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Delito de desobediencia y denegación de auxilio

Bodegón sobrio con objetos legales que evocan la desobediencia y denegación de auxilio

Los artículos 410 a 412 del Código Penal regulan los delitos de desobediencia y denegación de auxilio cometidos por autoridades y funcionarios públicos, dentro del Capítulo III del Título XIX («De la desobediencia y denegación de auxilio»). En ambos casos el único sujeto activo posible es la autoridad o el funcionario público (art. 24 del Código Penal), por lo que son delitos especiales. No deben confundirse con la desobediencia grave de los particulares a la autoridad, que se castiga en el artículo 556 del mismo Código, dentro de los delitos contra el orden público.

Delito de desobediencia: artículo 410

El artículo 410.1 castiga a las autoridades o funcionarios públicos «que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales».

Pena

La pena es de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Elementos del delito

  • Negativa abierta. Hay que oponerse de forma directa y clara al cumplimiento. El incumplimiento por error, olvido o negligencia no es este delito, aunque pueda constituir una infracción disciplinaria o administrativa. El Tribunal Supremo ha admitido también que la negativa no sea expresa cuando se manifiesta en una pasividad reiterada o en trabas sucesivas que revelan una voluntad rebelde.
  • Resolución u orden que debe cumplirse. Se incluyen las resoluciones judiciales (providencias, autos y sentencias) y las decisiones u órdenes de la autoridad superior.
  • Competencia y formalidades. La resolución o la orden debe proceder de quien tiene competencia para dictarla y estar revestida de las formalidades legales. Si carece de ellas, el funcionario no está obligado a cumplirla.
  • Dolo. El delito solo se comete de forma dolosa.

Causa de exclusión de la responsabilidad

El apartado 2 dispone que no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios «por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general». El deber de obediencia del funcionario tiene, por tanto, el límite de la ilegalidad patente de lo que se le ordena.

Jurisprudencia reciente

El Tribunal Constitucional examinó el alcance de este delito en la STC 25/2022, de 23 de febrero, que resolvió el recurso de amparo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Joaquim Torra contra su condena por desobediencia a la Junta Electoral Central (multa e inhabilitación especial para cargos públicos electivos de un año y seis meses). En ese proceso se discutieron los elementos típicos que acaban de exponerse: que la orden proceda de quien tiene competencia, que sea de obligado cumplimiento y que la desobediencia tenga la gravedad exigida para constituir delito.

Desobediencia tras suspender la ejecución de una orden: artículo 411

El artículo 411 castiga a la autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido la ejecución de las órdenes de sus superiores por un motivo distinto de la ilegalidad manifiesta del artículo 410.2, las desobedeciere después de que aquellos hubieran desaprobado la suspensión. La pena es de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Delito de denegación de auxilio: artículo 412

Auxilio requerido por una autoridad competente

El artículo 412.1 castiga al funcionario público que, «requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público», con multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años. Se trata de una negativa a un requerimiento de autoridad competente.

Cuando el requerido es autoridad, jefe de una fuerza pública o agente de la autoridad

Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, el apartado 2 eleva las penas a multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de dos a tres años.

Auxilio requerido por un particular

El apartado 3 regula la negativa de auxilio cuando el que lo pide es un particular, con penas graduadas según el delito que se trataba de evitar:

  • Si se pedía para evitar un delito contra la vida de las personas: multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años.
  • Si se trataba de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas: multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.
  • Si el requerimiento era para evitar cualquier otro delito u otro mal: multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años.

Estos preceptos no han sido reformados desde su redacción original de 1995. Lo que sí ha cambiado en torno a ellos es el artículo 24, que define quién es autoridad a efectos penales, y que desde la LO 9/2021 incluye también a los fiscales de la Fiscalía Europea.

Otros delitos contra la Administración pública

Artículo redactado originalmente por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); STC 25/2022, de 23 de febrero (BOE).