La malversación de caudales públicos es un delito contra la Administración Pública que comete la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropia del patrimonio público que tiene a su cargo, o consiente que un tercero se apropie de él. El Código Penal lo regula en el artículo 432. La redacción actual procede de la reforma de la Ley Orgánica 14/2022, que entró en vigor el 12 de enero de 2023 y sustituyó a la anterior. En su versión original de 1995 el delito hablaba de «sustraer caudales o efectos públicos», y tras la Ley Orgánica 1/2015 se definía por remisión a los delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Artículo 432.1: la apropiación del patrimonio público
Según el artículo 432.1, «la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas» es castigado con prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.
¿En qué consiste la malversación en este delito?
Consiste en que el funcionario o la autoridad se apropia, para sí o para otro, de bienes públicos a los que solo puede acceder por razón de su cargo. La otra conducta posible es la de consentir que un tercero se apropie de ellos. Se exige ánimo de lucro, y que el patrimonio esté «a su cargo», es decir, que el sujeto tenga una relación funcional con esos bienes. Quienes no son funcionarios pero manejan fondos públicos pueden responder también como autores (art. 435).
¿Qué es el patrimonio público?
Desde 2023, el artículo 433 ter define el patrimonio público como «todo el conjunto de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las Administraciones públicas». Incluye el dinero, los bienes muebles e inmuebles, los títulos y los derechos de contenido económico. Lo que se protege es el patrimonio de la función pública.
Subtipo agravado: artículo 432.2
Se impone prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de diez a veinte años si concurre alguna de estas circunstancias:
- Que se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público.
- Que el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado exceda de 50.000 euros.
- Que las cosas malversadas sean de valor artístico, histórico, cultural o científico, o se trate de efectos destinados a aliviar una calamidad pública.
Si el perjuicio o el valor del patrimonio apropiado excede de 250.000 euros, la pena de prisión se impone en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado.
Subtipo atenuado: perjuicio inferior a 4.000 euros
Cuando el perjuicio causado o el valor del patrimonio público sea inferior a 4.000 euros, el artículo 432.3 prevé prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses y, en todo caso, inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo de uno a cinco años. La regulación anterior preveía para ese supuesto multa de dos a cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público.
Reparación del perjuicio y colaboración
El artículo 434 atenúa la pena en uno o dos grados cuando el culpable repara de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, o colabora activa y eficazmente para identificar o capturar a otros responsables o esclarecer los hechos.
Diferencias con otros delitos
- Apropiación indebida: la malversación equivale a una apropiación del patrimonio público por quien lo tiene a su cargo por su condición de funcionario; la apropiación indebida (art. 253) es la apropiación de bienes ajenos recibidos en depósito, comisión o administración por cualquier persona.
- Otras variantes de la malversación: el uso privado sin ánimo de apropiación (art. 432 bis), la aplicación pública diferente (art. 433) y el falseamiento de la contabilidad pública (art. 433 bis) se describen en la entrada sobre las variantes de la malversación.
En relación con la reforma de 2022, el Tribunal Supremo ha afirmado, en un auto de 14 de diciembre de 2023 sobre el caso de los ERE, que existe continuidad con el modelo anterior y que la apropiación o distracción de fondos públicos en beneficio privado se diferencia de la simple desviación presupuestaria (nota de prensa del Poder Judicial).
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 14/2022 (BOE); Tribunal Supremo, auto de 14/12/2023 (ECLI:ES:TS:2023:5308, CGPJ).
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Artículo redactado por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.
