Delitos de fraude de subvenciones, contables y contra la Seguridad Social
Este artículo analiza tres figuras que el Código Penal sitúa en el Título XIV, junto al artículo 305 del Código Penal sobre el delito fiscal: el fraude de subvenciones (art. 308), el denominado «delito contable» (art. 310) y los delitos contra la Seguridad Social (arts. 307, 307 bis y 307 ter). Todos ellos forman parte de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y fueron reformados de forma sustancial por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
Fraude de subvenciones (art. 308)
Bien jurídico y conductas
El bien jurídico protegido en el art. 308 es la Hacienda Pública en su vertiente de gasto público: la asignación equitativa de los recursos públicos a través de subvenciones o ayudas a particulares para fomentar determinadas actividades económicas. La acción típica puede realizarse de dos formas:
- Obtener subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido (art. 308.1).
- Aplicar los fondos recibidos, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos públicos, a fines distintos de aquellos para los que se concedió la subvención o ayuda (art. 308.2).
Cuantía y penas
El hecho solo constituye el delito básico si la cantidad obtenida o aplicada indebidamente supera los 100.000 euros (condición objetiva de punibilidad); la cifra de 120.000 euros que se menciona a veces corresponde al delito fiscal del art. 305, no al fraude de subvenciones. Las penas son prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del importe, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres a seis años (art. 308.3).
Si la cuantía no supera los 100.000 euros pero excede de 10.000, se impone prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo, con pérdida de las ayudas y beneficios durante seis meses a dos años (art. 308.4). Para fijar la cuantía se suma todo lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de que proceda de una o de varias Administraciones (art. 308.5).
Reintegro y atenuación
La regularización del fraude de subvenciones, de efectos similares a la que el art. 305 prevé para el delito fiscal, no se regula en el apartado 4 del art. 308 (que contiene el tipo atenuado por razón de la cuantía), sino en el sistema de reintegro de los apartados 6 y 8:
- El reintegro de lo percibido o aplicado indebidamente, con el interés de demora, antes de que se notifique el inicio de actuaciones de comprobación o control o, en su defecto, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o la Administración interpongan querella o denuncia, evita la pena de los apartados 1, 2 y 4 y también impide perseguir las falsedades instrumentales cometidas en relación con esa deuda (art. 308.6).
- Si el reintegro se hace después, pero antes de que transcurran dos meses desde la citación como investigado, y se reconocen judicialmente los hechos, los jueces pueden imponer la pena inferior en uno o dos grados (art. 308.8).
- La suspensión de la ejecución de la pena de prisión exige, además de los requisitos generales, que el penado haya abonado la deuda o asumido el compromiso de reintegro (art. 308 bis, introducido en 2015).
El denominado «delito contable» (art. 310)
El art. 310 del Código Penal castiga con prisión de cinco a siete meses al que, estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, realice alguna de las siguientes conductas:
- Incumplir absolutamente esa obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.
- Llevar contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa (la llamada «doble contabilidad»).
- No anotar en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o anotarlos con cifras distintas a las verdaderas.
- Practicar en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.
En los dos últimos supuestos (letras c y d), la condición de delito requiere que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas reflejen la falsa contabilidad, y que la cuantía, en más o en menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.
La doctrina dominante entiende que se protege el mismo bien jurídico que en el art. 305, es decir, el patrimonio de la Hacienda Pública, concretado en la recaudación tributaria. Pero, a diferencia del delito fiscal, el art. 310 no configura un tipo de lesión, sino de peligro para ese bien jurídico. Cuando de acuerdo con el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable, el art. 310 bis le impone multa de seis meses a un año. Conviene no confundir este delito con la presentación de datos contables falsos en un procedimiento concursal del artículo 261 del Código Penal, que protege otro interés.
Delitos contra la Seguridad Social
Defraudación de cuotas (art. 307)
El objetivo principal del legislador ha sido tipificar la defraudación de cuotas por los empresarios. El delito del art. 307 guarda un gran parentesco con el del art. 305, hasta el punto de que casi toda su redacción repite la del delito fiscal con las adaptaciones necesarias para la Seguridad Social:
- Se exige como presupuesto una relación jurídica de Seguridad Social que entraña una obligación de cotización legal, de la que surgen los sujetos activo y pasivo del delito.
- El bien jurídico, en sentido técnico, es el patrimonio de la Seguridad Social, concretado en la recaudación de las cotizaciones.
- La conducta consiste en eludir el pago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, obtener indebidamente devoluciones o disfrutar indebidamente de deducciones, siempre que la cuantía exceda de 50.000 euros. La pena es prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía, más la pérdida de subvenciones y beneficios durante tres a seis años.
Para determinar la cuantía, el art. 307.2 establece hoy que se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales (la regla de que se atendía a cada liquidación, con referencia al año natural cuando el período fuera inferior a doce meses, corresponde a una redacción anterior). Como en el delito fiscal, el art. 307.3 prevé la exención de responsabilidad penal del que regulariza su situación ante la Seguridad Social, reconociendo y pagando la deuda antes de que se le notifique el inicio de actuaciones inspectoras o, si no las hay, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia.
Tipos agravados y fraude de prestaciones (arts. 307 bis y 307 ter)
El art. 307 bis eleva la pena a prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo cuando la cuota defraudada exceda de 120.000 euros, la defraudación se cometa en el seno de una organización o grupo criminal, o se utilicen personas o entes interpuestos, negocios fiduciarios o paraísos fiscales que oculten o dificulten la identificación del obligado o la cuantía defraudada. El art. 307 ter castiga, con prisión de seis meses a tres años, a quien obtiene o prolonga indebidamente prestaciones del sistema de la Seguridad Social mediante error provocado por simulación o tergiversación de hechos u ocultación de hechos que tenía el deber de informar, causando un perjuicio a la Administración. El art. 309, que contenía una figura anterior, está derogado.
Prescripción
Con una pena máxima de cinco años de prisión, los delitos de los arts. 307 y 308 prescriben a los cinco años; los tipos agravados del art. 307 bis, con pena máxima de seis años, a los diez (art. 131.1 del Código Penal).
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 7/2012 (BOE). Versión original de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, a partir de las nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa».
Dentro de los delitos socioeconómicos, mira también las falsedades societarias y la protección penal de los consumidores.
