El delito de malversación básico (art. 432) castiga la apropiación del patrimonio público por una autoridad o funcionario. El Capítulo VII del Título XIX del Código Penal contiene otras variantes de la malversación, que no exigen apropiarse de los bienes: darles un uso privado, destinarlos a una finalidad pública distinta de la prevista o falsear la contabilidad pública. Esta entrada describe esas variantes tal como están regulados desde la reforma de la Ley Orgánica 14/2022, que entró en vigor el 12 de enero de 2023.
Qué cambió con la reforma de 2022
La malversación ha sido reformada varias veces. La redacción original de 1995 hablaba de «caudales o efectos públicos» y distinguía entre sustracción (art. 432), destino a usos ajenos a la función pública (art. 433) y aplicación privada de bienes (art. 434). La Ley Orgánica 1/2015 reordenó el capítulo, y la Ley Orgánica 14/2022 lo reformó de nuevo: sustituyó los artículos 432, 433 y 434, creó el 432 bis y el 433 ter, y volvió a distinguir según el destino que se dé a los fondos: apropiación (art. 432), uso privado sin apropiación (art. 432 bis) y aplicación pública diferente (art. 433). Los hechos anteriores al 12 de enero de 2023 se juzgan con la ley vigente en su momento, salvo que la nueva sea más favorable para el reo (art. 2.2 del Código Penal).
Artículo 432 bis: uso privado del patrimonio público sin ánimo de apropiación
El artículo 432 bis castiga a la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de ellas. La pena es de prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. Si el culpable no reintegra los elementos del patrimonio público distraídos dentro de los diez días siguientes a la incoación del proceso, se le imponen las penas de la apropiación del artículo 432.
Es la conducta del funcionario que, por ejemplo, utiliza un vehículo oficial o fondos públicos para fines particulares con ánimo de devolverlos. Antes de 2015 se regulaba, para los bienes muebles e inmuebles, en un artículo 434 distinto, que ya no existe con ese contenido.
Artículo 433: aplicación pública diferente
El artículo 433 castiga a la autoridad o funcionario público que, «sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado». Es la malversación por desviación: los fondos no se destinan a un uso privado, sino a una finalidad pública distinta de la presupuestada. Las penas son:
- Si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado: prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.
- Si no resultare ese daño: inhabilitación para empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses.
En un auto de 14 de diciembre de 2023, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de dos condenados por el caso de los ERE que pedían que se les aplicara el nuevo artículo 433 como más favorable. La Sala distinguió entre la apropiación o distracción de fondos públicos en beneficio privado, directo o indirecto, y las conductas de mera desviación presupuestaria, que son las que recoge el artículo 433 (nota de prensa del Poder Judicial).
Artículo 433 bis: falseamiento de la contabilidad pública
Introducido por la Ley Orgánica 7/2012, el artículo 433 bis castiga a la autoridad o funcionario que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, los documentos que reflejen su situación económica o la información que contienen. Se castiga igualmente al que facilite a terceros información mendaz sobre esa situación. La pena es de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses. Si llega a producirse el perjuicio económico, la pena es de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.
Artículo 433 ter: concepto de patrimonio público
Para el Código Penal, patrimonio público es «todo el conjunto de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las Administraciones públicas». Esta expresión sustituye hoy a la de «caudales o efectos públicos» de la redacción original.
Artículo 434: reparación del daño y colaboración
El artículo 434 prevé una atenuación común a todos los delitos del capítulo: si el culpable hubiera reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, o hubiera colaborado activa y eficazmente con las autoridades para obtener pruebas decisivas para identificar o capturar a otros responsables o para esclarecer los hechos, los jueces y tribunales impondrán la pena inferior en uno o dos grados.
Artículo 435: malversaciones impropias
El artículo 435 extiende las disposiciones del capítulo a personas que no son autoridades ni funcionarios, de modo que también responden como autores:
- Los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas.
- Los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos.
- Los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
- Los administradores concursales, con relación a la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores.
- Las personas jurídicas responsables de estos delitos conforme al artículo 31 bis, con multas que, según la pena del delito cometido por la persona física, llegan de dos a cinco años o del triple al quíntuple del perjuicio.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 14/2022 (BOE); Tribunal Supremo, auto de 14/12/2023 sobre los ERE (ECLI:ES:TS:2023:5308, CGPJ).
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Artículo redactado por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.
