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Clasificación de delitos socioeconómicos propuesta en el Código penal de 1995 de los delitos económicos

Bodegón sobrio con balanza, documentos y pluma que evoca la clasificación de delitos económicos

La clasificación de los delitos socioeconómicos del Código Penal de 1995 se hace según el bien jurídico tutelado. Es imposible fijar con claridad el contorno de la categoría de delitos económicos en sentido amplio, cosa que no ocurre con los delitos económicos en sentido estricto.

Delitos socioeconómicos en sentido estricto

Su interés jurídico, protegido de forma inmediata o mediata, es un bien de naturaleza supraindividual y general que afecta a la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía. Tienen una problemática jurídica (político-criminal y dogmática, sustantiva y procesal) que dota al conjunto de gran homogeneidad.

Son los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (Título XIV, arts. 305 a 310 bis), los delitos de contrabando (que quedaron fuera del Código, en la Ley Orgánica 12/1995) y los antiguos delitos monetarios, también remitidos a la legislación especial.

A lo largo del articulado hay otros delitos que podrían incluirse en esta categoría: el blanqueo de capitales (arts. 301 a 304), los delitos contra la libertad de competencia o libre mercado, la obstaculización de la actividad inspectora o supervisora de la Administración (art. 294), etc.

Delitos socioeconómicos en sentido amplio

En este grupo se incluyen figuras delictivas de contenido económico cuyo bien protegido es supraindividual, aunque no concurran los demás criterios anteriores:

  • La sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural (art. 289, capítulo XII del Título XIII).
  • Los delitos contra los consumidores.
  • Los delitos contra la libre competencia o libre mercado.

Se engloban además, con la presencia de los demás criterios:

  1. Delitos contra los derechos de los trabajadores: el bien jurídico puede reconducirse al interés del trabajador, considerado como parte de un contrato de trabajo que le atribuye derechos propios; se protege el contenido mínimo de la relación laboral. Están en el Título XV (arts. 311 a 318).
  2. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial y a la competencia desleal: el bien jurídico tutelado es individual, pero es indudable su repercusión mediata en el orden socioeconómico, lo que aconseja una regulación conjunta con los delitos relativos al libre mercado y a los consumidores (Título XIII, capítulo XI).
  3. Delitos societarios (Título XIII, capítulo XIII, arts. 290 a 297).
  4. Las insolvencias punibles, que tienen a su favor los criterios criminológicos empresarial y laboral aunque su bien jurídico sea de naturaleza patrimonial, y la alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262), a la que el Código dedica un capítulo propio junto a los delitos patrimoniales clásicos aunque su bien jurídico sea individual y patrimonial.

Desde la LO 1/2015, las insolvencias punibles forman el capítulo VII bis del Título XIII (arts. 259 a 261 bis), separado del capítulo VII, dedicado a la frustración de la ejecución (arts. 257 a 258 ter).

Fuente:
Apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE).