Los artículos 450 y siguientes del Código Penal regulan el delito de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución (Capítulo II del Título XX, de los delitos contra la Administración de Justicia). Quien tiene conocimiento de que se va a cometer, o se está cometiendo, un delito contra la vida, la integridad, la salud o la libertad de las personas y puede evitarlo sin riesgo, o avisar a la autoridad para que lo evite, tiene la obligación de hacerlo; si no actúa, comete este delito.
Artículo 450 del Código Penal
Omisión de impedir el delito (art. 450.1)
El artículo 450.1 castiga a «el que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual». Para que exista el delito se requieren estas circunstancias:
- Que el sujeto sepa que se está cometiendo o se va a cometer un delito.
- Que pueda impedirlo con su intervención inmediata.
- Que lo pueda hacer sin riesgo propio ni ajeno.
- Que el delito sea de los que afectan a la vida, la integridad o salud, la libertad o la libertad sexual. Los delitos contra el patrimonio u otros bienes jurídicos quedan fuera.
Omisión de acudir a la autoridad (art. 450.2)
El apartado 2 impone las mismas penas a quien, pudiendo hacerlo, «no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito» de los anteriores «y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia». El legislador equipara la conducta de impedir el delito por uno mismo y la de acudir a las autoridades para que lo impidan.
Penas
- Prisión de seis meses a dos años si el delito no impedido era contra la vida.
- Multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos.
- Si al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, se impone la pena inferior en grado a la de aquel.
Diferencias con otras omisiones
- Omisión del deber de socorro (art. 195): se castiga no socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave. Se aplica cuando el peligro no procede de un delito en curso. Sobre este delito puede ampliarse en la entrada sobre el delito de omisión de socorro.
- Omisión del deber de perseguir delitos (art. 408): se aplica a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deja intencionadamente de promover la persecución de los delitos o de sus responsables. Es lo que se conoce como omisión del deber de perseguir delitos.
- Comisión por omisión (art. 11): quien tiene posición de garante responde como si hubiera causado el resultado; el artículo 450 se aplica a cualquier persona, con independencia de que sea o no garante.
El deber de denunciar
Fuera del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone un deber general de denunciar los delitos públicos: quien presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez o del fiscal (art. 259), y quienes por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público deben denunciarlo (art. 262). El incumplimiento de esos preceptos se sanciona con una multa disciplinaria de cuantía simbólica (se sigue expresando en pesetas), y no constituye por sí solo un delito. No están obligados a denunciar, entre otros, el cónyuge o pareja del delincuente y sus parientes cercanos (art. 261), con excepciones en los delitos más graves contra menores y personas con discapacidad, ni, en cuanto a lo que les cuenten sus clientes, los abogados y procuradores (art. 263).
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE) (arts. 259 a 264).
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Artículo redactado por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.
