Los artículos 407 y 408 del Código Penal regulan, en el Capítulo II del Título XIX, dos delitos de los funcionarios públicos relacionados con la persecución de los delitos: el abandono de destino (art. 407), que comete la autoridad o funcionario que abandona su puesto para no impedir ni perseguir delitos o para no ejecutar penas, y la omisión del deber de perseguir delitos (art. 408), que comete quien deja intencionadamente de promover su persecución. El único sujeto activo posible es una autoridad o funcionario público (art. 24 del Código Penal), por lo que son delitos especiales.
Delito de abandono de destino: artículo 407
Conducta y penas
El artículo 407.1 castiga «a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV» con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público de seis a diez años. Esos títulos son, respectivamente, los delitos contra la Constitución, contra el orden público, de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, y contra la Comunidad Internacional.
Si el abandono se hace para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se impone la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.
Abandono para no ejecutar penas
El apartado 2 dispone que «las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente». Aquí ya existe una condena y lo que se pretende es que no se cumpla.
Sujetos y elementos
El sujeto activo es la autoridad o el funcionario al que corresponde impedir o perseguir esos delitos. Si no está obligado a hacerlo, no existe el delito. El sujeto pasivo es el Estado, encargado de perseguir a los delincuentes. La acción típica es abandonar el destino, y el delito exige un elemento subjetivo especial: debe hacerse con el propósito de no impedir o perseguir los delitos o de no ejecutar las penas. Por eso es un delito necesariamente doloso.
Omisión del deber de perseguir delitos: artículo 408
El artículo 408 castiga a «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables», con inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.
Delito doloso de omisión
Es un delito de omisión propia, doloso, que solo puede cometer una autoridad o funcionario. La omisión consiste en no promover la persecución de los delitos o de sus responsables cuando sí se debía hacer, es decir, cuando la obligación del cargo exige actuar. Esa obligación procede de las leyes procesales: por ejemplo, el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a quienes por razón de su cargo tengan noticia de un delito público a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción o, en su defecto, al funcionario de policía más próximo si se trata de un delito flagrante.
Delitos leves e infracciones administrativas
Hasta la LO 1/2015 el precepto no alcanzaba a las faltas. Esa reforma suprimió las faltas y convirtió las que subsistieron en delitos leves (art. 13.3 del Código Penal). La letra del artículo 408 se refiere a «delitos», por lo que, en todo caso, no cubre las infracciones administrativas ni las disciplinarias.
Otros delitos contra la Administración pública
- Delitos de prevaricación y nombramiento ilegal
- Delito de abandono de un servicio público
- Delito de desobediencia y denegación de auxilio
- Delito de acceso a documentos secretos y de destrucción o inutilización de sus medios de acceso
- Delito de revelación de secretos o informaciones por autoridad o funcionario público
- Delito de cohecho
- Delito de tráfico de influencias
- Delito de malversación de caudales públicos
- Variantes del delito de malversación de caudales públicos
Artículo redactado originalmente por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE).
