturaleza compleja. Pueden afectar tanto a patrimonios y situaciones individuales como a intereses más generales, conectados con el funcionamiento del orden socioeconómico y con un principio general de administración fiel y leal de las entidades mercantiles.
Concepto de sociedad
A estos efectos, el art. 297 entiende por sociedad toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que, para el cumplimiento de sus fines, participe de modo permanente en el mercado.
Los delitos del capítulo
- Falseamiento de cuentas anuales y otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad, por los administradores de hecho o de derecho, de forma idónea para causar un perjuicio (art. 290).
- Imposición de acuerdos abusivos por la mayoría (art. 291) y acuerdos lesivos adoptados por una mayoría ficticia (art. 292).
- Negación o impedimento a un socio de los derechos de información, participación en la gestión o control, o suscripción preferente (art. 293).
- Obstrucción a la actuación de los órganos supervisores en sociedades que actúan en mercados sujetos a supervisión administrativa (art. 294).
El antiguo art. 295, que castigaba la administración desleal de la sociedad, fue suprimido por la Ley Orgánica 1/2015, que pasó esa conducta a un precepto general sobre la administración desleal del patrimonio ajeno (art. 252). Quien actúa como administrador de hecho o de derecho es el sujeto activo de estos delitos.
Condición objetiva de perseguibilidad
Los delitos societarios, en virtud del art. 296 del Código Penal, están sometidos a una condición de perseguibilidad. Por regla general, solo pueden perseguirse mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Si la persona agraviada es menor de edad, una persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también puede denunciar el Ministerio Fiscal (la redacción anterior a la Ley Orgánica 1/2015 hablaba de «incapaz»). Esta exigencia sitúa a la mayoría de estos hechos entre los delitos públicos que dependen de la denuncia del ofendido, los llamados semipúblicos.
El apartado 2 del art. 296 excluye la necesidad de denuncia cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. En consonancia con este precepto, el tipo del art. 294, la oposición al control administrativo, en la medida en que su comisión siempre comporta una afectación a los intereses generales, es el único delito societario perseguible de oficio en todo caso.
Aunque esta exigencia se denomina tradicionalmente condición objetiva de perseguibilidad, no debe confundirse con la condición objetiva de punibilidad: la primera es un requisito de procedibilidad que condiciona el inicio del proceso, no el castigo del hecho.
Persona jurídica
El art. 288, que fija las penas de las personas jurídicas responsables con arreglo al art. 31 bis en los delitos relativos al mercado y a los consumidores, no incluye los delitos societarios de los arts. 290 a 294. Para el art. 294, el apartado segundo permite a la autoridad judicial decretar, además de las penas, algunas de las medidas del art. 129 (consecuencias accesorias aplicables a las empresas).
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».
